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Agenda-setting judicial

Hay que reclamarle a la Justicia, y a los medios que no difunden información en el momento que se produce, que sus investigaciones no sean autopsias.

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2010 y 2011: notas de tapa del diario PERFIL revelando el pacto con Irán que recién cuatro años después se animó a denunciar Nisman y ahora a impulsar Pollicita.
2010 y 2011: notas de tapa del diario PERFIL revelando el pacto con Irán que recién cuatro años después se animó a denunciar Nisman y ahora a impulsar Pollicita. Foto:CEDOC PERFIL

Sigue de ayer: “Justicia heroica

Este jueves 14, a 25 años del Mani Pulite, el fiscal Antonio Di Pietro debatirá con el juez del Lava Jato, Sergio Moro, durante la clausura del Segundo Congreso Iberoamericano de la Seguridad Jurídica y la Democracia. Y el jueves 7 el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner por las consecuencias del pacto con Irán, retomando la denuncia del fiscal Alberto Nisman pocos días antes de su muerte, a comienzos de 2015.

Gran contraste: Di Pietro y Moro ordenaron la prisión de funcionarios de máximo nivel del partido que estaba en el poder, mientras que en Argentina Nisman esperó cuatro años para darle crédito a la denuncia que, a comienzos de 2011, publicó Pepe Eliaschev (buen motivo para recordarlo en este aniversario de PERFIL) y lo hizo recién cuando supo que iba a ser desplazado; si no, hubiera seguido esperando el cambio de gobierno. Otros de los pedidos de indagatoria de Pollicita fueron para Luis D’Elía y Fernando Esteche, cuyo viaje a Irán también fue denunciado en 2010 por PERFIL. ¿Había que esperar tanto?

Muchos magistrados argentinos guardan las causas todo el tiempo que pueden para mantener de rehenes a los políticos que podrían juzgar, comprándose así un seguro y teniendo una moneda de cambio para negociar con el gobierno siguiente sobre cuándo y cómo instalar cada caso del gobierno anterior en la agenda pública.

La corrupción de la función señalador de las noticias en los medios se trasladó a Comodoro Py

Lo mismo sucede con muchos medios de comunicación que guardan temas, ninguneándolos hasta que les resulte conveniente darles un lugar relevante en la agenda pública. En la columna de ayer se mencionó el caso de la bolsa con dinero en la oficina de la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, en 2007, minimizado en su momento tanto por los medios como por la Justicia. El Mani Pulite comenzó por un sobre con el 10% del dinero que había en la oficina de Miceli. En Italia, se trataba del despacho del candidato a alcalde de Milán.

El poder de la agenda es una cuestión largamente estudiada por los especialistas en medios. Ya en 1972, el profesor de la Universidad de Texas Maxwell McCombs realizó un estudio sobre cómo la atención y la percepción del público se veían influidas por lo que los medios decidieron priorizar durante las elecciones en que fue electo el presidente Richard Nixon. Con los años, la agenda-setting theory acumuló nueve volúmenes de casos a lo largo de cuatro décadas en diferentes países, y la última versión se plasmó en el libro editado en 2004 Setting the Agenda.

Lo novedoso en Argentina es que parte de la Justicia, especialmente en el fuero federal de Comodoro Py, también utiliza el poder de fijar la agenda, como si fuera una corporación mediática que se apropia de la información para guardarla en su stock al igual que cualquier mercancía, para enviarla al mercado recién en el momento en el que pueda sacarle más provecho. Ciertos jueces y fiscales se apropian del tiempo de las causas, haciéndolas durar más de una década para usufructuarlas por más tiempo.

Expertos en economía de la atención, jueces y fiscales estiran la duración de las causas para ganar poder

En los medios, el método tiene además la ventaja de advertirle a cada gobierno de turno: “Cuidado, sabemos todo lo que podríamos denunciar de ustedes ahora y callamos. Pero podremos en el futuro hacer con ustedes lo mismo que ahora le hacemos al gobierno anterior, con el que también callamos mientras estaba en el poder”.

Hay que reclamarle a la Justicia –y a aquellos medios que no difunden información en el momento que se produce– que sus investigaciones no sean autopsias. Que se comprometan con el presente.