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Argentina Digital, convergencia y concentración

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La política de comunicación del Gobierno acaba de asestar un golpe letal a la retórica de la “batalla cultural”. La Ley “Argentina Digital”, junto a la simultánea aprobación de las adecuaciones de conglomerados mediáticos extranjeros a la ley audiovisual, son síntoma del abandono de un discurso que enunciaba los efectos nocivos de la concentración del megasector infocomunicacional, pero que en la práctica resultó ineficaz para desconcentrarlo. La nueva política no registra la concentración de la propiedad y acepta incluso la expansión de los actores económicos más poderosos, las telefónicas, al sector audiovisual, sin grandes contraprestaciones.

El modelo de mercado que se proyecta con estos cambios es convergente y concentrado, con el liderazgo de grupos extranjeros de telecomunicaciones como Telefónica, Telmex, Fintech (David Martínez) y, probablemente, DirecTV (cuyo accionista principal es AT&T). La única continuidad entre este modelo y la etapa inaugurada por el kirchnerismo hace cinco años es el conflicto con el grupo Clarín.

La etapa anterior estuvo signada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el marco de iniciativas como Fútbol Para Todos, la Televisión Digital Abierta (TDA), el cuestionamiento de la legalidad de Fibertel (empresa de conectividad a internet del grupo Clarín), el incremento de la publicidad oficial y la discusión sobre Papel Prensa. Con pocas horas de diferencia, el Congreso aprobó la Ley de Telecomunicaciones “Argentina Digital” y la mayoría oficialista en la Afsca (autoridad de aplicación de la ley audiovisual) consintió la adecuación de grupos mediáticos que, según la letra de la norma, no podrían ejercer licencias. La regulación audiovisual, cuya discusión social y política fue inédita y central en la agenda de los últimos años, queda mutilada ahora de forma oficial (en los hechos el Gobierno se había amparado en la judicialización de algunos artículos de la ley para excusar su falta de compromiso con la misma).

Al declarar la adecuación “de oficio” del grupo Clarín y aprobar los expedientes de Telefónica, Prisa o Angel González González (canal 9), el Gobierno contribuye a la defensa del multimedios dirigido por Héctor Magnetto en la contienda judicial, ya que será sencillo comprobar el trato selectivo a distintos grupos concentrados.

Aunque fue diseñada para expandir los negocios de las telefónicas y no de Clarín, la Ley “Argentina Digital” podría ser un escudo para el multimedios, ya que ahora la infraestructura de Cablevisión se comprende como necesaria no sólo para las licencias de cable, que superan con creces lo permitido por la ley audiovisual, sino también para los servicios de conexión a internet y (eventualmente) de telefonía. De este modo, la red física de Cablevisión ya no podrá ser vendida en las condiciones que fije el Gobierno, sino que al estar afectada a otros servicios regulados por “Argentina Digital”, su destino final también será objeto de controversias.

Claro que el escudo sólo será necesario para el grupo Clarín de reactivarse la adecuación “de oficio” hoy suspendida por una cautelar. Esta reactivación es improbable en el lapso que resta hasta el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El futuro presidente recibirá esta causa junto con una regulación doble para los servicios de comunicaciones, las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, con ambos sectores concentrados en grupos con disputas abiertas entre ellos y actores de la sociedad civil que aspiran, modestamente, al reconocimiento legal.

La escena se completa con la licitación de telefonía móvil 4G en curso y las tensiones por una asignación de espectro que prioriza al sector de telecomunicaciones. En las agendas de los actuales candidatos a la presidencia no se explica cómo administrarán esta complejidad. Tampoco lo hace el Gobierno, que acaba de renunciar al mantra de la “batalla cultural” como organizadora de su política.

(*) Especialista en medios. En Twitter, @aracalacana



mbecerra