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Argentina o el melodrama institucional

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Una vez más un problema de salud de la Presidenta ha sido informado con las prácticas de promoción de una telenovela. A pocos días de celebrarse el Día del Derecho a Saber, el acceso a la información pública seria y responsable le ha sido negado a la sociedad argentina, y rodeada de misterios, fotos supuestamente clandestinas, versiones difusas, la primera mandataria fue sometida a una intervención quirúrgica.

Nuevamente la opinión pública del país estuvo en vilo con profusas explicaciones científicas sobre la enfermedad, diagnósticos diversos y procedimientos curativos aplicados. Los médicos ocuparon el lugar de las grandes figuras públicas y la crónica de la actividad del país se pareció más a un capítulo de Hospital Central que al suceder de una democracia republicana.

La enfermedad del presidente es una situación que está claramente regulada en el artículo 88 de la Constitución Nacional del mismo modo desde la sanción de la constitución histórica. En la forma de gobierno presidencialista, la función esencial del vicepresidente es ejercer la presidencia en caso de enfermedad de su titular. Esta no es la única situación contemplada por la norma para que esto suceda; también provocan la misma consecuencia la ausencia de la Capital, la muerte, la renuncia o la destitución. Todos estos casos se conocen como acefalía del Poder Ejecutivo y pueden ser transitorios o permanentes, según la duración o causa del impedimento. En cualquiera de las situaciones, el vicepresidente es quien tiene la función constitucional de reemplazar al titular por el tiempo que dure la imposibilidad de ejercer el cargo.

La norma es clara y no presenta dificultades de interpretación. ¿Por qué, entonces, la actual dolencia presidencial creó un clima de debacle que incluso trascendió al exterior del país? ¿Cómo se abrió un debate casi disparatado en el partido oficial respecto del modo de resolver la acefalía? ¿Por qué un jefe de Gabinete con formación universitaria afirma que el poder lo sigue ejerciendo quien está temporalmente inhabilitado para ejercer el cargo? La respuesta puede ser tema para extensos ensayos, pero en los apretados caracteres de esta nota sólo puedo afirmar que se basa en la ausencia de un sistema político consolidado y en la sustitución de las normas constitucionales por las recetas ocasionales que solucionan los problemas de poder en el peronismo y derraman sobre toda la sociedad argentina.

La elección de un candidato a vice-presidente que pueda asumir su responsabilidad institucional sin crear un caos es responsabilidad de los partidos que los proponen y también de los electores que los eligen. Es difícil comprender cómo cuestionan al actual vicepresidente argentino quienes lo eligieron y luego lo votaron. Muchos de los que hoy se escandalizan por el ejercicio de la presidencia de Amado Boudou fueron sus electores. La necesidad de atender a la fidelidad más que a la idoneidad y el prestigio también es demostrativa de la ausencia de convicción en las instituciones de nuestro sistema.

A treinta años de la asunción del primer gobierno constitucional, luego de concluida la última dictadura militar, la vida institucional argentina se desarrolla como un subgénero del melodrama televisivo más que como una sociedad que ajusta sus conductas a las normas de la Constitución que se obligó a cumplir.

Sin restar importancia a la salud de quien ejerce la presidencia, la normal circunstancia de sufrir alguna dolencia no puede centrar la opinión pública ni despertar polémicas que la Constitución no admite. Es una circunstancia no deseable pero posible, perfectamente resuelta por la Constitución. Pero así no se percibe ni se comunica por los responsables del Gobierno y un hecho natural se convierte en peripecia dramática.

Y con este comportamiento, Argentina también es atípica como melodrama, porque en este género narrativo sufren los débiles y los abandonados, pero en el país sufren los poderosos quienes padecen por las responsabilidades y los consecuentes privilegios que conlleva la situación que voluntariamente desearon ocupar y derraman sus dolencias sobre el resto de la sociedad. Bajo este friso se encuentran las víctimas ocultas de la distorsión entre derecho y realidad: los millones de argentinos que padecen la ausencia de instituciones sólidas y eficaces.
 

* Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales. Reside en Montevideo.



José Miguel Onaindia