COLUMNISTAS PANORAMA / IGLESIA Y JUSTICIA

Boudou no tiene perdón

Trastienda de la cumbre de Cristina con el Episcopado. El vicepresidente, cada vez más comprometido. ¿Licencia?

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Foto:Pablo Temes

El crítico documento de la Conferencia Episcopal molestó profundamente a la Presidenta. Sin disimulos, Cristina Fernández de Kirchner lo hizo saber el sábado pasado durante el acto de recordación del cuadragésimo aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica. Allí demostró, además, haber confundido el significado real del mensaje de los obispos. La jefa de Estado habló de violencia política mientras que la jerarquía de la Iglesia lo hizo sobre la violencia en el contexto de la ola de inseguridad que asuela el país. No es la primera vez que la Presidenta confunde peras con manzanas.

El documento, que fue aprobado por unanimidad, generó un debate intenso entre los obispos y fue sujeto de más de una lectura y de varias correcciones. La discusión, en verdad, giró sobre si, al término de las deliberaciones de la asamblea, debía haber un documento o no. Como no se llegó a un acuerdo, se votó: votos más, votos menos, unos diez obispos lo hicieron por la negativa; el resto lo hizo por la afirmativa. Hubo una filtración que perturbó a los prelados. De ahí la carta que el rector de la Universidad Católica Argentina, monseñor Víctor Fernández, envió a Página/12, en la que daba indicios de saber quién había sido el responsable de la filtración y esgrimía una crítica hacia el medio que la publicó: Clarín. Ello fue una demostración de desconocimiento del ABC del periodismo. El caso Watergate, que puso al descubierto una red de espionaje político montado por el presidente Richard Nixon y que culminó con su renuncia, salió a la luz pública a partir de una filtración de un funcionario del gobierno que por muchos años fue conocido por el apodo de “Garganta Profunda”.

Cuando finalmente se difundió el documento, en el Gobierno el malhumor fue indisimulable. De ahí la dura respuesta emanada tanto de la Presidenta como de La Cámpora. Como es sabido, en este tipo de pronunciamiento los obispos no se abocan a la crítica específica de un gobierno. Lo que ocurre es que la responsabilidad primaria respecto de los problemas sociales, económicos y políticos de un país –que son los ítems sobre los que habitualmente se explaya el Episcopado–, recae siempre en el gobierno de turno, sea éste de la ideología que fuere. Esto es algo de Perogrullo. El documento tiene algunos párrafos textuales que reproducen pensamientos del Papa. Uno de ellos es el que señala que “la corrupción es un cáncer social”. Por eso fue desopilante escuchar a Fernández de Kirchner quien, a la manera de un exégeta, intentó rebatir a los obispos utilizando textos del Santo Padre.
Este fue el marco dentro del cual la Presidenta se reunió con los representantes del Episcopado. La concreción del encuentro no fue fácil, ya que la mayoría de los obispos había regresado a sus respectivas diócesis. De todos modos, varios prelados hicieron conocer su poco entusiasmo por participar de la convocatoria –otros directamente dijeron que no había que ir– que, según comentó a algunos allegados el miércoles por la noche el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo, iba a tener lugar el viernes. Finalmente cuando se concretó en la tarde-noche del jueves, se hizo al más puro estilo kirchnerista: a los periodistas se les informó que la reunión iba a tener lugar en la Casa Rosada cuando, en realidad, Fernández de Kirchner recibió a la comitiva de la jerarquía eclesiástica en la residencia de Olivos.

El encuentro fue definido como cordial. ¿Podría haber sido de otra manera? Lo cierto es que la Presidenta sacó a relucir la relación directa que tiene con el papa Francisco, como si eso la colocara por encima de los obispos. Expresó que hubiera sido su deseo que se la hubiese anoticiado del documento antes de su difusión pública. Eso hizo acordar a Carlos Menem, quien durante su presidencia supo despachar a algún enviado a la reunión de la Conferencia Episcopal, con el objeto de bajarle el tono a sus pronunciamientos cuando éstos eran críticos de situaciones sobre las que la responsabilidad de aquel gobierno era indiscutible. Nada nuevo bajo el sol.

El fallo de la Cámara de Casación, por el que se confirma todo lo actuado hasta aquí por el juez federal Ariel Lijo en la causa de la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue un cachetazo para Amado Boudou. Todas las presiones ejercidas sobre los camaristas por parte de sus representantes resultaron ser infructuosas. Ese repertorio que incluyó últimamente un intento de intimidación sobre José Guillermo Capdevila, ex director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, uno de los testigos clave de esta trama de corrupción que está bajo investigación, ha demostrado ser infructuoso. Es que las pruebas reunidas hasta aquí en la causa tienen una contundencia irrefutable. Así las cosas, el camino ha quedado allanado para que Lijo cite al vicepresidente a una declaración indagatoria. De esta manera, se le plantea al Gobierno –en verdad, a la Presidenta– un dilema político: ¿qué hacer con Boudou, un personaje a quien, salvo Fernández de Kirchner y algunos pocos más, ya nadie del oficialismo quiere? En sus filas, son varios los que piensan que si el vicepresidente fuera imputado debería pedir licencia en el ejercicio de su cargo.

Los abogados de Boudou, con cercanía al Servicio de Inteligencia del Estado, ya han dicho que apelarán ante la Corte Suprema, lo que es una obviedad. Por lo que se habla en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, las chances del vicepresidente de obtener un fallo favorable son muy escasas. Así, pues, quienes lo defienden deberán mejorar sus argumentos y modificar su estrategia defensiva. Lo del apriete ya no va más.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.



Nelson Castro