COLUMNISTAS

Calesita trágica

En un hecho que se repite, un hombre de 35 años murió al ser embestido por un colectivo de la línea 61 del Grupo Plaza. Pero los choferes que violan las normas de tránsito gozan de total impunidad. 

Nunca debería asociarse las palabras “calesita” con “tragedia”. Efectivamente, la calesita ha nutrido de sueños y alegrías muchas infancias, y aun cuando hoy ya no sea tan concurrida y vaya desapareciendo, sigue siendo un momento de ingenuidad, lúdico, en el que padres, abuelos tíos y cualquier adulto que cuide de un niño, saben que el niño la está pasando con mucha felicidad. ¿Cómo asociar la palabra tragedia a la palabra calesita? Sencillamente aferrándome a un concepto: la condición circular de la calesita. Usted sabe que cuando lo ve pasar a su hijo subido al caballito, al cabo de pocos segundos el caballito vuelve a enfrentarse con usted, porque la calesita gira sobre su propio eje.

Este aspecto circular de la calesita es lo que me viene a la cabeza a la hora de dar cuenta periodísticamente de un nuevo asesinato producido por un colectivero en Buenos Aires. He leído en las redes sociales que algunos oyentes se quejan o protestan por mi insistencia reiterada, literalmente mi obsesión por las cuestiones más elementales de la vida civil. Uno no solamente habla de política nacional o internacional: la vida cotidiana, cómo somos en la ciudad, y cómo cuidamos o dejamos de cuidar la vida son, al menos para mí, una obsesión y una preocupación permanentes.

Se trata ahora de un nuevo episodio de algo reiterado: una persona asesinada por un colectivero. Y digo “asesinada” porque se trata de un homicidio. Este último, del que dan cuenta los medios, se produjo en la zona de San Cristóbal, en la esquina de Jujuy y Humberto I, donde un colectivo atropelló y mató a un hombre de 35 años que murió en el acto y una mujer sufrió heridas graves, al ser embestidos por el interno 14 de la línea 61, propiedad del Grupo Plaza. Este año ya hubo otras dos muertes, esta es la tercera en circunstancias similares. Es una situación que se repite en Buenos Aires y no puede ser ignorada por ningún gobierno: ni por el Gobierno de la Ciudad ni por el nacional. Como son conscientes de que esto sucede, es mucho más grave todavía su responsabilidad.

Se trata de accidentes fatales que cada vez que se producen, al típico estilo argentino, gatillan una serie de reacciones oficiales apresuradas, torpes y mal planificadas, y luego, mucho peor que esto, ni siquiera se llevan a la realidad. Las responsabilidades de esta situación de impunidad de facto, aquí en la Ciudad de Buenos Aires al menos están repartidas y no se trata de un fenómeno que pueda atribuirse a una sola causa. El orden de los factores no altera el producto, desde luego: tal como uno puede considerar y ver, sobre todo verificar todos los días desplazándose por la Ciudad de Buenos Aires, la responsabilidad de una cantidad desafortunadamente mayoritaria de colectiveros es enorme.

El colectivero estándar de los bondis de Buenos Aires suele violar el semáforo en rojo con absoluta naturalidad y absoluta displicencia. Conducen a velocidades criminales, si uno compara lo que es el servicio de transporte colectivo de superficie de Buenos Aires con otras ciudades del mundo; permanentemente cruzan zigzagueando carriles, dejan bajar y suben pasajeros a mitad de la calle, y sobre todo avanzan impune e inconscientemente sobre los semáforos en rojo, inclusive pisando prácticamente la totalidad de unos senderos peatonales que, para peor, están pésimamente demarcados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno nacional tiene una responsabilidad gravísima, por omisión. Porque existe, en teoría, una Comisión Nacional de Regulación del Transporte que desde su creación, en la década menemista de los 90, se convirtió en una cámara patronal, básicamente consagrada a proteger la impunidad de las empresas de colectivos. Este es un dato central, más allá de las cacareadas proclamas del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo: en Buenos Aires no hay castigo, no hay control y no hay supervisión del servicio transporte de superficie.

En el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es evidente que hay una falla brutal de supervisión por parte de la Subsecretaría de Transporte y Transito, pero tanto o mucho más grave, la auténtica madre del borrego, es que Buenos Aires es una ciudad desprotegida. No estoy ignorando al Gran Buenos Aires, que nadie piense que estoy pensando que la Capital Federal es la totalidad de la Argentina, pero mal podría hablar de todos los municipios del Gran Buenos Aires desde la lejanía de una emisora de radio porteña, aun cuando mucho de lo que digo de la Capital Federal, también tiene vigencia para el conurbano bonaerense.

Pero tocante a la Capital Federal, hay una realidad gruesa, central, dominante, que es la que determina la realidad que vivimos: la ciudad está desprotegida. En sus años de gobierno, lamentablemente hay que decirlo, así como ha tenido éxitos realmente enormes y ha expresado en su gestión una serie de políticas muy buenas para la ciudad, el gobierno de Mauricio Macri ha fracasado patéticamente en punto de la seguridad ciudadana y específicamente en torno de la protección del tránsito de los peatones. Los colectiveros actúan como actúan porque su accionar es impune. No existe una policía de tránsito que controle efectivamente en todo el área metropolitana el transporte, la circulación y las irregularidades y violaciones de las normas de los colectiveros.

Finalmente, porque nunca los temas graves tienen una sola causa, está la Justicia. El fuero penal utiliza y ha adoptado la figura del homicidio culposo para este tipo de hechos. En realidad, es un homicida: por descuido, o por lo que fuera. Y el homicidio culposo determina penas de solo dos a cinco años para los responsables, cuando la muerte es producida en este caso, por un accidente vehicular. Pero los casos de choferes que hayan cumplido condena de prisión efectiva son poco menos que inexistentes, hablo de choferes detenidos, procesados y condenados por haber matado a una persona, a un peatón, conduciendo esos vehículos enormes, con los prepotentemente se llevan por delante a todo el mundo.

En el año 2012, según estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de las infracciones de los conductores de colectivos tuvieron que ver con violar la luz roja, y sin embargo ha disminuido dramáticamente las multas que reciben los colectiveros en la Ciudad de Buenos Aires, con un agravante –hay en la Ciudad 9800 colectivos, una flota realmente enorme – de que efectivamente las multas siempre siguen siendo pagadas por las empresas (cuando son pagadas) y no por los colectiveros. El día que los individuos que conducen los colectivos sean los únicos o principales responsables de su manejo irresponsable, cambiará la Ciudad. Pero, sobre todo, cambiará cuando Buenos Aires vuelva a tener un cuerpo de policía dedicado al tránsito, algo que brilla por su ausencia, y si existe es, en todo caso, una fábula humorística de la mediocre gestión de Guillermo Montenegro. Conclusión: una ciudad desprotegida, unos colectiveros impunes, y las muertes, que se siguen acumulando, una tras la otra, en una sociedad que parece desesperarse por las muertes violentas, pero que en el fondo, de alguna u otra manera, convive con la falta de respeto por la vida.

(*) Emitido en Radio Mitre, el jueves 21 de agosto de 2014. 



Pepe Eliaschev