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Ciento veinte mil firmas por Belén

Belén lleva casi mil días de encierro en una cárcel de Tucumán por haber sufrido un aborto espontáneo.

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Belén lleva casi mil días de encierro en una cárcel de Tucumán por haber sufrido un aborto espontáneo. “Es fácil entrar pero difícil salir”, nos dijo entre lágrimas cuando fuimos a visitarla. Desde Amnistía Internacional nos acercamos al penal en donde está detenida para llevarle más de 120 mil firmas y muestras de apoyo que juntamos alrededor del mundo, desde Taiwán hasta Islandia. Además, entre abrazos y palabras de aliento, le contamos cómo la noticia con su historia recorrió diferentes países, y le relatamos cómo miles y miles de personas escribieron cartas a diferentes autoridades para exigir su inmediata liberación.
En esa misma visita compartimos con ella, un informe regional de Amnistía Internacional titulado “Nunca me vieron como una persona, a mí me vieron como una incubadora”, que releva casos paradigmáticos de siete países de la región, entre ellos su caso, y que da cuenta de la manera en que ciertas prácticas y legislaciones violan los derechos de las mujeres y niñas, y que desde una perspectiva de derechos humanos, constituyen violencia institucional, y en algunos casos, tortura o trato cruel, inhumano y degradante.
La historia de Belén trascendió nuestro país y llego al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que evalúa el cumplimiento de las obligaciones del Estado argentino en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En las consideraciones al Estado argentino, los expertos que integran el Comité instaron a revisar el caso de Belén y recomendaron considerar tanto su inmediata liberación como la despenalización del aborto en nuestro país.
El Comité también reconoció la importancia del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre abortos no punibles, y expresó su preocupación por los obstáculos que siguen limitando su acceso. Lo hizo, incluso, luego de haber escuchado la exposición de la delegación argentina que desconoció por completo la autoridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último intérprete en materia constitucional. A la vez, que presentó consideraciones legalmente equivocadas e insostenibles respecto a la operatividad del derecho al aborto legal en Argentina.
Con fuertes cuestionamientos al tribunal que condenó a Belén, el ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, pidió a la Corte de la provincia que la libere luego de que fuera condenada a ocho años de prisión. En 2014 la joven se presentó en el Hospital Avellaneda y nunca más volvió a su casa, señalada por médicos que no respetaron el pacto de confidencialidad con su paciente y por personal policial que la maltrató durante su internación.
El caso Belén espera la decisión de tres jueces de la Corte de Tucumán que tienen que decidir si anulan la sentencia y la liberan, para lo cual tienen noventa días. Antes de fin de año, el Estado argentino deberá presentarse nuevamente ante la ONU, pero esta vez ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Si no se resuelve la situación de Belén antes de esta evaluación, el Estado quedará expuesto una vez más.
Belén no es sólo Belén, es el caso Juana, es el caso Mirta, es el caso de muchas mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas de la objeción de conciencia del personal médico, del uso de la Justicia para demorar y obstaculizar abortos, de la violación del secreto profesional, del hostigamiento y la persecución de funcionarios y operadores de los sistemas de salud, justicia y seguridad. En síntesis, son víctimas de la falta de protocolos para la atención de abortos legales como práctica esencial del servicio de salud y cuya ausencia es responsabilidad directa de ministros, gobernadores, e incluso del Presidente de la Nación.

*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Mariela Belski