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Comerse al caníbal

El mamarracho de la Ley de Medios no justifica el decretazo a Sabbatella, como Cristina con Redrado.

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Foto:Dibujo: Pablo Temes

Ocurrió en enero de 2010. Cristina Fernández de Kirchner se había enojado profundamente con el presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se había negado a autorizar el uso de reservas federales para hacer frente a uno de los tantos pagos de la deuda externa que debía realizar el Gobierno. Ante la actitud del hoy referente económico del Frente Renovador, la entonces presidenta no dudó en echarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Ello dio origen a una gran controversia y le valió a CFK una fuerte crítica desde todos los sectores de la oposición. Luego de una batalla que incluyó recursos de amparo, Redrado fue desplazado de su cargo y reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

El episodio que acaba de culminar con el desplazamiento del titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, tiene demasiadas similitudes con el que protagonizó Redrado. Lo delicado del tema no pasa por las críticas que tal proceder originó en un grupo reducido al núcleo del kirchnerismo duro, sino en su significado republicano. Vayamos por partes. La Ley de Medios es un engendro nacido de las afiebradas mentes del matrimonio Kirchner a partir del enfrentamiento contra el grupo Clarín nacido durante la crisis con el campo en 2008 a raíz de la Resolución 125. Los objetivos de la ley eran no sólo la destrucción de Clarín y la desaparición de TN, sino también la creación de una red de medios públicos y privados afines al kirchnerismo. Toda esa maniobra tenía un solo objetivo: la permanencia en el poder por veinte años. Ese sueño, que tuvo un primer golpe con el fallecimiento de Néstor Kirchner, se terminó de pulverizar con el ballottage del 22 de noviembre pasado que ganó Mauricio Macri. Las arbitrariedades cometidas en la Afsca han sido groseras y cuantiosas. Sabbattella, hombre no querido en el seno del peronismo, convirtió al organismo en un nicho para colocar militantes de su partido –Nuevo Encuentro–, y de militantes kirchneristas. Las decisiones se regían por el manual de procedimientos K, es decir, la imposición por sobre los consensos. En el fragor de los días previos a decretarse la intervención, hubo negociaciones en las que participó Miguel de Godoy, que se encontró con la posición irreductible del hoy desplazado funcionario.

Dicho esto, el procedimiento utilizado fue malo. El Gobierno eliminará la Afsca y la Aftic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) basándose en un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Desde el punto de vista conceptual y republicano, es un procedimiento reprochable ya que ambos organismos han sido creados por sendas leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto sólo pueden ser eliminados a través de una nueva ley o de un DNU convalidado por el Parlamento, circunstancia que aún no ha ocurrido. De haberlo hecho CFK, quienes hoy promueven esta medida hubieran sido los primeros en haberla criticado. Como lo dijo el gran constitucionalista Germán Bidart Campos, “... es la manía del ‘decretismo’ síntoma de una tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al sistema presidencialista, y frustra los intentos que con la reforma se hicieron para modelarlo y matizarlo”.

El saneamiento de la economía representa el gran desafío a enfrentar por el Gobierno. Hasta aquí las cosas le van saliendo bien. La eliminación del cepo ha representado un test del cual ha emergido airoso. El valor del dólar quedó lejos de los 20 pesos que presagiaban los agoreros del kirchnerismo y la cotización a 13,40 que hubo al cierre de las operaciones el jueves pasado lo ubica por debajo de lo que se pagaba en el mercado paralelo el último día de la gestión de CFK. Es claro, además, que las autoridades económicas entienden que enamorarse de un dólar bajo con tasa de interés que los bancos ofrecen por los plazos fijos del 30% al 40% constituiría un error grave y grosero. Eso ya pasó en la Argentina y sus consecuencias fueron catastróficas para todos.

Si con el correr de los meses esta situación se mantuviese, la economía se encaminará hacia una inexorable recesión. La solución al problema de la inflación exige el desarrollo de un plan integral. Eso es lo que todavía no hay o, al menos, no se conoce. Se sabe que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, está trabajando intensamente en ello. Otro de los funcionarios que también está involucrado en el asunto es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El combate contra la inflación exige la reducción y eliminación del déficit fiscal. Lo cierto es que las medidas adoptadas hasta aquí por el flamante gobierno, lejos de reducirlo, lo han aumentado. Eso es lo que representan la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, la reducción del 5% a las retenciones de la soja, junto con la exención del mínimo no imponible al medio aguinaldo de los salarios que alcancen hasta los 30 mil pesos.

Un párrafo aparte merecen los nichos de corrupción que el nuevo gobierno va encontrando a medida que va adentrándose en el conocimiento del funcionamiento de los distintos estamentos de la administración pública. El copamiento del Estado que llevó adelante el kirchnerismo durante los 12 años de permanencia en el poder ha sido de una vastedad y una complejidad que impactan. Dependencias superpobladas de empleados y empleados que asisten de vez en cuando a sus lugares de trabajo son parte de la pesada herencia recibida por el nuevo gobierno. “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan” (José Ingenieros).

Producción periodística: Guido Baistrocchi.



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