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Contraprestaciones

Desde 2012 era asesor pago de la Cámara de Diputados. Ahora la Presidenta lo oficializó en el presupuesto. Qué cargo ocupará.

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Aunque se sabía, ahora está confirmado con lujo de detalles. Magnánimo y derrochador cuando se trata de contraprestaciones pecuniarias a favorecedores y amigos, el Gobierno designó de hecho como subsecretario de Estado al español residente en la Argentina Baltasar Garzón Real, ex juez en su país. Es otro empleado público más, muy bien remunerado, eso sí, entre centenares de miles incorporados a la burocracia oficial.

Desde 2012 era asesor pago de la comisión parlamentaria de derechos humanos de la Cámara de Diputados, y ahora se acredita su nuevo conchabo. Condenado en España, en 2012 Cristina Kirchner lo puso en el presupuesto de gastos del gobierno argentino como “coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos” para promover la “justicia universal”. Menudo título, acompañado de rimbombante broche formal: rango y salario de subsecretario de Estado. Esos 5 mil dólares al mes son al margen del quiosco que abrió en el Congreso. Cristina Kirchner lo nombró “presidente ad honorem” del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo (sic) de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia.

Garzón desembarcó en la Argentina tras ser condenado judicialmente en España a 11 años de inhabilitación como juez y 2.500 euros de multa, con sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Para el abogado Daniel Sabsay, esa aparente incongruencia infringe el artículo 16 de la Constitución argentina, así como el requisito de idoneidad exigido por la Ley 22.140 que regula la función pública. Para Sabsay, “es cierto que la sentencia se limita al campo judicial” pero “resulta obvio que con semejante condena Garzón jamás podía cumplir con el requisito de idoneidad para cualquier función pública”.

Dueño de un importante narcisismo intelectual, el privilegiado Garzón se ufanó de que puede “ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país, también en España. Sigo siendo juez, cuando concluya la condena me puedo reincorporar en forma inmediata a la Audiencia Nacional española”. Pero en España nadie lo contrató, de modo que zarpó a hacerse la América. Para Cristina, Garzón es un benefactor, mientras que Cristóbal Colón no fue más que un codicioso “genocida” de pueblos originarios. Cuando abrió el período de sesiones de 2012 en el Congreso, saludó a Garzón, que la miraba sentado en un palco. “Usted nos honra con su presencia”, lo agasajó, para rematar reconociéndole “su defensa de los derechos humanos, que es uno de nuestros puntales como proyecto de país”. Acto seguido, con su disciplina proverbial, ministros, legisladores y público se pusieron de pie y ovacionaron al ex juez, cuya expulsión de la carrera judicial en España se debió a que ordenó escuchas clandestinas de conversaciones entre los acusados de corrupción en el caso Gürtel y sus abogados, siendo condenado por prevaricación. La corresponsal española Carmen de Carlos, del diario madrileño ABC, recuerda que la sentencia le fija a Garzón la “pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores”, y recuerda que dictamina su “incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales”. Fue inhabilitado por 11 años para ejercer como juez en España desde el 9 de febrero de 2012, por violar el derecho a defensa en juicio de sus procesados. La condena se cumplirá en 2023.

En los años 90 investigó en Madrid hechos de la “guerra sucia” de 1976 a 1983 invocando la doctrina de la llamada justicia universal, y procesó al ex oficial naval Adolfo Scilingo y extraditó a otro ex oficial de la Armada, Miguel Cavallo, que cumple prisión perpetua en Buenos Aires. El gobierno argentino retribuyó gentilezas con un hábeas corpus a favor de Garzón en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, para que impugnara el juicio al magistrado en el Tribunal Supremo de Madrid. Seguidores de Garzón radicaron en abril de 2010 –aniversario de la Segunda República española– una demanda penal por los crímenes del franquismo en el Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires, presidido por María Servini de Cubría, que motoriza la causa penal. Cristina Kirchner le dio residencia temporal y DNI argentino, y el Decreto 2319/2012 lo designa coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos con cargo “extra escalafonario” (sic) y rango de subsecretario de Estado.

El decreto que corrobora el rango de Garzón y explica su “salario” dice: “Visto el artículo 99, incisos 1 y 7 de la Constitución Nacional y el Decreto Nº 2.262 de fecha 22 de noviembre de 2012, la Presidenta de la Nación Argentina decreta: Artículo 1º - Desígnase en el cargo extra escalafonario de Coordinador de Asesoramiento Internacional en Materia de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con rango y jerarquía de Subsecretario, al doctor D. Baltasar Garzón Real. Art. 2º - El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - Fernández de Kirchner. - Juan M. Abal Medina. - Julio C. Alak”.

Garzón hace linda “caja” con los gobiernos latinoamericanos. Además de sus afanosas labores argentinas, y como no tiene exclusividad laboral, Garzón se dedica a otros menesteres. En Colombia dirige un plan para desarrollar estrategias de investigación macrocriminal. En Ecuador comanda un grupo de expertos que tiene como objetivo emitir un dictamen sobre la reforma de la Justicia. En México ha formado parte de un equipo de especialistas en crimen organizado, anticorrupción, terrorismo y narcotráfico internacional.

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