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Corrupción: ¿quién le pone el cascabel?

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La citación a Boudou para que sea indagado se da dentro de un proceso que incluye una investigación sobre hechos de corrupción. Sin desconocer la importancia de esta medida, sus efectos sobre la lucha contra la corrupción serán menores a los que tendrá sobre el combate político al kirchnerismo. Su indagatoria no tendrá más impacto sobre aquella lucha que la cárcel de María Julia (la única de todo el menemismo), aun teniendo en cuenta la diferente jerarquía de sus funciones.
Por otra parte, mientras el kirchnerismo perderá relevancia en poco tiempo más, la corrupción seguirá con la misma fortaleza e irradiación en los diferentes poderes de los Estados nacional, provinciales y municipales. Esta permanencia obliga a reflexionar sobre algunas de sus particularidades.
Al calor de la campaña electoral y con el afán de destacar la gravedad del problema, algunos han propuesto una “Conadep” de la corrupción, sin reparar en las notorias diferencias de estos hechos respecto de los crímenes de la dictadura, tanto en cuanto a los hechos mismos como a las circunstancias que los rodearon.
La primera diferencia se refiere a la excepcionalidad y lo acotado en el tiempo del terrorismo de Estado frente a una práctica generalizada que se ha hecho parte del acervo cultural de los argentinos, fortalecida por la repetición de actos de corrupción en otros países, lo que ha llevado a considerarlos algo así como parte de la “naturaleza humana”. Otra diferencia que influye en la tarea de perseguir a los responsables es la visibilidad del accionar de los represores frente al anonimato de los actos de corrupción.
Pero la diferencia más importante nos advierte sobre los actores que podrían estar a la cabeza de una lucha contra la corrupción. Los crímenes cometidos durante la dictadura eran responsabilidad de un elemento extraño que había usurpado el aparato del Estado, lo que dejaba las manos libres a la clase política y a la Justicia para investigar y condenar a los culpables, contando para eso con el apoyo de la sociedad civil. Recordemos que la Conadep resultó de un decreto presidencial, que la sociedad acompañó con fuerza, y que la Justicia estableció condenas ejemplares. En cambio, los actos de corrupción se vienen sumando desde hace mucho en dependencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo controladas por la clase política, así como en otras controladas por el Poder Judicial; a la vista de una sociedad civil que, pese a no sufrir restricciones para expresarse, no hace oír su voz para condenarlos. No parece que estos actores sean los llamados a encabezar la lucha contra la corrupción.
Esta lucha debe tener en cuenta que los enemigos a derrotar están camuflados dentro de la clase política, en instituciones de los tres poderes del Estado, en el mundo empresario y en las más diversas corporaciones, contando con la tolerancia de una sociedad civil que no parece preocuparse por el problema. Esto indica que la lucha deberá ser motorizada por organizaciones sociales que no estén implicadas en el manejo de recursos públicos, y dirigida en primera instancia a cambiar la cultura permisiva de nuestra sociedad frente a la corrupción. En su accionar, deberá buscar la colaboración de los elementos no contaminados de la clase política y de la Justicia para que traduzcan en hechos concretos lo que esa “nueva” sociedad les demande. Diferenciándose de sus grupos de pertenencia, hay diputados que exigen mecanismos de control de sus propias funciones en el Congreso, fiscales y jueces independientes, y funcionarios de control como los de la Auditoría General de la Nación.
 Las organizaciones que motoricen esta lucha deberán reunir antecedentes de los actos de corrupción; dar estado público a los mismos; proponer reformas institucionales y, en particular, convencer a la sociedad de que esos actos son un cáncer que todo lo carcome. Para su labor, harán uso de los avances tecnológicos disponibles ya en nuestro país, y de la experiencia de organizaciones internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto, del que forman parte ya sesenta naciones, entre ellas Brasil.
*Sociólogo.

Omar Arguello