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Corrupción y Justicia

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Foto:Lerke / Cuarterolo

La Justicia viene siendo la protagonista central de la agenda política. El Código Procesal Penal que se envió al Congreso, que da más poder a los fiscales, fue sólo la última acción del Gobierno. Tras los fallecimientos de dos miembros de la Corte Suprema con pocos meses de diferencia –Carmen Argibay y Enrique Petracchi–, ya había comenzado a especular con la posibilidad de una ampliación de los miembros de la Corte Suprema que permitiera alterar a su favor el equilibrio actual entre sus integrantes.

Es lógico suponer preocupaciones del kirchnerismo acerca del futuro de las causas sobre corrupción. Y sospechar detrás de cada acto una intención de cubrirse ante los procesos y las condenas que sufrirá. Aunque por crímenes incomparables con los actuales, la dictadura militar, meses antes de irse, el 22 de septiembre de 1983, promulgó la Ley 22.924, por ellos denominada de Pacificación Nacional –pero conocida por todos como ley de autoamnistía–, que declaraba extinguidas las acciones penales por la represión y fue derogada a poco de llegar la democracia. Con fines similares se promulgaron las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que varios años después fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia y nulas por el Congreso. Y lo mismo sucedió con los indultos a los ex comandantes y a otros militares que Menem había concedido en 1989 y 1990.

No hay ley que no pueda anularse, ni código que no pueda modificarse, ni cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia que no se pueda volver a aumentar para modificar sus mayorías. Si existe suficiente consenso social y voluntad política, no habrá blindaje jurídico que ponga a reparo a quien haya cometidos delitos que la sociedad considere intolerables. Pero ¿tomará conciencia la población de la gravedad que tiene la corrupción y cómo afecta en todos los planos?

Hay dos teorías. Una sostiene que las sociedades sólo se escandalizan frente a la corrupción cuando hay crisis, para castigar al gobierno de turno que ya está en retirada, pero que mientras ese gobierno estuvo generando progreso económico, se lo disculpó apelando al repetido “roba pero hace”.

Y otra, opuesta, que supone que la corrupción aparece en la agenda con más vigor cuando no está en juego la supervivencia económica y las sociedades pueden “darse el lujo” de preocuparse por valores menos acuciantes, como la institucionalidad y la ética.

El jueves, una votación sobre corrupción entre empresarios del Coloquio de IDEA en Mar del Plata demostró que ni siquiera quienes son primeros afectados del esquema de corrupción son conscientes de la gravedad del problema. Uno de cada tres empresarios consideró que era condenable pagar coimas sólo en casos extremos y uno de cada cinco empresarios consideró que nunca era condenable porque se comparó pagar coimas con pagar el rescate de un secuestro: el que paga es una víctima.

Los empresarios saben que la productividad es sistémica y no individual, que nadie en un país sin infraestructura puede producir con igual competitividad que rodeado de interrelaciones a la vez productivas. Lo mismo sucede con la corrupción, pero la toma de conciencia de sus consecuencias es un tema de estadios culturales, de la misma forma que hace siglos se aceptaba la esclavitud, o más recientemente, cómo se modificó la percepción sobre la prostitución por la difusión sobre la trata de personas.

Ayer Brasil se vio conmovido por la tapa de la revista Veja, donde un condenado por corrupción en Petrobras, la mayor empresa estatal latinoamericana, dijo que “Dilma y Lula sabían todo”. Veja adelantó su salida para aparecer justo antes de comenzar la veda electoral, y la presidenta consideró la tapa “terrorismo electoral”. Pero por lo menos hasta ahora las denuncias de corrupción contra el PT no alcanzaron para modificar la intención de voto, guiada principalmente por los beneficios sociales del tándem Lula-Dilma.

El martes pasado se entregaron los Premios Perfil a la Libertad de Expresión Nacional e Internacional a los presidentes de las Cortes Supremas de Argentina y Brasil (Supremo Tribunal en el caso de nuestro vecino), Ricardo Lorenzetti y Joaquim Barbosa. Y a este último, especialmente por su lucha contra la corrupción, al haber condenado y enviado a cárcel común a 12 relevantes políticos del gobierno de su país.

Se expuso la relación entre corrupción y libertad de expresión porque ciertos gobiernos, al no poder aplicar censura a la prensa, pasaron a hacer que personas afines –financiadas con el dinero fácil de la corrupción– compraran medios de comunicación para ponerlos a su servicio. Así, la libertad de expresión se ve atacada desde dentro de los propios medios de comunicación, infiltrados por beneficiarios de la corrupción que, para sostener su red de favores, en contrapartida sólo difunden elogios a los gobernantes. De este modo, la corrupción llega a afectar el sistema democrático como un todo porque, debilitando la libertad de expresión, se terminan afectando las otras libertades.

Sin Justicia independiente no podrá existir prensa independiente (y viceversa), por eso su defensa mancomunada. Y precisamos comprender que la corrupción no es sólo un crimen económico.



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