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Cristina tiene la palabra

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Tan extraña como la coincidencia que resaltaron –, el vicepresidente Amado Boudou deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia, cuando la presidente Cristina Fernández asistirá en Fortaleza a la reunión de los Brics– es la de Juliana Di Tullio y Jorge Capitanich. Voces epigonales de un oficialismo recompuesto a base de apósitos para mantener formalmente en cartel la consigna de “unidos y organizados” después de la derrota electoral del pasado mes de octubre y no mostrar al desnudo la cruda interna oficialista que tiene lugar intramuros desde entonces.
 Sus declaraciones no expresan comunión de intereses ni de pensamiento sino un precario paliativo de emergencia en una gestión de Gobierno donde cada iniciativa política pero especialmente en la esfera de la comunicación pública  parte del vértice del poder hacia el primer estamento de una fuerza organizada bajo una rígida estructura piramidal.

Contra su voluntad, Página 12 dejó expuesto el desconcierto que paralizó a ese dispositivo una vez trascendida la decisión de Ariel Lijo, en la mañana de ayer. Acaso para desentenderse de la riesgosa línea editorial impresa por Santiago “Patucho” Álvarez a la agencia  estatal de noticias Télam, que en sus primeros cables interpretó la disposición del magistrado como consecuencia de “un apriete mediático”, el diario mantuvo suspendida hasta cerca de las 11 el servicio de actualización informativa que su sitio web brinda en la sección “últimas noticias”.

Cualquiera que antes de ese momento haya posado el cursor en ella tuvo como respuesta un  gráfico signo de interrogación: pocas veces la tecnología ofrece metáforas tan eficaces acerca de un trance en curso. De modo sintomático, cuando se lo restauró fue con declaraciones de Boudou y Capitanich clamando inocencia y respeto a la Justicia con hora anterior al cese temporario.   

La suspicacia que promueve instalar todo el arco oficialista muestra el flanco vulnerable del silencio sepulcral guardado cuando la procuradora General, Alejandra Gills Carbó, promovió el juicio político contra José María Campagnoli que se sustanciará  en pleno mundial de fútbol. A nadie se le ocurrió entonces elucubrar teoría alguna sobre el supuesto interés de aprovechar el estado de algarabía generalizada  para acallar cualquier ruido que fuese a provocar ese futuro trámite.

Podría hasta juzgarse sospechoso que ni siquiera los analistas más avezados hayan especulado sobre el paralelismo que es posible rastrear sobre la suerte judicial de Boudou en el caso Ciccone y Campagnoli en la investigación sobre lavado de dinero que involucraba a Lázaro Báez. Junto a Cristóbal López, dos de los más favorecidos por el Gobierno nacional en la presunta década ganada.

Desde un punto de vista legal se podrá argüir que los actos en juicio del vicepresidente y del fiscal obedecen a intereses bien distintos. No es lo que se opina en el poder político en sórdida guerra con el Judicial para legitimar el derecho al ejercicio del poder sin entrar en deliberaciones ni consulta.  

Algo de razón asiste a los jefes del bloque K y del Gabinete de ministros. Solo el impostado gesto de ingenuidad compartido abona la coincidencia. El mensaje es claro y efectivo. Nadie debería estar fuera si el orden no reina en casa. Estrategia alentada, paradójicamente por la Presidente, con quejas por el poco espacio que la prensa la dio a la invitación recibida para los Brics ¿Arroja beneficios asistir con el vice en Tribunales? Solo ella tiene la última palabra.
 
*Titular de la cátedra “Planificación Comunicacional” de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.



Daniel Bilotta