COLUMNISTAS VILLA PAPA FRANCISCO

Crónica de una ciudad para pocos

PERFIL COMPLETO

Una nota en un conocido programa de TV contraponía imágenes de Puerto Madero y de villas con la idea de marcar el contraste de mundos distintos en un mismo territorio. En realidad los sucesos de la villa Papa Francisco, el Indoamericano etc., no sólo son emergentes espaciales de la pobreza aislados de la ciudad “linda”, son su resultado no deseado, la otra cara de una misma moneda. El subproducto del ninguneo que el sistema y un Estado complaciente con el negocio inmobiliario ejerce sobre los pobres, y que alimenta un conflicto  por las migajas de una ciudad que les ha sido sistemáticamente negada. En un pasaje del Capital, Marx describe un aspecto clave del funcionamiento del  capitalismo; el fin inmediato de la producción de cualquier bien es la valorización de capital, su valor de cambio, y sólo mediatamente se satisface una necesidad social, es decir, su valor de uso que, aunque esencial en cualquier otra sociedad, es en la nuestra un efecto colateral. El sociólogo francés Jean Lojkine da un paso más y caracteriza a la segregación urbana como el efecto de la mediatización de la satisfacción de la necesidad social (valor de uso) de la mercancía vivienda, y también de los servicios básicos e infraestructuras a los que su localización va asociada en la ciudad moderna, por lo que dicha insatisfacción, no sólo implica inaccesibilidad a la vivienda para vastos sectores, sino también al desarrollo social. Las políticas neoliberales de los 90 derivaron –en el contexto de la disminución de la actividad productiva generalizada, y la recesión– en la consagración de la primacía del negocio inmobiliario que encontró en el territorio urbano de Buenos Aires condiciones para su realización: grandes espacios bien conectados que los cambios de modelo económico dejaron a contramano de su función histórica. Areas portuarias, mercados, viejos galpones y fábricas vacías,fueron y aún son objeto de transformaciones para uso comercial y residencial suntuario que acrecentaron la brecha entre producción y uso de suelo urbano. Desde entonces la tendencia se pronuncia: las nuevas tecnologías globalizaron la demanda de suelo –cuyo valor dependía en gran medida hasta fines de los años 80 del nivel medio de ingreso por habitante– y fragmentaron la naturaleza local del financiamiento: cualquiera en el mundo compra desde su casa o en su banco local acciones de desarrolladores que operan en las grandes ciudades de países emergentes, la internacionalización del mercado incrementa aún más la distancia entre salario y valor por metro cuadrado tanto para compra como para renta. A un Estado entonces ausente sobreviene otro connivente  que vehiculiza con rezonificaciones y permisos –por el beneficio fiscal de la subsecuente multiplicación de la renta o la participación directa en el negocio –desarrollos con nulo valor de uso y lógica de círculo vicioso autosatisfactorio que valoriza el capital de los inversores, al margen pero también a expensas del acceso, por llevarse a cabo sobre suelo con potencial para vivienda pública– casi una cuarta parte de la vivienda privada construida permanece ociosa en Buenos Aires, tendencia que se incrementa bajo el clima incierto de la coyuntura. Un avance hacia una ciudad más justa pasa primero por cambiar los prejuicios ideológicos y metodológicos del actual paradigma de gestión urbana, construir más vivienda pública es necesario pero no suficiente, hace falta  una nueva mirada que se despoje de un positivismo que sólo ve el problema en términos de escasez de suelo, y barre bajo la alfombra “lo sucio y lo feo” como ajeno –muchas ocupaciones tienen lugar sobre zonas degradadas por los restos del consumo de la “ciudad linda”, un ambiente de baja salubridad que no sólo no generan sino que internalizan los pobres de la “ciudad fea”–la única evidencia de tal cambio sólo puede ser una política de integración definitiva de villas y asentamientos ya existentes, y un compromiso de lucha contra las desigualdades, no sólo contra su manifestación espacial, de alcance nacional que regule el mercado de tierras redistribuyendo la renta inmobiliaria hacia la producción de vivienda social, con la donación obligatoria de porcentajes intangibles de suelo por desarrollo –o su compra al Estado– y medidas punitivas de la mantención especulativa de la capacidad ociosa de la vivienda privada.

*Profesor y licenciado en Geografía de la UBA, magíster Universidad de Nueva York.



Héctor Zajac