COLUMNISTAS BUITRES Y BOUDOU

Cumbres borrascosas

El Gobierno, muy complicado ante un posible default. Tampoco lo ayuda la comprometida situación del vice. 

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Foto:Pablo Temes

La definición de la disputa entre la Argentina y los fondos buitre es un factor condicionante para el presente y el futuro de nuestra economía. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede llegar a suceder si para el próximo miércoles no alumbra un acuerdo que aleje al país del ominoso escenario del default. Atento a ello, en estos momentos conviven dentro del Gobierno cuatro posturas.

La primera es la de llevar al límite las negociaciones endureciendo la actitud aún a riesgo de caer en default. Esta es la posición de La Cámpora y, aunque en el equipo económico hay varios exponentes, existe un temor manifiesto no sólo a las consecuencias para el país y a las repercusiones mediáticas, sino también a las derivaciones jurídicas de posibles presentaciones de actores como –entre otros– Elisa Carrió,  Ricardo Monner Sans y Ernesto Sanz. Esta postura se basa en la creencia acertada de que a ninguna de las partes les conviene el default.
La segunda es la de aceptar la oferta de los bancos extranjeros de “comprar la deuda”, permitiendo que sean ellos quienes cierren un acuerdo con los fondos buitre. Existe la convicción de que los bancos que se han ofrecido a participar de esta operación ya han testeado –con resultado positivo– a los holdouts sobre la viabilidad de esta propuesta. Esta opción choca directamente con los deseos de la Presidenta por cuestiones ideológicas. En el Ministerio de Economía alegan que ella misma le bajó el pulgar.

La tercera es la del Amicus Curiae, que se refiere a la opción de presentarse ante el juez Thomas Griesa con una especie de reaseguro económico que le permita al Gobierno ganar tiempo por medio de una garantía. El aporte económico lo realizarían empresarios cercanos al Gobierno, aunque nadie puede confirmar actores y montos.
La cuarta, en la que más se está trabajando en estas horas febriles, pasa por las conversaciones que se están manteniendo con el mediador, Daniel Pollak, y se basa en una petición que éste le haría al juez Griesa para que reponga la cautelar (stay) por al menos treinta a sesenta días a cambio de un depósito, a modo de garantía de pago, que haría el Gobierno. El monto de esa garantía rondaría los 400 millones de dólares. De prosperar esta propuesta, la negociación estaría cerrada en las primeras horas de la tarde del lunes.

Más allá de estas ideas en discusión, la clave de las negociaciones tiene que ver con buscar convencer a los fondos buitre para que acepten un pago por fuera de los límites de tiempo de la vigencia de la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers). Esto es algo que algunos bonistas que entraron al canje ya están objetando, alegando que la negociación se estaría efectuando dentro de los límites de la vigencia de dicha cláusula, circunstancia que los habilitaría a demandar una renegociación de sus acuerdos a fin de lograr el pago del ciento por ciento de sus acreencias. Esta alternativa sería catastrófica para el presente y el futuro de nuestro país.

Mientras la Presidenta decide qué hacer, lo que crece –incluso dentro del Gobierno– es la incertidumbre y el desasosiego. Cuando todo esto sea historia se sabrán muchas cosas que hoy transcurren en la trastienda, escenario en el que muchos creen se viene desarrollando una negociación paralela en la que el acuerdo no estaría lejano. Una de las incógnitas será la de saber con precisión cuál fue el papel del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton a cargo de la representación del Gobierno. El artículo de Floyd Norris publicado en The New York Times representa una crítica severa al juez Griesa. Son críticas compartidas por la mayoría de los que apoyan la postura del gobierno argentino. Se habla allí de un hombre confundido y con pocos conocimientos técnicos del complejo asunto de la renegociación de la deuda argentina. El problema es que su fallo está vigente y firme luego de haber sido confirmado por la Corte de Apelaciones del Circuito II de Nueva York. El gran error del Gobierno ha sido creer que a lo largo de los casi diez años que lleva esta disputa la solución pasaba por el ninguneo del juez.

En otra de las vertientes del complejo momento que vive el Gobierno está instalado el Boudougate, a cuya trama se le agregó esta semana el caso de los papeles falsos de un auto que Amado Boudou compró en 1993. Los que conocen el entresijo de lo que pasa en los tribunales de Comodoro Py 2002 descuentan que el juez federal Claudio Bonadio dictará el procesamiento del vicepresidente.

Una voz de alguien de su cercanía, describió con precisión el momento por el que atraviesa Boudou. Está solo y sabe que el panorama de su situación judicial luce sombrío. Está convencido de que Cristina Fernández de Kirchner no le soltó la mano, cosa que sí vienen haciendo en número creciente muchos dentro del oficialismo. Donde más se palpa eso es en el Senado. Quien ha dicho basta es el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto. La senadora K Roxanna Latorre ha hecho otro tanto. La lista sigue. “Ahora resulta que soy un hombre de la noche devenido en vicepresidente”, se le ha escuchado decir a Boudou quien, por estas horas, no deja de expresar su respeto por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo porque siempre fue sincero: nunca lo quiso y jamás lo ocultó.

A Randazzo, por su parte, el Boudogate lo preocupa mucho. “¿Cómo puedo hacer una campaña eficaz si cada vez que debo hablar ante los medios tengo que responder preguntas sobre esta insostenible situación del vicepresidente?”, es la queja que casi a diario desgrana el ministro, cuya candidatura puede complicar las aspiraciones presidenciales de Daniel Scioli.

Son las cumbres borrascosas por las que transita este tiempo el kirchnerismo en el poder.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.



Nelson Castro