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Derechos en disputa

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A medida que la sociedad naturaliza la conectividad perpetua como parte de su rutina, el establecimiento de reglas de juego para internet se torna más complejo, necesario y evidente. Esas reglas de juego abarcan desde la infraestructura concentrada de las redes de telecomunicaciones y los mecanismos de búsqueda y catálogo en red, pasando por la posibilidad de discriminación de contenidos por parte de los proveedores de conectividad, el almacenamiento de datos de los usuarios por parte de gobiernos o grandes conglomerados, la conflictiva aplicación a internet de normas añejas como el copyright, hasta la dicotomía entre privacidad y divulgación, entre intimidad y masividad. Una sociedad como la argentina, que discutió visceralmente sobre la función de los medios, comienza de a poco a debatir sobre la estructuración de las nuevas redes.

La audiencia pública realizada por la Corte Suprema de Justicia el pasado miércoles sobre la responsabilidad de intermediarios en internet refrenda la convicción de que, crecientemente, internet es un espacio regulado y sometido a controversias entre intereses múltiples. La semana anterior el Tribunal Europeo de Justicia había emitido un extraño fallo sobre “derecho al olvido” que obliga a los buscadores a eliminar enlaces relativos a un ciudadano cuando éste entienda que los mismos dirigen a sitios que afectan su reputación. La sentencia no se aplica a personas de trascendencia en la vida pública, pues en estos casos se privilegia el interés preponderante de la sociedad de acceder a la información.

El tema exhibe semejanzas con el motivo de la reciente audiencia pública de la Corte Suprema en la Argentina: la demanda de la ex modelo María Belén Rodríguez contra Google y Yahoo por uso indebido de imagen y daño moral al indexar en los buscadores contenidos suyos en sitios pornográficos. Esta audiencia, que pasó a cuarto intermedio hasta el jueves, reflejó la tensión entre el derecho a la privacidad y al honor por un lado y, por otro, la libertad de expresión que supone el derecho a publicar y el derecho a conocer consagrados en el marco legal vigente en el país.

En la audiencia Eduardo Molina Quiroga explicó que los buscadores no son creadores ni alojadores de contenidos. Molina Quiroga fue el más claro de los expositores al subrayar la paradoja de que para evitar que se difame a una persona se le estaría confiriendo a una empresa privada, como Google, un poder de control de contenidos que la Constitución reserva sólo al Estado. Aún si se creyera, como Molina Quiroga, que los buscadores no ejercen poder editorial, la delegación de esta actividad en una empresa privada sería peligroso. Más aún si se percibe que desde el algoritmo de Google en adelante, las actividades de catálogo y búsqueda en internet, lejos de ser neutras o asépticas, son discrecionales.

Ya en 2011 una valiosa declaración de las Relatorías para Libertad de Expresión de ONU, OEA, Europa y Africa advertía que no se puede exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por los usuarios. Los intermediarios “no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre ‘notificación y retirada’)”. Distinto sería si una orden judicial resolviera eliminar o suspender ciertas búsquedas, pues no sería un actor privado quien ponderaría entre el respeto al honor y la libertad de expresión, sino que mediaría un proceso en que las partes podrían argumentar.

En la Argentina está vigente la Ley 26.032 de 2005, que extiende la garantía constitucional de la libertad de expresión a la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas a través de internet. La continuidad de la audiencia en la Corte debería recordar la vigencia de esta norma así como su aplicación al caso que promovió este bienvenido debate.

*Especialista en medios.
En Twitter @aracalacana



Martín Becerra