COLUMNISTAS DOS AÑOS DESPUÉS


Derribo del vuelo MH17

Es hora de aplicar las medidas que expongan públicamente a quienes derribaron el avión de Malaysian Airlines en el espacio aéreo de Ucrania. La impunidad lleva a nuevas atrocidades.

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Hace dos años, el 17 de julio de 2014, el avión Boeing 777 de la compañía Malaysian Airlines que estaba realizando el vuelo MH17, entre Amsterdam y Kuala Lumpur, resultó víctima de un ataque de origen, en aquel momento, desconocido, en el espacio aéreo de Ucrania. Como resultado de la tragedia aérea, una de las mayores en las últimas décadas, perdieron la vida 298 personas: 283 pasajeros y 15 tripulantes. Los fallecidos, entre ellos ochenta niños y dos bebés, eran nativos de diez países.
Apenas cuatro días después del trágico accidente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimamente la Resolución 2166, el documento que exhortaba a la conducción a una investigación independiente e imparcial de este accidente aéreo con el fin de llevar a la Justicia a los responsables de este acto terrorista.
Pasados dos años, la investigación del accidente aéreo, que está siendo llevada a cabo por un grupo de expertos internacionales que forman parte del Equipo de Investigación Conjunta bajo el liderazgo de los Países Bajos, está todavía por concluir, pero numerosos hechos presentados por los investigadores apuntan a que el disparo fatal fue realizado por un sistema de misiles tierra-aire BUK-M de fabricación rusa, desde el territorio que se encontraba bajo el control de los llamados “separatistas” prorrusos. La investigación técnica fue completada en octubre del año pasado mientras la investigación criminal, que debe apuntar a los perpetradores y autores intelectuales del crimen, deberá ser concluida en pocos meses.
Para establecer todos los antecedentes y las causas que llevaron al desastre, establecer a sus autores materiales e intelectuales, detener a los culpables y traerlos al tribubal, es necesario crear un mecanismo internacional eficiente que permita asegurar la imparcialidad del proceso judicial. En este escenario, Ucrania no descarta ninguna de las dos opciones predominantes que están en la mesa: aplicar la jurisdicción nacional o entregar la causa al tribunal internacional creado en base a un tratado multilateral promovido por los Estados que forman
parte del Equipo de Investigación Conjunto y otros Estados afectados por
la catástrofe.
Establecer un tribunal internacional se vería como una opción preferible si la aprobación de tal decisión por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pudiera ser asegurada. Sin embargo, dado el hecho de que el 29 de julio de 2015 Rusia recurrió a su derecho de veto bloqueando el proyecto de la resolución relevante del organismo, se ve muy dudoso que este país cambie de postura y apoye nuestros esfuerzos. Cuanto más avanza la investigación criminal, más agresiva se vuelve Rusia en sus intentos de comprometer toda la idea de poner a los artífices de la tragedia ante la Justicia. La constante desinformación por parte de representantes oficiales y los medios rusos, sobre el proceso de investigación llevado a cabo por el equipo internacional, está creciendo a medida que se acerca la hora de publicar las conclusiones finales. Es obvio que el Kremlin no está interesado en que la verdad sobre los autores de aquel crimen horrendo salga a la luz, por lo que es absolutamente previsible que Moscú cuestione la legitimidad de dicho tribunal internacional si fuera establecido sin el respectivo respaldo del Consejo de Seguridad.
Al mismo tiempo, si se optara por la vía de jurisdicción nacional, Rusia se vería comprometida a cooperar, dadas las obligaciones ya asumidas en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes sobre la asistencia jurídica mutua en materia penal. Si el Kremlin finalmente se niega a cooperar, tal acción constituiría una infracción internacional que configuraría una causa para los organismos internacionales pertinentes.
Es muy importante que la decisión final sobre el mecanismo de la acusación sea tomada durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre en Nueva York. Ucrania se esfuerza en asegurar la compatibilidad de la persecución de los responsables del derribo del MH17 y el avance de la causa contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia en virtud del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. En este contexto, están en estudio diferentes mecanismos que permitan consolidar los esfuerzos internacionales en la acusación a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo.
Pasados dos años desde la tragedia, ya es la hora de poner en práctica las medidas que expongan públicamente a sus autores, tanto materiales como intelectuales, y los lleven a juicio. Las almas de las víctimas inocentes del MH17 están clamando por justicia. La impunidad últimamente siempre incentiva y lleva a nuevas atrocidades y a nuevas tragedias humanas.

*Embajador de Ucrania en la República Argentina.



Yurii Diudin*