COLUMNISTAS REPORTAJE A LUIS MARÍA CABRAL

“El Estado no debería tener la facultad de recusar a un juez”

El magistrado desplazado por la mayoría oficialista antes del fallo por el memorándum con Irán considera que su situación es un atentado contra las instituciones. Analiza la decisión de la Corte, de rechazar su restitución, y anticipa la marcha del próximo martes para reclamar mayor independencia del Poder Judicial.

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Foto:Marcelo Aballay

En una semana en la que, una vez más, la independencia de la Justicia es motivo de infinitas conjeturas y discusiones, hablamos largamente con el juez Cabral, cuyo desplazamiento de la Sala I de la Cámara de Casación por una maniobra del oficialismo responde a la decisión de impedir que el doctor Cabral siga a cargo de la causa sobre la constitucionalidad del memorándum con Irán.

—En términos generales –pre-guntamos–, ¿considera (lo que por otra parte muchos piensan) que es la primera vez que un gobierno constitucional se enfrenta de este modo con la Justicia?
—Bueno, siempre existen ciertos conflictos entre los poderes políticos y la Justicia porque, justamente, la Justicia está a cargo de controlar y establecer cuáles son los límites de actuación de los otros poderes –explica el Juez Cabral–. Pero en los últimos años ha habido un conflicto global hacia el Poder Judicial con la pretensión de tener un Poder Judicial “disciplinado” y con la idea de que lo que una mayoría circunstancial determina como ley tiene la misma jerarquía (de por sí) ¡que la Constitución Nacional! Y, justamente, la Constitución Nacional es la que ha marcado una diferencia sustancial al respecto al establecer una prelación en la que la Constitución debe estar por encima de las leyes. Mire, las leyes no pueden alterar los principios de la Constitución y, por lo tanto, los jueces pueden decir si las leyes se ajustan o no a ella. Aplicar la Constitución a la ley ha llevado a un conflicto distinto porque lo que se pretende es tener un Poder Judicial alineado en la voluntad circunstancial de las mayorías.

—Y personalmente, Dr. Cabral, ¿cómo considera la actitud que ha asumido en las últimas horas la Corte Suprema al rechazar el pedido del fiscal Plee para que usted siga interviniendo en la causa sobre la constitucionalidad del memorándum con Irán? (Estamos hablando, obviamente, del atentado contra la AMIA.)
—En realidad, el fiscal ha pedido mi permanencia en todas aquellas causas en las cuales yo había celebrado audiencia entre las partes frente al Tribunal y, en ese sentido, yo le diría que me imaginaba que podía haber una distinción (como la que hace la Corte) porque es muy difícil separar el planteo que se hace, desde el punto de vista administrativo, cuando hay causas en las cuales se está planteando la cuestión. Yo me imaginaba que era muy posible que la Corte eligiera el camino de la resolución jurisdiccional de estas cuestiones, y si alguno me ha preguntado si me siento afectado o que no he recibido apoyo en este sentido, yo respondo que no. De ninguna manera. Creo realmente que la Corte va a asegurar la existencia de un Poder Judicial independiente, imparcial, como nuestra Constitución Nacional establece y los tratados internacionales otorgan (por ejemplo, el derecho de defenderse) a los habitantes de la República.

—Todos lo deseamos, pero el 7 de julio la gente va a salir a la calle no sólo para defender la Justicia sino también para defenderlo a usted.
—Sí, es cierto. Creo que esto va a ser una respuesta importante, pero también creo que hay que desprender la cuestión del “caso Cabral”, como lo llaman. Este es el “caso de la Justicia independiente” porque, en primer lugar, no es el primer caso de la remoción de un juez. Ya se había removido al juez de Bahía Blanca, Dr. Santiago Ulpiano Martínez. Pero esto también se relaciona con el fracaso y la declaración de inconstitucionalidad que la Corte hizo de las leyes de la llamada “democratización de la Justicia”, que no eran otra cosa que tratar de tener una Justicia adicta. Y aquí se ha buscado una manera de evadir la imposibilidad de que esas leyes sirvieran para ello y ahora han buscado una forma de designación de jueces subrogantes con la idea de poder establecer (de esa manera) un número muy importante de jueces subrogantes que, al mismo tiempo, traben el funcionamiento adecuado del Consejo de la Magistratura para designar, en ternas, a nuevos candidatos. Y le digo algo más: esta ley (la Nº 27.145) tiene varias normas que resultan inconstitucionales.

—¿Por ejemplo?
—Le diría que la primera de ellas son los lineamientos mismos de la ley que permiten una designación sin mayorías especiales por parte del Consejo y que, incluso, le atribuye la posibilidad de designar a quienes no han pasado por el acuerdo del Senado. Esto es grave, como también es grave que se admita y convoque a conjueces que no son magistrados cuando justamente hay otros que son magistrados y están en condiciones de subrogar. Y le explico: el que ya es juez (aparte de tener todas las incompatibilidades que han acreditado su idoneidad para el cargo) tiene también un conocimiento y un manejo de la cuestión distintos. ¡Es buscar poner a quienes le resulten más simpáticos al quehacer del Gobierno! Esto es lo grave.

—Mirada con ojos profanos, ¿la decisión de la Corte podría tomarse como un compás de espera?
 El Dr. Cabral se concede una pausa, y luego:
—Bueno, evidentemente, un trámite jurisdiccional tiene más tiempo que una decisión administrativa, pero la decisión jurisdiccional también tiene muchísima más fuerza y trascendencia porque se convierte en una resolución que marca criterios. Además, salvo casos muy excepcionales, la Corte pocas veces ha declarado una inconstitucionalidad en un proceso administrativo como sería una cuestión de superintendencia. Lo hace en casos judiciales actuando, justamente, como máximo tribunal. Y en ese sentido me parece que esto va a ser mucho más relevante aun cuando se demore más tiempo de lo que hoy la sociedad está reclamando.

—¿Es legalmente aceptable la recusación presentada por el Gobierno contra la jueza Sarmiento que estaba al frente del expediente?
—Mire, se acepta este tipo de recusaciones. En mi opinión el Estado no debería tener la facultad de recusar a un juez. Esta tendría que ser una facultad de propiedad de las partes, de los individuos. No del Estado. Ha sucedido, algunas veces, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que recusaron todas las causas al mismo juez porque era un juez con el que no simpatizaban. No les gustaban sus resoluciones. Y esto no puede ser. En mi opinión no es posible. Y le digo algo más: de lo que estoy convencido es de que se equivocan en creer que todavía no hay jueces en el país y que van a poder manipular estas decisiones. Y yo estoy convencido de que hay jueces y de que la decisión que se adopte aquí va a restablecer las cosas en su justo lugar.

—Quizás voy a ser indiscreta, pero considerando que su planteo ha quedado en manos del Dr. Furnari, juez en lo contencioso administrativo y tributario, quisiera saber, ¿cómo definiría al doctor Furnari?
—La verdad es que lo conozco muy poco. En su momento le tomé entrevista para el cargo que hoy ocupa, y cuando fue designado juez subrogante fue a través del anterior Consejo de la Magistratura, el que integré entre los años 2006 y 2010 con un reglamento que yo había declarado inconstitucional y que luego la Corte también declaró inconstitucional. Solamente lo he visto en esas ocasiones. Nunca he tenido trato con él, pero yo tengo realmente confianza en los jueces.

—Por otra parte, también estaba viendo que el Dr. Julián Alvarez, secretario de Justicia de la Nación que pertenece a La Cámpora, señala que a usted no lo juzga políticamente. ¿Habría entonces una razón jurídica?
—La razón que él esgrimió públicamente es que, supuestamente, la sala que yo integro era la más recargada de trabajo y que estaba atrasada. La verdad es que todas las salas de la Casación están atosigadas de trabajo porque han venido realizando una tarea muy intensa a partir del fallo Casal del año 2005, que amplió la forma de admitir el recurso de casación, y recién pocos meses atrás ha entrado en funcionamiento la otra Cámara de Casación. Esto provocó un aumento de la litigiosidad enorme en la Cámara Federal de Casación, pero este argumento es falso. Si dijéramos, por un momento, que es verdadero, lo que deberían haber hecho es ¡acusarme ante el jurado de enjuiciamiento! Esto no es cierto, y para decirlo se tomaron estadísticas de años en los que yo no integraba la Cámara de Casación.
¡Tomaron entonces esos años y los integraron con estos otros! Usted sabe que con los números se puede hacer cualquier cosa… algunos los manipulan bien. Este es el motivo expuesto pero, desde ya, no es así. También es lamentable que se hayan hecho menciones como, por ejemplo, que supuestamente la razón por la cual yo deseo permanecer en la Cámara de Casación es que así cobro ¡40 mil pesos más! En primer lugar, eso es mentira. Yo cobro como juez del Tribunal Oral Nº 9 y ni siquiera me han abonado hasta ahora la diferencia que (por ser juez de Casación) tendría que recibir. Y que esto haya sido dicho por una colega que ejerce la presidencia del Consejo, como lo es la Dra. Gabriela Vázquez, es aun más lamentable porque ella (como presidenta del Consejo) tendría que haberlo sabido perfectamente por tener todos los datos a su disposición. Creo que esto es una artimaña para ensuciar mi nombre y, en ese sentido, estoy muy orgulloso de toda mi trayectoria y puedo exhibirla públicamente sin necesidad de ningún tipo de explicaciones.

—Justamente hoy se publica una columna que firma Julio Bárbaro y termina diciendo: “… el juez Cabral es la víctima de un poder que todo lo atropella”. Y también me llamó la atención que muchas cartas de lectores que se publicaron en los últimos días hablan en el mismo sentido. Lo defienden a usted.
—Tengo una relación de amistad con Julio Bárbaro y, desde el afecto, le agradezco esta columna. Pero bueno, sinceramente yo he sido un hombre público (desde antes de estar en la Magistratura) y creo que mi trayectoria puede ser valorada como cada uno quiera. La verdad es que no deseo que esto se convierta en una cuestión personal. Lo que espero es que esto se convierta en una gran patriada para crear una república institucionalmente firme, segura y en la cual el Poder Judicial sea respetado. Y que el Poder Judicial, a su vez, no intervenga en las funciones propias de los otros poderes porque no es lo que corresponde. Es fundamental asegurar a cada uno de los poderes el ámbito que la Constitución misma les ha dado, pero tener injerencia en las causas penales o en las causas judiciales, pretender que los jueces tengan que resolver según el criterio y preferencia de gobiernos circunstanciales, es algo que empaña cualquier institucionalidad.

—¿Qué facultades tiene hoy el Consejo de la Magistratura?
—Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura no tiene la facultad de remover a un juez subrogante. Según el artículo 7 de la misma ley que hace 15 días entró en vigencia, los jueces subrogantes permanecen hasta tanto se cumpla la condición por la cual han sido designados. En mi caso, yo fui designado hasta que se cubriera la designación de un titular, pero esta facultad no la tiene el Consejo de la Magistratura. Sí, en cambio, tiene la facultad de designar subrogantes cuando hay vacancias, excusaciones, recusaciones y demás. Lo cual es muy inconveniente, porque una recusación a un juez puede dar lugar a que el Consejo de la Magistratura, por simple mayoría, ponga en una causa relevante a un juez elegido a dedo por el Consejo de la lista de conjueces. Si no lo hubiera o si ninguno de ellos aceptara, en ese caso podrían acudir a cualquiera aunque no estuviera allí. En mi opinión esto es absolutamente inconstitucional, porque le entrega un arbitrio que ni la ley ni la Constitución pueden autorizar. La designación de un poder de la trascendencia del Poder Judicial en nuestra Constitución está armada sobre la base de consenso y acuerdos de distintos estamentos. En distintas escalas de participación para asegurar la idoneidad técnica, moral. Y también las características de la persona que va a ejercer esta función. Características entre las cuales no solamente deben pesar la independencia y la imparcialidad de la causa, sino que hay muchos otros rasgos que un juez debe tener. Me refiero a la prudencia y la experiencia. Nada de eso aparece valorado en la forma con la cual la ley permite las designaciones de subrogantes.

—¿Es legalmente aceptable la recusación presentada por el Gobierno contra la jueza María José Sarmiento, que estaba al frente del expediente?
—Hay una norma procesal que admite la recusación sin causa. Es extraño que el Estado la utilice, pero… bueno, así se acepta en casos particulares.

—Y en cuanto a casos, después de una carrera judicial tan extensa como la suya, ¿pensaba que esto podía ocurrirle a usted?
—Siempre me he considerado independiente, imparcial y responsable de lo que firmo y de lo que resuelvo. Esto provoca que no siempre uno vaya acompañado porque siempre una decisión afecta intereses, voluntades… Los jueces tienen que resolver conflictos. Tienen que poner límites, y esto puede crear reacciones adversas. El humor social es cambiante. En un momento puede manifestarse a favor de alguien y luego en su contra. Esto puede suceder en todas partes. El juez está protegido por la inmunidad que le otorga la Constitución: estabilidad, por ejemplo, para que pueda resistir este tipo de cuestiones. Es importante entonces saber que esto puede suceder y resistirlo. Nadie quiere estar en el lugar más duro pero, bueno, esto es también propio de la función que hemos aceptado.

—Recién mencionábamos que el 7 de julio la gente va a defender a la Justicia en la calle. También a usted. ¿No le impresiona?
 El doctor Cabral contesta con firmeza:
—Sí, me impresiona y me impresiona la reacción que siento cuando camino por la calle. Y esto pesa. Es más fácil ser anónimo. Esto no es algo que uno haya buscado. La verdad es que no lo esperaba pero, sinceramente, creo que es una causa nacional. No es la defensa de Cabral (ya que en este momento se personaliza así). Es la defensa de un régimen institucional que puede asegurarles a los habitantes de la República el ejercicio de sus derechos con un sistema de división de poderes que les brinde a los jueces las garantías de que van a poder ejercer independiente e imparcialmente
su misión.



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