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El polémico proyecto para regular "la impunidad de la web": ¿Necesidad o censura?

Por Germán Angeli (*) | El oficialismo busca regular los mensajes. Enojos de VH y Hebe con Perfil.com y el ejército de blogueros K. 

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Foto:Cedoc.

El autor del proyecto es Andrés “Cuervo” Larroque y Diana Conti es la gran promotora pública del “debate”. El oficialismo impulsa una Ley Antidiscriminatoria desde hace meses para controlar los comentarios en las plataformas digitales, no sólo los que se pueden hacer en los sitios de noticias sino también en redes sociales. 

La red puede ser una magnífica plataforma para difundir e informar ideas, opiniones y mensajes; o puede ser una verdadera cloaca de insultos y agravios, propiciados en muchos casos por el anonimato o por ser parte de operaciones políticas, con blogueros o comentaristas pagos para arruinar la imagen de un contrincante. Perfil.com denunció en 2009 el ejército de blogueros K y nada de eso ha cambiado desde entonces. Lucas Carrasco fue una de las figuras emblemáticas de la época y tiempo después prendió el ventilador en PERFIL

En Perfil.com tenemos innumerables situaciones con periodistas o funcionarios, enojados por los mensajes de los usuarios. A modo de ejemplo, Víctor Hugo Morales y Hebe de Bonafini han criticado -y con razón- lo agresivos que fueron los comentaristas de este portal en diversas notas sobre sus personas. El relator lo hizo público. La titular de Madres en alguna oportunidad no nos quiso contestar llamados y alegó que el motivo fueron nuestros comentaristas. 

Los filtros de los comentarios en la mayoría de los diarios funcionan mal, o no funcionan. Es una deuda y un desafío de los medios. También hay diarios que son cuestionados porque no permiten los comentarios, como Página/12. Y entre permitirlos y no hacerlo, prefiero la primera opción. 

El punto es que ahora el Gobierno quiere regular cómo y dónde se deben expresar los ciudadanos. Y lo paradójico es que el proyecto nace desde el propio seno K que, como mencioné anteriormente, utilizó y abusó de las redes para hacer campañas contra todos. Surge del mismo Gobierno que en 2009 eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, respondiendo a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Volvemos a perder el tiempo. El proyecto es inviable y me recuerda a la Ley de Medios: era necesaria una nueva norma pero la actual es al mismo tiempo tan obsoleta al no contemplar internet, que no tuvo más que el propósito de castigar a medios opositores. De sancionarse este nuevo proyecto, se vendrá una ola de reclamos judiciales y es muy posible que la Corte lo declare inconstitucional. 

Santiago Gini, profesor de Derecho de la Información en la Universidad Austral y Contratos Modernos en la Universidad de San Andrés, señala a Perfil.com: "Es un proyecto que va en contra del marco jurídico para la Libertad de Expresión, que en Argentina cuenta con jerarquía constitucional”. Según el especialista, el proyecto de Larroque, “en caso de ser aprobado, difícilmente sea avalado por la Corte Suprema y es muy posible que se lo declare inconstitucional luego de un tiempo". 

"La relación del Poder Ejecutivo y la Libertad de Expresión deber ser siempre en la lógica de su promoción y desarrollo. El control posterior, en casos de ser necesario, deber estar en manos del Poder Judicial", añadió Gini a Perfil.com. 

En declaraciones al programa La Mirada Despierta, de Radio Continental, el candidato a diputado del Frente Progresista, Manuel Garrido, manifestó que planteó “una disidencia (al proyecto) y la crítica al contenido del artículo que establece una diferencia entre los medios en general y cualquier plataforma que establezca espacios para opiniones en Internet, incluyendo, por ejemplo, Facebook. Esto da pie a la censura, porque el artículo dice que los que provean este tipo de espacios tienen que establecer un canal para cuestionamientos y para que se solicite el retiro de contenidos”.

Garrido agregó que “a diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, donde se estableció que no puede haber censura previa sino responsabilidad ulterior establecida por una autoridad judicial, acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, o sea, se abre el espacio a la censura privada”.

”La web no tiene impunidad”, como señaló en una columna el defensor de los lectores de PERFIL, Julio Petrarca, en un texto muy duro -pero necesario- contra este portal. Por lo pronto, el kirchnerismo logró instalar el tema en los medios y desató un nuevo round en la batalla cotidiana por mantener vivo el relato. Bienvenido el debate mientras el objetivo no sea el de limitar nuevas formas de expresión. 

(*) Editor General de Perfil.com. En Twitter: @germanangeli



Germán Angeli (*)