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En Guatemala ya no quedan José López

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Los principales medios periodísticos de Europa y de los Estados Unidos han puesto la mira en la batalla contra la corrupción que se está librando en Guatemala, que hasta la fecha ha enviado a prisión al presidente y vice de ese país mientras ejercían sus cargos. Según The New York Times, el Ministerio Público (a cargo de la fiscal Thelma Aldana) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala trabajaron juntos hasta llegar a la imputación de 37 personas, a las que dividieron para investigarlos en cuatro grupos: financistas, equipos (funcionarios), contratistas y lavadores.

 Todo empezó en el año 2011 cuando el ex general Otto Pérez Molina, del PP (Partido Patriota), y su candidata a vice, Roxana Baldetti, ganaron las elecciones presidenciales con el 36,6% de los votos. Pero la victoria resultó efímera porque al poco tiempo de asumir el gobierno, ambos fueron acusados de haber organizado el financiamiento de la campaña presidencial con el aporte de empresarios y financistas, a quienes, como contraprestación a sus oscuras contribuciones, se les aseguró la adjudicación de diferentes contratos con el futuro gobierno, una vez que el Partido Patriota ganara las elecciones. Para lograr este objetivo, los acusados crearon una estructura criminal denominada La Línea, dedicada principalmente a realizar fraudes aduaneros. Tan inmensamente lucrativa resultó esa actividad que a los ex directivos de La Línea (actualmente detenidos) los animó a buscar nuevos negocios en otros países, entre ellos la Argentina y en la provincia de Córdoba específicamente. No obstante, si bien varios medios de la Argentina publicaron esta situación, no hubo avances significativos relacionados con esta denuncia.

 Pero la embestida de la Fiscalía y la Comisión contra la Impunidad de Guatemala fue logrando con su accionar la adhesión no sólo de los medios periodísticos internacionales, sino también de las Naciones Unidas y del propio gobierno de los Estados Unidos, que aportó US$ 5 millones para sostener al trabajo que encabezó la fiscal Aldana.

 Del mismo modo, tanto la BBC de Londres como el NYT, en sus editoriales van más allá de estos hechos, porque consideran que lo que está logrando Guatemala al contrarrestar la impunidad en ese país es el primer paso para derrotar a la corrupción y la inseguridad que asola a la población desde hace décadas. Según el Banco Mundial, entre los años 2006 y 2014 la pobreza en Guatemala aumentó del 51 al 59% de la población, lo que significa que 9.600.000 personas viven en la miseria sobre un total de 16.100.000 habitantes de ese país.

 Pero este cambio de actitud en los poderes de Guatemala le ha otorgado a ese país otras ventajas, como fue mejorar en tres puestos su posición en el ranking de la corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional. A su vez, la sociedad guatemalteca no estuvo indiferente ante estos hechos porque en repetidas oportunidades se ha manifestado a través de grandes concentraciones callejeras,  exigiendo justicia contra los casos de corrupción y también  reclamando la restauración de la pena de muerte que en ese país  permanece vigente aunque no se ejecuta a ningún reo desde al año 2000.

 No caben dudas entonces que el fortalecimiento de las instituciones para evitar las intromisiones de los otros poderes, la transparencia de los fondos utilizados en las campañas políticas; el control de la obra pública  y el castigo público a los ciudadanos que cometen delitos marcan el inicio hacia una sociedad más justa. Si bien en la Argentina algo está cambiando, el desafío debe centrarse en la lucha contra la impunidad porque en la medida en que no se la enfrente decididamente, los criminales, cualquiera sea su rango, seguirán saqueando el dinero de todos y asesinando argentinos en cada esquina.

*Doctor en Derecho. Docente de la Universidad Blas Pascal.

Horacio A. French