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Es urgente recuperar la institucionalidad

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La casi inexistente institucionalidad democrática en nuestro país ha quedado una vez más en evidencia ante la decisión de la Procuradora Gils Carbó de apartar al fiscal Campagnoli de la investigación que involucra al empresario Lázaro Báez. No es un hecho aislado, extraño o fuera de contexto de la vida política argentina. Es uno más de los tantos avasallamientos a la Constitución y sus instituciones, que ya pasaron a ser regla en la cotidianeidad política. Las causas son profundas y múltiples. No comenzaron con este gobierno ni con el anterior. Es una práctica común que tiene que ver con nuestra historia y cultura que se ha potenciado en este último periodo.
Violar la ley se hace costumbre y se transforma en una práctica habitual y aceptada.

Esto rige tanto en la vida política, incumpliendo con la Constitución, ante la indiferencia de la sociedad, como en la vida diaria de los ciudadanos que consideran que estar a derecho no es algo necesario. Eso permite a los gobiernos romper y jugar con las leyes sin mayores costos. Es “Vamos por todo”, “Roban pero hacen”, que en crisis se transforma en “que se vayan todos”.
¿Los intereses de quien defiende Gils Carbó? Campagnoli además de investigar al empresario Báez, quien tendría vinculaciones con los Kirchner, también denunció a organismos estatales como la AFIP, IGJ y Migraciones por negar información importante para la investigación. ¿Estos organismos están cumpliendo con sus funciones establecidas por ley? ¿O responden a interés privados ignorando y quebrando la ley?

En la Argentina se viola el principio de independencia de poderes. Esto no es novedoso. Lo nuevo quizás es que se transformo en norma y es hasta socialmente aceptado. En un país con institucionalidad y respeto de las normas, un hecho de estas características sería un escándalo político de proporciones, insostenible para el gobierno y la justicia y con serias consecuencias para sus responsables, porque las instituciones encargadas de controlar y castigar funcionarían, sin importar los involucrados, por dos motivos: el cultural, las normas se respetan; y el coercitivo: si no cumplo con la ley con certeza tendré un castigo.

Si una nación respeta o no las Instituciones afecta tanto a las grandes compañías multinacionales, que buscan el mejor lugar para invertir, como a las pymes y pequeños comercios familiares. ¿Qué pasaría en un país con instituciones fuertes ante la noticia de que grupos de vándalos saquean comercios? Tanto el ciudadano que no puede circular libremente para ir a su casa o trabajo porque una ruta está cortada, como el que corta una ruta son víctimas de la falta de institucionalidad de un país.

Los riesgos de mantenerse al margen de la Constitución y dejar de ser un Estado de Derecho son graves. Es colocar en juego nuestra integridad como Nación. En lo político se traduce en gobiernos electos por el voto popular, pero autoritarios en sus concepciones, violadores seriales de las normas constitucionales. En lo social, las consecuencias son el desorden, se pierde el sentido de la unión social, no se respeta la ley y lleva a un “sálvense quien pueda”: hay una pérdida de la solidaridad y de la valoración del otro.

La economía se ve afectada principalmente en los niveles de la inversión privada: fruto de la incertidumbre y reglas de juego poco claras y cambiantes. Lo social y lo económico se retroalimentan generando menos crecimiento y mas marginalidad.

Las sociedades suelen tener la memoria muy frágil si sus gobiernos fueron exitosos en arrasar la cultura previa, si lo hicieron con fuerza y determinación.

Los gobiernos K han dado sus batallas en el ámbito cultural, y han sido muy exitosos en generar su “relato”. El desafío para la sociedad argentina es encontrar rápidamente el sendero a la normalidad y apego al Estado de Derecho. El fortalecimiento de las instituciones democráticas es la forma de evitar gobiernos autoritarios y populistas.

Para tener éxito en esto es necesaria una mayor participación ciudadana en los temas políticos y generar mayores niveles de educación. Como hace 30 anos con la recuperación de la democracia, hoy volvemos al principio: la urgente necesidad de respetar la Constitución para ordenar la vida política y social de nuestro país.

*Licenciado en Ciencias Políticas.



Carlos Rosales