COLUMNISTAS DEFAULT O NO DEFAULT

Esa no es la cuestión

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El récord de la Argentina en materia de cumplimiento de compromisos financieros no es bueno, pero tampoco es de los peores del mundo, contra lo que a veces se dice. El ranking de default de países elaborado por Miguel Boggiano en el blog Carta Financiera es ilustrativo: a lo largo de la historia, Argentina va en el puesto 11 entre los países que más veces entraron en default. Aun descontando la edad de cada nación –Francia y España defaultearon más veces, pero eso incluye los reiterados y críticos defaults posteriores al descubrimiento de América–, la Argentina es superada por otros países latinoamericanos cuya corta vida comenzó más o menos al mismo tiempo. Menos aun es claro, a través de la historia, cuáles son las consecuencias de entrar en default. Aunque, en ese punto, la experiencia argentina en las últimas décadas es concluyente: alta prima de riesgo país, baja tasa de inversión, muy alta inflación. La declaración formal del default en 2003 –memorable por la superficialidad con que el Congreso lo decretó irresponsablemente– tuvo consecuencias gravísimas. Aun así, en pocos años el país supo negociar una reestructuración de la deuda con enormes quitas que reacomodó las financias públicas y abrió el camino a un ciclo de crecimiento importante. Lamentablemente, ese equilibrio en las cuentas públicas no duró demasiado; también lamentablemente, unos pocos de los acreedores de la deuda argentina rechazaron el arreglo y nuestro país no supo encontrar una fórmula igualmente efectiva para neutralizar ese problema. Diez años después, la deuda externa y el déficit fiscal están de nuevo en el centro de la agenda; la tasa de inversión es muy baja, el riesgo país es altísimo, la inflación no puede ser controlada y la economía no consigue recuperarse.

La pregunta que hoy se escucha en el mundo entero es qué consecuencias tendrá la situación generada el 30 de julio. El discurso del gobierno –bien expresado por el ministro Kicillof en su conferencia de prensa en Nueva York ese día y ratificado por la Presidenta el jueves– se centra en argumentar que la Argentina no está en default sino en una situación particular generada por la decisión del juez Griesa de impedir cumplir con los compromisos que vencieron ese día. En ese punto, la Argentina vuelve a exhibir algunas de sus facetas más típicas: se discuten símbolos y palabras, no hechos; se pone el foco en lo que se dice, no en lo que sucede. Así somos, recurrentemente, en muchos planos de la vida.

En este proceso de la dura negociación con un juez neoyorquino y con algunos de los mayores fondos acreedores que reclaman el pago de la deuda no reestructurada, la Argentina ha obtenido expresiones de simpatía, algunas de ellas poco relevantes pero algunas más significativas. Existe preocupación por el efecto que todo esto pueda tener en el funcionamiento de los mercados de crédito en todo el mundo. Un comentario en la prensa inglesa propuso un ejercicio: “Tome al peor deudor, al peor acreedor y al peor juez, enciérrelos juntos durante una década y vea qué pasa”.

Pero todo esto, ¿con qué consecuencias? Lo que está en juego ahora no es una competencia entre símbolos; no se trata de establecer si la situación actual es un puro y simple default, un default “selectivo” o “técnico” o si no es un default, sino qué consecuencias efectivas tendrá el no cumplimiento efectivo de los compromisos de la deuda –llámese como se llame–. Lo que realmente está en juego no es un relato, es el país real en los próximos años. ¿Acaso los potenciales inversores en nuestro país tomarán decisiones analizando los discursos del ministro de Economía o del jefe de Gabinete, o escuchando a la Presidenta? ¿O se orientarán por el comunicado de Standard & Poor’s bajando la calificación argentina?

Este regocijo con una situación en la que todos pierden pero ninguno gana es un síntoma argentino. Como lo es enfrascarse en los relatos, menospreciando los hechos. Conduce a vivir construyendo y confrontando símbolos sin modificar mayormente los hechos. Todavía no aprendimos que la confianza es más necesaria que el poder para construir el bienestar de los individuos y de las naciones.

*Sociólogo.



Manuel Mora y Araujo