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Filosofía y política

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Tempranamente, Pu-yi, el Señor de los Diez Mil años, el Hijo del Cielo, en fin, el Ultimo Emperador, tal cual lo muestra la película homónima de Bernardo Bertolucci, descubrió que todas esas descripciones que lo invocaban dentro de La Ciudad Prohibida extramuros no significaban nada. Dentro de los límites de su territorio ostentaba el poder absoluto –ni siquiera mirarlo se podía–; afuera, en cambio, el mundo seguía su curso, indiferente a su investidura, en el formato de una breve y débil república que pretendía dejar atrás la estructura de poder propia del antiguo imperio chino.
No bien ingresé al palacio recordé la película. Había dejado de ser Samuel Cabanchik para pasar a ser el senador Samuel Cabanchik –y para nunca dejar de serlo del todo: sólo se agregará a mi nombre (¿y a mi nueva esencia?) mc para indicar “mandato cumplido”–. (...)
Como en La Ciudad Prohibida al final del imperio, en el palacio los senadores son hijos del cielo: su paso no es interrumpido por nadie, están más allá del escrutinio de la seguridad del edificio, toda puerta que no sea dominio de otro senador está permanentemente abierta para él, sus asesores mantienen distancia caminando detrás de él, especialmente si lo hace junto a un colega de la Cámara.
Es en el contexto de esta envoltura celestial del palacio que debe entenderse el ya tratado tema de los despachos. Desde el punto de vista del territorio, dentro de los despachos de un senador su voluntad es ley –y en los espacios comunes lo es distributivamente la voluntad de cada uno de ellos–. Sin embargo, esta dimensión simbólica, más allá de su eficacia y del asombroso y cuidado respeto del que goza por parte de todos, convive con otras realidades o “lógicas” que la atraviesan y la incomodan: intramuros, con el poder administrativo y parlamentario en manos de la bancada mayoritaria –siempre peronista desde el retorno de la democracia en 1983–, que lleva al oficialismo de turno, las más de las veces, a ser un apéndice del Poder Ejecutivo –y a la principal minoría a ser muchas veces su socio principal–; extramuros, con una dinámica de la vida común donde el senador, en el mejor de los casos, retiene algo de su señorío y sus privilegios, y en el peor, es objeto del desprecio silencioso de una población que aún no acepta plenamente a su dirigencia política.
La mirada histórica sobre el tipo de institución que es un Senado arroja alguna luz sobre la tensa complejidad de estas diversas realidades. En la antigua Roma, el Senatus era en su origen un órgano de consulta del monarca; luego, en tiempos ya republicanos, una institución fundamental; más tarde, en épocas del llamado “Alto Imperio”, un poder debilitado y desplazado por el del imperio militar; finalmente, en el llamado “Bajo Imperio”, un refugio simbólico para “los notables” de la sociedad.
Un espejo más próximo a nosotros nos lo ofrecen los Senados de diversos países cuya organización territorial es federal. En esa clase a la que pertenece el nuestro, más allá de la creciente concentración centralista de la administración en los poderes ejecutivos, el Senado es el espacio de participación de las provincias o estados miembros de la federación en las estructuras del gobierno nacional.
En nuestro país, como todavía sucede por ejemplo en Francia, la elección de los senadores fue tradicionalmente indirecta, a través de las legislaturas provinciales o del Colegio Electoral, situación que cambió con la reforma constitucional de 1994, a partir de la cual se estableció la elección directa de dos senadores por el partido o alianza ganadora y una tercera banca para la fuerza política que saliera segunda en dicha contienda.
Recuerdo haber mantenido una larga conversación sobre este cambio con el senador Adolfo Rodríguez Saá, en peripatética noche neoyorquina post-cenatorial. Intenté defender en vano las virtudes de la elección directa contra una férrea lógica federal –otros dirán feudal– esgrimida por Rodríguez Saá. Mi propia representación –y las de Estenssoro y Filmus– servía de ejemplo a su argumento, ya que la misma no pertenecía a la fuerza que gobernaba el distrito y que ostentaba la mayoría de su Legislatura –la de la CABA–. En cambio, si los senadores por la Ciudad de Buenos Aires hubieran sido electos por su Legislatura, esto seguramente no habría ocurrido.
Si se concibe el Senado como el poder nacional de las provincias, el argumento de Rodríguez Saá es difícil de rebatir. Pero ¿es ésa la realidad política de nuestro Senado? En primer lugar, se observa que la representación partidaria ha debilitado o incluso eliminado las prerrogativas federales. En el Senado las votaciones se deciden a partir de los bloques partidarios, en especial en el caso del bloque mayoritario, cuyo papel es el del oficialismo. Este dato no es por sí mismo decisivo en el debate sobre si la elección debe ser directa o a través de las legislaturas provinciales, sino que se limita a explicitar un componente de la situación. En la elección indirecta, el partido político que gobierna una provincia, o a la Ciudad Autónoma, expresa su voluntad política en el bloque correspondiente en el Senado, mientras que en la elección directa esto puede quebrarse, como ocurrió de hecho respecto de la CABA en el período 2007-2013, donde el Pro no tuvo representación de senadores mientras gobernaba la Ciudad.
Sin embargo, cuando se combina esta cuestión con el hecho de que la dinámica de la política electoral de nuestro país, sobre todo cuando las elecciones coinciden con la elección presidencial, está enteramente dominada por estructuras nacionales –no ya partidarias en el sentido tradicional pero, no obstante, enmascaradas y enquistadas en ellas–, se cae en la cuenta de que la perspectiva federal no tiene la última palabra en los hechos.
Con todo, subsiste una conclusión crucial del argumento a favor de la elección indirecta de los senadores: la razón misma de ser del Senado se pierde, o al menos reduce su eficacia, si no respeta el signo político de los estados que tienen en él su representación. Contrarrestar esta tesis implica una realidad política de la que estamos lejos: la que supone que los representantes de las distintas provincias argentinas pongan los intereses de las mismas por encima de las fidelidades partidarias.

*Filósofo y ex senador. Fragmento del libro Desde el palacio (Ed. Galerna).



Samuel Cabanchik