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Instituciones y demandas socioeconómicas

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Nuestro escenario político registra dos tipos de demandas básicas: por un lado, la vigencia de instituciones republicanas, y por el otro una respuesta a los reclamos socioeconómicos de las mayorías ciudadanas. Demandas que se hacen por separado, y en general por sectores sociales diferentes, sin atender a la necesidad de encontrar caminos de convergencia entre ambas, ya que no sólo se interconectan sino que también pueden retroalimentarse en aras de una convivencia republicana con un bienestar generalizado, dejando atrás el viejo y falso dilema entre libertad e igualdad.
Las propuestas que se limitan a la defensa de instituciones republicanas reciben el apoyo preferente de las minorías informadas, y pocas veces alcanzan éxitos electorales que las garanticen. Por su parte, las demandas reducidas a lo socioeconómico, sin preocupación por las garantías institucionales, son apoyadas por mayorías que suelen terminar consagrando gobiernos populistas.
El poco respaldo que reciben las demandas institucionales aisladas de lo socioeconómico lleva a sus defensores a sostener que la democracia queda reducida a la simple emisión del voto; mientras que los sectores que reclaman soluciones socioeconómicas afirman que el solo derecho al voto lleva a una democracia formal que no se hace cargo de los problemas que los aquejan. Y ambos tienen razón, ya que esas propuestas parciales llevan a una democracia débil. Para fortalecerla es necesario integrar ambos reclamos; y para esto se requiere: 1) completar la propuesta institucional de manera que la misma incluya la atención de las demandas materiales; y 2) hacer que las mayorías populares internalicen la importancia de las instituciones republicanas para no caer en el populismo.
Para alcanzar lo primero, que es también lo principal, la propuesta institucional debe incluir políticas de fomento a la producción de riqueza; la que distribuida equitativamente servirá para atender las demandas de las mayorías. La producción eficiente es requisito básico para una distribución satisfactoria, como lo muestran el caso cubano y el venezolano, que con políticas igualitaristas sin respaldo productivo terminaron en desabastecimiento.
La ampliación de la propuesta institucional a los efectos de alcanzar los objetivos socioeconómicos resulta imprescindible para interesar a las mayorías en los principios republicanos. Esas mayorías saben que las generosas declaraciones distributivas contenidas en las disposiciones de la Constitución nacional nunca han servido para combatir los altos índices de pobreza y exclusión. Si las instituciones cuya vigencia se reclama siguen limitadas a garantizar los derechos y las garantías constitucionales, no cabe esperar que esas mayorías hagan suyo ese tipo de reclamos.
Desde la economía se han hecho aportes importantes para crear las condiciones que incrementan la producción y la productividad; sólo falta la voluntad política y la capacidad técnica para ponerlos en práctica. Entre los muchos aportes, el de Acemoglu y  Robinson con su obra Por qué fracasan los países, por ejemplo, muestra las ventajas de instituciones inclusivas que crean incentivos para la inversión y el trabajo, frente a las extractivas, que apuntan a extraer rentas y riquezas. A esas instituciones inclusivas deberán sumarse otras que, como los Consejos Económicos y Sociales, sirvan para que los diversos grupos de intereses, con la supervisión del Estado, alcancen acuerdos que garanticen una distribución justa de la riqueza producida.
Cuando las mayorías ciudadanas registren que las instituciones republicanas vienen acompañadas de otras que se traducen en propuestas convincentes para satisfacer sus demandas estarán en condiciones de revisar su indiferencia anterior y así poder internalizar una valoración positiva de las instituciones, incluidas las republicanas.

*Sociólogo.



Omar Argüello