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La auditoría sobre corrupción que pone en jaque a los jueces

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Un fantasma recorre Comodoro Py. Por primera vez, la Justicia recopiló la información de todas las causas de corrupción que están en la Argentina en manos de los 12 juzgados federales. Allí aparece el año en que cada una fue iniciada y el estado en que se encuentra. La escasez de condenas, en contraste con la profusión de denuncias, estremece al recorrer las 243 páginas del informe.

El trabajo fue realizado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

El jueves pasado, el material fue entregado al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de controlar y enjuiciar a los miembros del Poder Judicial. Al menos en teoría. En la práctica, el Consejo demostró más eficiencia en frenar juicios políticos que en ponerlos en marcha; un esqueleto burocrático donde oficialistas, opositores, abogados y jueces se anulan mutuamente. Desde la semana pasada sus integrantes tienen en sus manos el detalle de cada causa, el delito investigado, el juez a cargo y su situación actual. Una materia prima que podría dejar en blanco sobre negro las responsabilidades de los magistrados durante las últimas dos décadas.

El gobierno de Mauricio Macri tiene su propio ranking de jueces del fuero federal que desearía ver fuera del Poder Judicial. Lo encabezan el camarista Eduardo Freiler y los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas, a quienes atribuyen parte de la responsabilidad de dormir investigaciones durante el kirchnerismo. Así lo transmiten los protagonistas principales de la Justicia dentro del macrismo.

El jueves, el Consejo debe aprobar el informe y poner en marcha una auditoría para evaluar “el desempeño de los jueces”, “parámetros objetivos de eficacia” y determinar si se respeta “la garantía de independencia” a lo largo de los procesos. Los más esperanzados creen que puede servir como puntapié para renovar el fuero federal. Usarlo para premiar a los acólitos y correr adversarios significaría un nuevo retroceso.

El informe, al que tuvo acceso PERFIL, desnuda por ejemplo la persistencia de causas que datan de 1997 por “defraudación contra la administración pública” que aún siguen abiertas, en estado de “inicio”. Veinte años después. Algunas denuncias provienen de los tiempos en que se apuntaba contra la corrupción del menemismo. También contra la administración de Fernando de la Rúa, como la iniciada en 2002 por “malversación de caudales públicos”, que está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Nº 3, de Daniel Rafecas, que se mantiene en estado de “vista al fiscal”. Pero la mayoría son denuncias contra funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner, una abrumadora cascada de causas que encuentran sus primeras presentaciones en 2005 pero que recién se multiplican aceleradamente desde el año pasado, cuando la debilidad del kirchnerismo se volvía manifiesta.

El informe también deja al descubierto cómo la chispa inicial de la Justicia está en manos de un puñado de denunciantes crónicos. Algunos son prácticamente desconocidos para el público general, como el abogado Daniel Sarwer. La falta de investigaciones de oficio sirve además como síntoma de la inoperancia judicial al momento de actuar por cuenta propia.
El pedido de la auditoría había sido presentado por el Colegio de Abogados porteño.

Su recorrido captura ahora la atención del poder político, dentro y fuera de los tribunales.



Damián Nabot