COLUMNISTAS GRAVEDAD INSTITUCIONAL

La democracia no admite privilegios

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El procesamiento del vicepresidente es uno de los casos de mayor gravedad institucional que ha vivido la Argentina en su historia constitucional. Si bien el procesamiento no implica la condena, expresa la reunión de elementos probatorios suficientes para tomar tan importante decisión en un proceso penal.

Conviene recordar que según la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la legislación interna, el imputado en un juicio está rodeado de garantías para que pueda ejercer su debida defensa. Arribar al procesamiento significa que la investigación ha aportado elementos que sustentan tan grave medida.

En una semana donde el mundo se ha visto sacudido por la detención del ex presidente francés Nicolas Sarkozy y los españoles anuncian el estudio de una legislación más severa para los casos de corrupción, en acuerdo logrado entre las autoridades de las dos fuerzas políticas de mayor representación parlamentaria (PP y PSOE), los medios de comunicación europeos no han dejado pasar desapercibido el caso del vice-presidente argentino.

La situación resulta singular porque si bien en otros países se registran casos de corrupción que afectan las más altas esferas del poder, los sistemas intentan defenderse y aplican medidas sobre los responsables. El caso de la infanta Cristina, sometida con su marido a una investigación penal y excluida de todas las ceremonias de la coronación de su hermano y ahora el del ex presidente francés, que según la Constitución de su país integra el Consejo de Estado, así lo demuestran.

La corrupción afecta el sistema democrático. Tal vez es el más grave flagelo que padece, luego de consolidado como el sistema de organización política con mayor aceptación y el que asegura el efectivo ejercicio de los derechos humanos reconocidos en declaraciones y pactos internacionales. Conjurados los golpes de Estado que asolaron América, terminados los autoritarismos que castigaron Europa, la violación más brutal que se realiza al sistema democrático y a los derechos humanos de los habitantes de la comunidad,  son el uso del presupuesto público destinado al bienestar general y las situaciones de poder conseguidas mediante el voto popular para beneficio de quienes representan al pueblo.

Así se altera la naturaleza del sistema que se funda en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, para otorgar beneficios a funcionarios y grupos privados que lucran con el dinero público en detrimento de la población, especialmente de aquellos más desprotegidos. Los constituyentes que reformaron la Constitución argentina en 1994, hace ya casi veinte años, también lo entendieron de ese modo e incorporaron una cláusula en defensa de la democracia (art. 36) que incluye los actos de corrupción como atentados contra el sistema. Resulta paradojal que muchos convencionales de esa asambea, son hoy las primeras figuras del sistema político.

Pero la originalidad que presenta la situación del vicepresidente argentino frente a otras similares que en este mismo momento acontecen en el mundo, es la absoluta protección que recibe de la titular del Poder Ejecutivo y del grupo político al que pertenece. Así lo han destacado muchos medios de prensa en el transcurrir de la semana, entre los que distingo por su fino análisis el artículo publicado en el diario El País de España el miércoles 2 de julio, en medio de la convulsión europea por el caso Sarkozy.

Cuando no se adoptan las medidas que el régimen constitucional brinda para superar situaciones de magnitud inusitadas, se daña la legitimidad del sistema y se provoca la desconfianza de la población en su efectiva vigencia, máxime si se intenta crear dudas sobre la independiente actuación del órgano judicial y del juez a cargo del asunto.

Si la función pública no se ejerce como servicio, si no se cuidan al extremo las conductas de quienes han sido ungidos por el voto popular ni se usan los medios correctivos que el sistema brinda, la democracia se degrada y se convierte sólo en el disfraz de una oligarquía.

*Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales. Reside en Montevideo.



José Miguel Onaindia