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La democracia no es cómplice del delito

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La democracia se sustenta en la elección popular de los gobernantes expresada a través del sufragio, instrumento que les confiere la llamada “legitimación democrática de origen”. Sin embargo, no corresponde que esos gobernantes invoquen el mandato popular recibido en las urnas para justificar cualquier acto o medida de gestión, porque cuando el pueblo les transfiere el poder político del que es titular, lo hace para que lo ejerzan en el marco de los límites que marca una Constitución.

Dicho de otro modo, el Estado de derecho (que es aquel en el cual los gobernantes conducen los destinos del país sujetándose a los límites que impone una ley superior) no sólo es compatible con la democracia, sino que además constituye su soporte. En pocas palabras, en democracia, “voluntad popular” y “límites en el ejercicio de la función pública” aparecen como conceptos absoluta y necesariamente complementarios.
Este simple razonamiento es el que desdice a los gobernantes mesiánicos, para quienes la voluntad popular constituye una suerte de cheque en blanco para actuar sin otra limitación que el propio liderazgo.

Sobran ejemplos en América del Sur. Obsérvese el caso de Brasil, cuya presidenta, que está siendo sometida a juicio político, declaró, sin atisbo alguno de vergüenza, que es víctima de un “golpe de Estado”, y descalificando al Congreso de su país afirmó que se siente indignada con quienes formularon mayoritariamente la acusación que dio origen al proceso destituyente, invocando haber sido elegida por 54 millones de votos.
Para Dilma Rousseff, esos “millones de votos” oportunamente logrados le impedirían al Parlamento brasileño proceder a la revocación de su mandato. Claro está que se trata de una temeraria afirmación que sólo encuentra sustento en la necesidad política de justificarse, pero que desde el punto de vista cívico-institucional constituye un dislate conceptual cuyo corolario es tornar incompatible a la democracia con la vigencia del Estado de derecho.

En nuestro caso, Cristina Fernández se enrola en esa corriente populista y demagógica según la cual la legitimidad democrática de origen lograda con votos inhibe a los fiscales para investigar, a los jueces para juzgar, a los periodistas para opinar y a la oposición para cuestionar.
Recuérdese cómo la ex mandataria fustigó, durante su gestión, una y otra vez cualquier decisión judicial que frenara sus medidas de gobierno. Sentencias como la que declaró la inconstitucionalidad de la ley de democratización de la Justicia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; medidas cautelares como las que suspendieron la aplicación de la Ley de Medios, o la utilización de reservas del Banco Central para pagar a los bonistas, entre otras, constituían, para la la ex presidenta, una afrenta a la voluntad popular expresada en las urnas al momento de ser elegida.

En esa línea, los fiscales que investigaban estaban movilizados por Magnetto, los periodistas que informaban eran representantes de los buitres y la oposición que cuestionaba era descalificada por haber perdido elecciones. Y ahora, que el voto popular le dio la espalda al proyecto que modeló durante una década, considera que el “verdadero” pueblo es el puñado de fanáticos que fue a apoyarla a los tribunales federales de Comodoro Py, cuando debió declarar como imputada ante el juez Bonadio. Subyace detrás de esa nostálgica movilización el claro objetivo de presionar al magistrado que debía interrogarla.

Para el populismo kirchnerista, la soberanía popular expresada en las urnas no admite límites al ejercicio del poder. Si ello fuera así, los gobernantes elegidos por el pueblo gozarían de una suerte de indemnidad que terminaría convirtiendo esa voluntad popular en un inadmisible justificativo para la comisión de delitos por parte de quienes han recibido el favor popular en las urnas. De más está decir que el razonamiento no sólo es erróneo, sino que se acerca a lo siniestro, porque la democracia jamás puede ser cómplice de quienes delinquen.
La aniquilación de conceptos cívicos elementales ha sido otro de los legados de la década gobernada por el kirchnerismo. Por allí también será necesario encarar un proceso de reconstrucción.

*Profesor de Derecho Constitucional en UBA, UAI y UB.



Félix V. Lonigro