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La educación como política central del porvenir en la Ciudad

Análisis sobre el modelo porteño a implementar en los próximos años.

Maximiliano Ferraro, legislador porteño.
Maximiliano Ferraro, legislador porteño. Foto:Cedoc

Por estos días la educación es tema en todos los medios y protagonista de la coyuntura de nuestro devenir social y político. Y, particularmente en Buenos Aires, a 20 años de la autonomía de nuestra ciudad,  creemos indispensable poner en debate un proyecto educativo común y a la educación como prioridad. Por eso presentamos en la Legislatura porteña el proyecto de Ley General de Educación que contempla la obligatoriedad desde los tres años hasta la finalización de la Educación Secundaria, la creación del Instituto Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires - con el objeto de la jerarquización académica de los educadores- y un incremento en inversión educativa hasta garantizar un piso del 30% del presupuesto destinado a educación.

Han transcurridos muchos años desde la transferencia de los servicios educativos pero pocas reformas y escasas políticas de Estado, y aún no hemos logrado garantizar el pleno derecho social y constitucional a la educación.  

En este contexto y atendiendo a los desafíos que nos plantea un mundo cada vez más complejo, donde conviven desigualdades sociales extremas y diferencias culturales surgidas de diversas causas y orígenes, nos animamos a decir que las políticas insisten en poner a las instituciones en bancarrota simbólica, sin propiciar ninguna construcción de un nuevo orden simbólico que las habite y las vuelva otra cosa. En ese sentido creemos y trabajamos para que la educación se convierta en una política prioritaria  para la Ciudad y para el porvenir.

Es la educación la que construye una ciudadanía común y es la escuela pública  el motor de dicha ciudadanía. Proponemos una política educativa cuyo epicentro sea una nueva laicidad; abierta a nuevos paradigmas que rompa la jerarquía de los saberes; que recupere y devuelva la palabra.

Es urgente discutir la creación de un marco normativo que pueda interpretar e interpelar las nuevas realidades, haciéndose cargo de la crisis de sentido que nos alerta sobre un cambio de época.  Creemos en la justica educativa para distribuir el conocimiento de bienes materiales y simbólicos como así también el reconocimiento de los diversos contextos y actores.

Las políticas de Estado representan  una estrategia fundamental para el destino de la educación y en ella se definen la formación del  ciudadano. Así la educación es un derecho social, perdurable en el tiempo, permitiendo el pleno desarrollo del individuo.

Nuestro proyecto formula algunas reformas, ideas y conceptos propios y de diversos autores y académicos, que sirven para la puesta en común, enriqueciendo el debate de argumentos  con sentido polifónico. Porque una política pública no es cualquier acción del gobierno, que puede ser singular y pasajera, en respuesta a particulares circunstancias políticas o demandas sociales, sino consiste en un conjunto de acciones intencionales, orientadas a la realización de un objetivo de interés público, en este caso, la educación que aspira a una reforma.

Este marco normativo propuesto está agrupado en doce ejes principales, sumados a sus fines y objetivos: Obligatoriedad y Universalización, Justicia Educativa, Calidad, Innovación, Socioeducativas, Educación para toda la vida, Diversidad, Interculturalidad, Descentralización, Autonomía escolar y participación, Formación Docente, Evaluación y Transparencia.

Se instituye al Estado como responsable indelegable en materia educativa, debiendo asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita para todos sus habitantes.  A través de un Incremento en inversión educativa y metas pedagógicas para el logro de los fines y objetivos del sistema educativo, garantizar un piso del 30% del presupuesto destinado a educación.

Se incorpora también un capítulo destinado a la transparencia, que abarca el acceso a la información en materia educativa, mediante  la creación de un mapa educativo público de oferta educativa de gestión estatal y el acceso a la información sobre los aportes a la educación privada.

Y se propone crear el Instituto Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires como un espacio de formación, capacitación  e investigación de saberes y prácticas pedagógicas que aborda áreas humanísticas, técnicas, profesionales y científicas para alcanzar un alto nivel académico y educativo, con el objeto de la jerarquización académica de los educadores, articulada en forma integral a todos los ámbitos del campo educativo, que permita la construcción de una mirada conjunta de la educación a nivel jurisdiccional, regional y nacional.

Solo a través de la educación se pueden generar las bases para una sociedad libre integrada por personas conscientes, preparadas y capacitadas para pensar y actuar de manera autónoma, crítica y analítica. Nuestra propuesta viene a contribuir con una deuda histórica en el proceso de autonomía plena de Buenos Aires, a 20 años de la Constitución de la Ciudad y a 200 años de nuestra Independencia apuntamos a la educación como política central del porvenir. Es una invitación y un desafío a (re) pensar el modelo y proyecto de Ciudad que queremos para los próximos años y construir justicia educativa.

(*) Legislador porteño CC ARI, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura.



Maximiliano Ferraro