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La extrema polarización política

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El 11 de septiembre de 1973, como ha dicho Gabriel García Márquez, el drama ocurrió en Chile, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de ese tiempo, y que se quedó en nuestras vidas para siempre.

Ese golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende significó un quiebre en la respetuosa relación con la Constitución, las instituciones y las leyes que distinguía a Chile como una de las democracias más vigorosas del continente.

En efecto, hasta el golpe de 1973, Chile había experimentado un dilatado período republicano no exento de particularidades, como un gobierno de Frente Popular en 1939, único caso en un país de América latina, en el cual Salvador Allende era ministro del presidente radical Aguirre Cerda.

El golpe de 1973 fue el producto de un proceso político que había adquirido virulencia incluso antes de la llegada de Salvador Allende al gobierno y fue el corolario de la extrema polarización política originada en la formulación de proyectos globales excluyentes: la construcción del socialismo y el socialismo comunitario en la Unidad Popular y en la Democracia Cristiana respectivamente y, por otro lado, la intransigente posición de la derecha con su defensa doctrinaria a ultranza de la propiedad  e iniciativas privadas.

Sin embargo, el proceso que culmina con la instalación del régimen pinochetista no puede ser explicado atendiendo únicamente a las condiciones políticas, económicas y sociales internas, sino que debe tener en cuenta el peso de la dimensión internacional en dicha dinámica.

En el marco de la Guerra Fría, Chile se convirtió en el terreno en el cual las superpotencias desplegaron sus estrategias antes, durante y después del golpe de 1973. Así como los Estados Unidos utilizaron todos los recursos –regulares e ilegales– para instalar una dictadura, para la Unión Soviética el caso chileno era una oportunidad para ejercer su influencia en el tablero político de los países latinoamericanos.

Para los Estados Unidos lo relevante en el caso chileno era evitar que gobiernos de izquierda pudieran gestar una experiencia exitosa de transición pacífica al socialismo con potenciales efectos demostrativos para el resto del hemisferio. Más aún, un gobierno de izquierda en Chile tendría, en la percepción de los Estados Unidos, repercusiones en Europa –especialmente en Francia e Italia– países que juntó con Chile contaban con los más poderosos e influyentes partidos comunistas de Occidente, lo que juzgaba no sólo negativo, sino con implicancias en el balance internacional de poder.

Para la Unión Soviética, el otro polo de la disputa Este-Oeste en la Guerra Fría, América latina importaba no sólo por su peso en la ONU sino porque Chile –a pesar de ser el país más distante de sus fronteras geográficas– constituía una excepción, en el contexto de sus diferencias con la estrategia de la revolución cubana de la creación de “cien Vietnam” en la región, por la tipología europea de su sistema político, con un poderoso Partido Comunista que, además, dirigía la central de trabajadores

El dictador Pinochet se mantuvo en el poder casi diecisiete años y desde el primer día de su instauración, el Estado autoritario se caracterizo por institucionalizar la represión y la persecución de disidentes, tanto en territorio chileno como en otros países. En efecto, el aparato represivo establecido fue capaz, incluso, de actuar en el exterior a través del accionar conjunto con fuerzas de otros países, entre ellos Argentina, en la denominada Operación Cóndor, verdadera articulación regional de la represión ilegal.

La de Chile fue la última de las transiciones en el Cono Sur y fue, como titula su libro el ex embajador chileno en Buenos Aires, Luis Maira, de naturaleza interminable. Esa transición no sobrevino como consecuencia de un alzamiento militar, como sucedió en Portugal en 1974. Tampoco fue la consecuencia de la muerte del dictador, como ocurrió con la España de Franco en 1975, tan admirado por Pinochet por ser ambos “los únicos que hemos derrotado al comunismo”.

La transición chilena, iniciada con el triunfo de la Concertación en el plebiscito de 1998, tuvo lugar bajo las reglas sentadas por el propio régimen autoritario y fue sustancialmente distinta a la argentina, originada en la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, que no registró acuerdos entre la dictadura que se retiraba y los actores políticos democráticos.

Una vez recuperada la democracia, la experiencia chilena revela que la existencia de un Estado capaz de proveer certidumbre en las políticas públicas; el apego a la ley de los ciudadanos; la vigencia de un sistema político edificado sobre la base de amplias coaliciones políticas y una cultura de compromisos y acuerdos entre los actores políticos son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para afrontar los desafíos de la globalización y la inclusión social.

*Ex diputado nacional.



Jesus Rodriguez