COLUMNISTAS LO QUE DIGAN SERÁ USADO EN SU CONTRA

La Presidenta y la Quinta Enmienda

La necesidad de revestir de épica, o de al menos explicar qué sucedió con la interrupción de los pagos a los bonistas, llevó al Gobierno a hablar más de la cuenta y comprometió políticas.

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La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece, entre otras cosas, que “nadie está obligado a declarar en su contra”. En el mismo sentido, cuando a un detenido se le leen sus derechos, también se le manifiesta que lo que sí diga puede ser utilizado en su contra.

En una versión más “refranera”, solemos decir: “El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras”.

En sus discursos de estos días, tanto el ministro de Economía como la presidenta de la Nación han olvidado esa sabia máxima.

Primero fue el ministro, que definió como una “pavada atómica” llamar default a no pagar la cuota correspondiente al bono Discount que vencía el 30 de junio, dentro del período de gracia. Sin embargo, el propio ministro dijo “lean el contrato” en lugar de hablar. Y sucede que el contrato y sus anexos establecen como “evento de default” el no pago. Y se define “pago”, cuando el dinero “vuela” de la Argentina y aterriza en las cuentas en Nueva York de los bancos pagadores. Pero, justamente, eso fue lo que no sucedió, dado que el juez Griesa bloqueó ese “vuelo”. Por lo tanto, leyendo el contrato completo, con sus anexos, como nos aconsejó el ministro, la Argentina, lamentablemente, está en default. Como lo han declarado varias agencias de calificación, incluyendo la agencia de calificación de China (al parecer el mundo comunista se ha sumado a los salvajes capitalistas en el castigo a la Argentina), y la agencia encargada de determinar si deben pagarse los seguros contra default de la deuda argentina.

Y está en default, porque la sentencia del juez Griesa (sentencia con la que no estoy de acuerdo, en su fórmula de pago, pero a quién le importa), ratificada por la Cámara y, por omisión, por la Corte de los Estados Unidos, indica que sólo se pueden pagar los bonos del canje si, simultáneamente, se le paga, en una fórmula preestablecida, a los que no entraron al canje.

El ministro y la Presidenta afirmaron que esto no se podía hacer porque, de cumplir la sentencia, se estaría disparando la cláusula RUFO (la que establece que los bonistas que entraron al canje pueden pedir lo mismo que se les ofrezca “voluntariamente” a los que no entraron al canje, si la oferta es mejor), y que había que esperar hasta enero de 2015, cuando esa cláusula vence.

Pero, después, el ministro y la Presidenta hicieron referencia a una ley argentina que limita el tipo de canjes de deuda que se puede hacer y que “no vence” a menos que se derogue esa ley. Más allá de que resulta controversial si la cláusula RUFO es aplicable a una sentencia “no voluntaria”, en qué quedamos: ¿el Gobierno quiere cumplir la sentencia, negociando a partir de 2015, pero no ahora? ¿O no puede, por ley argentina, ofrecer nada mejor que el canje y, por lo tanto, aun después de fines de año no piensa cumplir la sentencia? Si es esto segundo, la probabilidad de que un tercero privado “compre” este juicio, y todos los demás que están en curso, para luego, a partir de 2015, negociar con la Argentina el pago, se reduce sustancialmente, a menos, insisto, que el Gobierno esté dispuesto a enviar al Congreso argentino un proyecto de ley pidiendo autorización para ofrecer, a partir de enero de 2015, un arreglo diferente a los tenedores de bonos defaulteados en 2001.

Pero además de “estas” palabras, la Presidenta, al anunciar el aumento a los jubilados, se refirió a la Anses y reconoció, por un lado, que la Anses es “parte del Estado”. Esto tiene implicancias en el conflicto con los buitres, desesperados por encontrar activos para embargar del Estado argentino. (Ahora tienen la “palabra” de la Presidenta de que la Anses es parte del Estado).

Y por otro lado, la Presidenta reconoció que más del 40% de los ingresos de la Anses no provienen de los impuestos al trabajo, sino de otros impuestos, IVA fundamentalmente, que pagan, incluso, y repito sus palabras, los jubilados. Es decir, terminó reconociendo que ¡los propios jubilados financian sus ingresos!

Entiendo la necesidad política del relato ante los aplaudidores vocacionales u obligados (¡aplaudieron a rabiar cuando la Presidenta anunció que le habíamos pagado la primera cuota al Club de París! Parecían los acreedores y no los que pagamos con impuestos e inflación). Pero, en estos momentos, resulta imprescindible recordar que todo lo que digamos será usado en nuestra contra.



Enrique Szewach