COLUMNISTAS DISCRECIONALIDAD

La reforma judicial produce ajuste

Es cierto que se invierte en medio de guerras civiles, pero sin límites legales la tasa de retorno es mayor y, para que se logre ese rendimiento, se reduce el valor del patrimonio, las propiedades y el trabajo.

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Hace rato que el Gobierno está instrumentando, con la necesaria complicidad de los legisladores oficialistas, con el inexplicable apoyo, en algunos casos, de la oposición y, en otros, con un ensordecedor silencio de la Corte Suprema, una reforma constitucional de facto, eludiendo los mecanismos que la propia Constitución, que juraron defender, establece para ser modificada.

Como en otros negros momentos vividos por la sociedad argentina, “el fin justifica los medios”.

La voluntad del voto mayoritario es interpretada como un mandato incondicional y cualquier impedimento al ejercicio irrestricto del poder se califica como una actitud “corporativa”.
Para los ideólogos de estas acciones, los mecanismos de frenos y contrapesos que la Constitución establece para el ejercicio del poder de las mayorías electorales no son más que rémoras anacrónicas heredadas de otro período histórico de la Argentina y el mundo. Y deben ser removidas, para que las reemplace un marco institucional que se adapte mejor a los nuevos tiempos.

El Estado, en este entorno, es un ente superior que vela por el bienestar de los ciudadanos y debe tener las “manos libres” para defender el interés general.

La reforma de las instituciones judiciales que se pretende en estos días será, casi seguramente, ley en pocos días y, salvo que haya jueces valientes y con celeridad de acción, habrá que convivir con esta situación hasta que una nueva mayoría electoral pueda revertir estas medidas.

Por lo tanto, cualquier debate conceptual resulta hoy inútil. Sólo quiero plantear aquí las consecuencias prácticas, al menos desde la economía, que está teniendo en el país esta particular visión institucional.

El “Estado” no es una entelequia, no está constituido por seres “superiores”, sacerdotes infalibles que saben y velan por el bienestar común. Sólo para dar algunos ejemplos, el Estado, que debe ser “legalmente protegido” de las corporaciones e individuos, es Amado Boudou, Julio De Vido, Aníbal Fernández. O ha sido Ricardo Jaime. Ellos son, o han sido, el Estado en la Argentina.

El segundo comentario que quiero hacer también es de orden práctico. Le propongo a todo kirchnerista un test. Elijan cualquier país de los que encabezan la tabla de posiciones en el índice de desarrollo humano.

Elijan cualquier país en el que quisieran vivir, si no pudieran hacerlo en la Argentina, y chequeen si allí rige un “modelo” de equilibrio de poderes, frenos y contrapesos, e independencia de los jueces como el que aquí se pretende cambiar, o si rige el “vale todo” de las mayorías.
Si hicieran con honestidad esa prueba, toda esta discusión doctrinaria terminaría. Y éste es el punto “económico” que quiero hacer.

Que los países a cuyas sociedades les va mejor en términos de calidad de vida, y progreso económico, tengan instituciones que, básicamente, incorporan límites a la discrecionalidad del Estado, e independencia de los jueces, no es casualidad. Es causalidad.

Los capitales, el crédito, la inversión y, finalmente, las personas terminan huyendo de países con gobiernos autoritarios donde los derechos humanos y de propiedad están difusos y sujetos a la voluntad de algunos, sin control ni límites judiciales.

La mayoría de los países de la región, en los últimos años, debieron preocuparse por frenar el ingreso de capitales y accedieron al crédito de largo plazo a tasas mínimas. En cambio, de la Argentina se fueron más de US$ 85 mil millones, y el acceso al crédito internacional está vedado o se logra a plazos cortos y a tasas siderales.

Y eso cuando el autoritarismo era sólo una “sospecha” más que una triste realidad.

Es cierto, como dice el viceministro de Economía, que se invierte en medio de guerras civiles.

Pero el punto es que la tasa de retorno que se le pide a una inversión cuya propiedad no puede ser resguardada legalmente es muy superior a la normal.

Y para que ese rendimiento se dé, el valor de los patrimonios, de las propiedades y del trabajo, es decir, el valor de los factores “locales”, se desploma.

El “ajuste” económico contra los déspotas es siempre el bienestar y la riqueza de las personas que los soportan.
Hoy hay una brutal guerra civil en Siria; en ese contexto: ¿cuánto vale una propiedad en Damasco?



Enrique Szewach