COLUMNISTAS CASO BOUDOU

Llamado anunciado

Ante la avalancha de pruebas, el juez Lijo va sobre el vice. Intrigas judiciales y preocupación oficial.

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Foto:Pablo Temes

La definición más clara del significado del arreglo de la deuda con el Club de París la dio Ismael Bermúdez: “Es como haber salido del Veraz”, dijo nuestro querido colega con su habitual precisión. Era un paso imprescindible para que el país pueda acceder al financiamiento internacional a bajas tasas de interés, algo de lo cual hoy carece y de lo que tiene una necesidad desesperante. Desde ese punto de vista, el paso dado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es importante para la Argentina. Lo que, en cambio, genera controversia son los términos del acuerdo, según los cuales la así llamada negociación terminó siendo para algunos una verdadera capitulación.

Más allá de eso, es indiscutible que existen aspectos poco claros sobre los que el ministro Axel Kicillof no ha dado aún ninguna explicación. Uno de ellos es por qué se pasó de reconocer una deuda de 6.700 millones de dólares, tal como el mismo Kicillof había señalado unos meses atrás, a otra de 9.700 millones. ¿Cómo es que la deuda creció tanto en tan poco tiempo?

Cuando Martín Lousteau asumió como ministro de Economía de la primera administración de Fernández de Kirchner, uno de sus objetivos prioritarios era solucionar la deuda con el Club de París. La Presidenta no lo consideró así y por ende se terminó pagando mucho más de lo que se exigía entonces. ¿Qué la llevó ahora a cambiar de opinión? Una, el financiamiento internacional a bajas tasas para muchas obras de infraestructura que están prácticamente paralizadas; dos, la necesidad de atraer a inversores y tres, para mandar una señal a la Corte Suprema de los Estados Unidos con la esperanza de obtener un fallo favorable frente al litigio con los fondos buitre que se libra allí.

El llamado a declaración indagatoria al vicepresidente Amado Boudou formulado por el juez federal Ariel Lijo era la crónica de un hecho anunciado. Institucionalmente, este episodio, que no sorprendió a nadie, es grave para la República. Es la primera vez en la historia política del país que el vicepresidente es puesto en una instancia judicial tan delicada. El cúmulo de evidencias contra Boudou reunido en la causa no le dejaba al magistrado otra alternativa. Muchas de ellas aún no han sido conocidas por la opinión pública.

Por eso fueron tantas las presiones sobre el magistrado surgidas desde el kirchnerismo con el fin de quitarle la causa. Se trabajó sin escatimar esfuerzos y formas para forzar una decisión de la Sala I de la Cámara Federal que ordenara el apartamiento de la causa del juez. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py se hablaba de carpetazos con los que se amenazaba a los integrantes de la Sala I. Nada nuevo bajo el sol: así es como el Gobierno ha buscado siempre sojuzgar a muchos jueces honestos que no aceptaron ser rebajados a la condición de súbditos.

Había un voto seguro a favor de la defensa de Boudou: era el del camarista Carlos Farah, un juez que nada hace para ocultar su afinidad por el Gobierno. El voto del juez se filtró y llegó a conocimiento de las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes no dudaron en denunciar la situación. Esto produjo tal impacto que puso freno a esta maniobra ya que los otros dos camaristas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, decidieron no seguir con esta operación.

El dictamen del juez Lijo es contundente en relación con la trama de este escándalo. Se expone allí, con todo detalle, la ejecución de un plan perfectamente planificado para concretar un hecho de corrupción con una ingeniería de sofisticación. No se lo acusa a Boudou de haber consumado un acto incompatible con los deberes de funcionario público, sino que se lo considera uno de los cerebros de un grupo de personas reunidas en torno a la comisión de un delito definida en la figura penal de la asociación ilícita.
De lo que se sabe, Néstor Kirchner quería la destrucción de Ciccone Calcográfica. Por ello había ordenado la renovación de la Casa de Moneda para dotarla del equipamiento necesario que le permitiera satisfacer la demanda de billetes del país. Sin embargo, todo ese proceso se cayó al día siguiente de su fallecimiento cuando Boudou, por entonces ministro de Economía, dispuso la cancelación de las licitaciones en curso de rigor destinadas a la adquisición de la maquinaria y la tecnología de la cual carecía la Casa de Moneda.
Una de las determinaciones de Lijo ha sido la de incluir en el llamado a indagatoria a los representantes de la empresa Ciccone, dejando así sin fundamentos a la defensa del vicepresidente, que había expuesto como una posible causa para apartar al juez el hecho de haberlos citados a declaración testimonial.

El caso Boudou daña no sólo a la Presidenta y a su gobierno, sino también a la República. Para tener una verdadera dimensión de este hecho, valga señalar que el día que el vicepresidente deba declarar ante el juez estará a cargo de la Presidencia, ya que Fernández de Kirchner estará en Brasil participando de la reunión del grupo Brics.

Hasta aquí, Boudou insistió en que todo era un invento de Clarín y que era víctima de un linchamiento por parte de los medios. Algo parecido dijo Richard Nixon cuando The Washington Post publicó las primeras investigaciones sobre el caso Watergate realizadas por Carl Bernstein y Bob Woodward. Durante los meses que duró el largo proceso, el entonces presidente de los Estados Unidos no se cansó de repetir que todo era una mentira, hasta que las evidencias fueron de tal magnitud que debió admitir que todo era verdad. Entonces, no le quedó otra alternativa que renunciar.


Producción periodística: Guido Baistrocchi.



Nelson Castro