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Macri y la Defensa de la Competencia

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La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia de Argentina (LDC) fue sancionada en 1999. Nunca fue aplicada correctamente, porque nunca se formó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) que la misma establece.
El TNDC estuvo pensado como una autoridad técnica, independiente del poder político de turno e independiente de los intereses del sector privado. La administración del matrimonio Kirchner nunca mostró interés en formar el TNDC. En su lugar siguió funcionando como autoridad de competencia la Secretaría de Comercio con dictámenes “no vinculantes” de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Esta forma de funcionamiento hizo que las decisiones en materia de competencia priorizaran objetivos “políticos” y no objetivos “económicos”. Todo esto se terminó de evidenciar el año pasado (2014) con la sanción “de la nueva Ley de Abastecimiento” a través de la cual derogaron todas las atribuciones del TNDC y se las traspasaron formalmente al secretario de Comercio.
La administración Kirchner utilizó la LDC como instrumento para intentar combatir la inflación. El objetivo de la LDC es proteger el bienestar de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los mercados. No es el instrumento adecuado para combatir la inflación.
Este tipo de legislación se aplica sobre mercados específicos y por este motivo no sirve para resolver problemas macroeconómicos, sino problemas microeconómicos. La inflación, por su parte, se combate con la correcta aplicación de política monetaria y fiscal.
Los instrumentos que la LDC posee son: el control de fusiones y adquisiciones (F&A) y la sanción de conductas anticompetitivas (en particular la formación de carteles y los abusos de posición dominante).
La administración saliente no utilizó efectivamente ninguno de estos instrumentos: durante los últimos años no hubo sanciones relevantes por conductas anticompetitivas y se ha triplicado el tiempo en el cual la CNDC controla F&A.
Es momento de sancionar una nueva Ley de Defensa de la Competencia que incorpore las mejoras que han introducido países que han avanzado más en esta área que nosotros durante la última década (Chile, Brasil, Colombia y Perú).
Entre estos avances deben destacarse los programas de clemencia: estos otorgan inmunidad a los miembros de un cartel que delatan a los demás miembros del mismo y colaboran con la agencia de defensa de la competencia brindando información que permita sancionar y eliminar al cartel.
Finalmente, siguiendo las recomendaciones de la OECD en esta materia, también se debe avanzar en la creación de una autoridad de defensa de la competencia técnica e independiente. Este tema, quizás no sea urgente, pero es prioritario para mejorar la asignación de los recursos de la economía y la competitividad de la Argentina

*GPR Economía. Ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.



Diego Petrecolla