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Menem y Boudou presos

En Brasil, ninguno de los dos estaría en libertad.

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Foto:Cedoc

El futuro de la democracia argentina depende menos de quienes vayan siendo electos presidentes del país que de llegar a tener un Poder Judicial que sea totalmente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Con la recuperación de la democracia, se recuperó el Poder Legislativo y la elección del Poder Ejecutivo por el voto popular. Pero no se terminó la tarea de contar con una verdadera división y equilibrio de poderes, en el cual el Poder Judicial no pueda ser condicionado por el poder político. En Brasil, Menem y Boudou, por ejemplo, estarían presos porque la Constitución de ese país le da al Supremo Tribunal de Justicia, equivalente a nuestra Corte Suprema, la competencia de juzgar directamente al presidente, vicepresidente, todos los ministros y legisladores del Congreso Nacional. Y además existe, con un escalón jerárquico inferior, el Tribunal Superior de Justicia, con iguales atribuciones para juzgar a los gobernadores, sus vices, sus ministros y los legisladores de los Congresos de lo que sería equivalente a nuestras provincias.

Un buen ejemplo de cómo los políticos en Brasil sienten los ojos de la Justicia en la nuca sucedió en 1988, cuando se aprobó la nueva Constitución. El entonces presidente en ejercicio era José Sarney, quien, a pesar de ser el primer presidente civil después de largos años de dictadura, se quejó del empoderamiento que la Asamblea Constituyente le había dado al Poder Judicial, vaticinando que iba a ser muy difícil para el Poder Ejecutivo gobernar con tantas limitaciones.

Casi treinta años después de aquel vaticinio, una parte del partido que controla el Poder Ejecutivo está presa y uno de los administradores de la principal empresa del Estado, Petrobras, tras su condena, tuvo que devolver 30 millones de dólares que había robado. Esto explica, entre otras causas, por qué el Partido de los Trabajadores de Lula puede perder las elecciones el próximo domingo a pesar de haber sido el que más ascenso social y progreso ha producido en el país durante los últimos doce años: los casos de corrupción investigados por la Justicia fueron protagonistas omnipresentes de la campaña electoral.

El referente principal de las condenas al PT fue Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal, quien se acaba de jubilar. Barbosa, a pesar de haber sido nominado por el propio Lula, mandó a la cárcel a la mano derecha del entonces presidente y quien fuera ministro de la Casa Civil, equivalente a nuestro jefe de Gabinete, y número dos del PT, José Dirceu. Para dar una idea de la importancia de Dirceu, quien lo sucedió como ministro de la Casa Civil de Lula fue la propia Dilma Rousseff.

Joaquim Barbosa recibirá este martes 21 de octubre el Premio Perfil a la Libertad de Expresión Internacional, en una ceremonia que se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a las 19. Allí hablarán Luis Moreno Ocampo, el argentino que tuvo a cargo durante nueve años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y por videoconferencia el ex fiscal italiano Antonio Di Pietro, alma máter del proceso judicial anticorrupción llamado mani pulite, por el que se condenó a políticos italianos. Paralelamente, el mismo premio que Barbosa recibirá por su acción internacional lo recibirá en el capítulo nacional el presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Ricardo Lorenzetti.
La coincidencia de dos presidentes de los principales tribunales de Brasil y Argentina junto a dos fiscales de resonancia internacional en un evento tiene como fin continuar instalando en la agenda nacional, como tema prioritario, la importancia de aumentar el peso institucional de la Justicia y el equilibrio de los tres poderes públicos.

Editorial Perfil viene sosteniendo la necesidad de encarar una revisión profunda de la corrupción para que el próximo gobierno no “dé vuelta la página”, corriendo el riesgo de reproducir el mismo sistema con otros beneficiarios.

Ese “mani pulite argentino” (otros sectores lo bautizaron como la “Conadep de la corrupción”) deberá contribuir a trazar una línea equivalente a lo que fue el Nunca Más y todos los juicios y condenas que se derivaron de él por ataques a los derechos humanos durante la dictadura.

La corrupción no tiene sólo consecuencias económicas aumentando el costo del Estado y haciendo más ineficiente la administración pública. La corrupción afecta el funcionamiento del propio sistema político y el ejercicio del periodismo porque, al atravesarlo con el dinero fácil de la corrupción, afecta la independencia de los medios de comunicación, trastocando todos los valores. En su dimensión, es como la droga.

Editorial Perfil continuará con esta campaña: el próximo acto será una serie de conferencias de Antonio Di Pietro cuando visite Argentina, antes de fin de año.



jfontevecchia