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Odebrecht y el Plan Cóndor de la corrupción

Argentina fue vanguardia en Sudamérica con los juicios a los comandantes de la última dictadura y generó una doctrina latinoamericana que, aunque no haya llevado a la cárcel a la mayoría de los militares de otros países, igual sirvió de escarmiento histórico e inviabilizó cualquier intento de golpe militar futuro en la región.

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Strassera y Moro, justicieros de Argentina y Brasil.
Strassera y Moro, justicieros de Argentina y Brasil. Foto:cedoc

Argentina fue vanguardia en Sudamérica con los juicios a los comandantes de la última dictadura y generó una doctrina latinoamericana que, aunque no haya llevado a la cárcel a la mayoría de los militares de otros países, igual sirvió de escarmiento histórico e inviabilizó cualquier intento de golpe militar futuro en la región.

Ahora es Brasil el que se adelanta a todos los países latinoamericanos con el juicio a la corrupción de políticos y empresarios, creando una jurisprudencia aún más inmediata a nivel regional porque la misma empresa envuelta en el caso Lava Jato, Odebrecht, actuó en la mayoría de los países latinoamericanos y cada descubrimiento que se realiza en el juicio llevado en Brasil tiene repercusiones automáticas en los diferentes países.

De la misma forma en que hubo dictaduras militares simultáneamente en la mayoría de Sudamérica y un plan común de represión, el Plan Cóndor, la matriz de pago de sobornos por obra pública también ha sido común en casi toda Latinoamérica.

Esquema de corrupción masiva equivale a plan sistemático de represión, uno con dictaduras y otro con democracias

En su momento el fiscal Julio Strassera contra los ex represores y ahora el juez Sergio Moro contra los corruptos terminaron siendo los justicieros de un cambio de paradigma que elevó un escalón el nivel de institucionalidad de nuestros países.

Y tanto Argentina como Brasil pagaron y pagan un alto precio por asumir ese liderazgo moral, porque la conquista jurídica no está exenta de costos económicos: si Alfonsín se hubiera conformado sin un juicio a los comandantes de la dictadura, no habría tenido los tres levantamientos carapintadas que generaron inestabilidad, que junto con los paros generales y sus propios errores macroeconómicos derivaron en la hiperinflación. El mismo costo económico paga Brasil hoy por ser vanguardia en ética regional, comenzando por destruir una de las empresas más importantes de su país y una de sus pocas multinacionales, y generar una inestabilidad política que también es causa, entre otras cosas, de los tres años de recesión acumulados de Brasil, país que vive su peor crisis económica en ochenta años, diferente pero comparable con la de Argentina (la hiperinflación e hiperdevaluación de 1989, también la peor crisis económica hasta entonces).

Menos costoso sería esconder la basura bajo la alfombra, pero los países que se atreven a levantar la vara de sus instituciones construyen futuro aunque paguen su costo en el presente. Es lo opuesto al populismo, que consume futuro en el presente.

Brasil, que llegó hace cuatro años a ser la sexta economía del planeta y la iniciadora del BRIC, no podía ser una potencia mundial y competir en la liga de Rusia, India y China si sus principales empresas, como Odebrecht, lograban ser multinacionales sobre la base de pagar coimas. Ese capitalismo de amigos tenía un techo.

No es esencialmente distinto el comienzo de empresas de obra pública en Brasil, llamadas empreiteiras, como Odebrecht, del de varias empresas argentinas de la era K. Odebrecht fue la que más creció con la dictadura militar en Brasil (1964 a 1985); antes de la dictadura, la mayor empreiteira era Camargo Correa (sigue siendo una de las más grandes), fundada por el cuñado del gobernador de San Pablo de entonces, Adhemar de Barros. Como si Lázaro Báez hubiera logrado consolidarse y, con el paso del tiempo, ganado respetabilidad.

El mejor ejemplo es que Odebrecht no participó de la obra de infraestructura más importante predictadura, que fue la construcción de Brasilia, la nueva capital de Brasil, inaugurada en 1960. Odebrecht nació en 1944 en Bahía y su crecimiento exponencial coincide con los gobiernos militares de Brasil, con los que se consolida la práctica de pago de coimas. En cuatro décadas, Odebrecht consiguió ser la primera constructora de hidroeléctricas del mundo, la cuarta en suministro de agua, la quinta en construcción de puentes, la sexta en aeropuertos y la séptima en carreteras. Con 170 mil empleados, Odebrecht además es la dueña de Braskem, la quinta mayor petroquímica del mundo y la mayor de Latinoamérica. Construir una empresa así lleva medio siglo; destruirla, mucho menos, pero quizá sea el costo a solventar por Brasil para algún día dejar de ser un jugador sólo regional.

Odebrecht ya pagó la mayor multa de la historia, 3.500 millones dólares, a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, para no ser proscripta de futuras licitaciones. Sólo en Perú, además, tuvo que pagar una multa de 300 millones de dólares por coimas entregadas para la construcción del subte de Lima y se le canceló el contrato de 7.000 millones de dólares por la construcción del Gasoducto Sur. También se libró la orden de detención del ex presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de dólares por coimas de Odebrecht.

Cuando en las próximas semanas se vayan conociendo los nombres de quienes recibieron coimas en Argentina (en Brasil lo llaman “la confesión del fin del mundo”), se podrán repetir detenciones como las de Perú, donde el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, reclamó que Odebrecht se vaya del país.

En Panamá, Odebrecht aceptó pagar una multa de 60 millones de dólares y el conocido estudio de abogados Mossack Fonseca, el de los Panamá Papers, fue allanado en busca de pruebas de “donaciones” de Odebrecht.

La mayor multa de la historia a una empresa US$3.500 millones de Odebrecht contra US$ 1.500 millones de Siemens

En República Dominicana pagó otra multa de 184 millones. Y sin que aún haya tenido que pagar multas, se descubrió que Odebrecht pagó coimas de 35 millones de dólares a políticos en Argentina, 11 millones en Colombia, 11 millones en México, 33 millones en Ecuador y 98 millones en Venezuela. El suyo es el mayor caso de multas por corrupción del mundo; hasta ahora, Siemens había tenido que pagar 1.500 millones de dólares y, más modesta, Daimler Chrysler pagó solamente 195 millones de dólares por sobornos en 22 países.

Brasil tiene el costo económico pero toda Latinoamérica se beneficiará de la lección a los empresarios que paguen coimas y a los políticos que las reciban.

Otro punto de inflexión es que Estados Unidos se sumó juzgando casos de corrupción cometidos fuera de sus fronteras, siempre que el dinero haya pasado por sucursales de bancos en Estados Unidos, como sucedió con el escándalo de la FIFA. El miedo a la extraterritorialidad de los juzgados norteamericanos está llevando a los corruptos a no hacer más contratos en dólares ni recibir retornos en esa moneda sino en euros, porque temen que los jueces norteamericanos se consideren con jurisdicción para actuar en casos de corrupción en cualquier lugar ante el solo hecho de que se hayan usado billetes norteamericanos, dólares, para el pago de esas coimas.

Un nuevo mundo está surgiendo en esta materia, al que se suma la creciente dificultad de mantener ocultas grandes cantidades de dinero en negro por los blanqueos producidos en la mayoría de los países y la bancarización compulsiva en operaciones de cierto monto. Sumado a que la tecnología informática permite penetrar cualquier base de datos, copiarlos y transportarlos en segundos.

A diferencia del menemismo, cuando las coimas por las privatizaciones se pagaban directamente en el exterior, por el default de 2002 y la exclusión de la Argentina del sistema financiero internacional, durante el kirchnerismo las coimas se pagaron dentro de Argentina y por eso se precisó generar facturas truchas para justificar su pago: el primer caso de corrupción K publicado en los medios (fue en PERFIL, no casualmente) fue el de Skanska con la construcción del Gasoducto Norte, descubierto por la propia AFIP al investigar evasión por facturas truchas. Los sucesivos incendios de los depósitos de documentos buscaron esconder esa huella primitiva. En el caso de Brasil, Odebrecht directamente triangulaba con la paraestatal Petrobras, su principal cliente, de la que recibió 2.250 millones de dólares en sobreprecios (de un total de 6.400 millones desviados por Petrobras) para repartir entre políticos. Se estima que pagó 800 millones de dólares en coimas en los cuarenta países que actúa.

El juez Sérgio Moro vendrá en marzo a la Argentina a disertar, invitado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires: será un buen momento para que los políticos y empresarios proveedores del Estado presten atención, porque no podrán seguir operando de la misma manera en el futuro. Con sólo 43 años, Moro ya fue propuesto por la Asociación de Jueces Federales de Brasil para concursar por el puesto en la Corte Suprema dejado vacante por la jubilación de Joaquim Barbosa, el otro juez héroe de Brasil, quien comenzó deteniendo a ministros por el caso Mensalão y vino a Argentina en 2014 a recibir el Premio Perfil.

Moro recibió las mismas críticas que Barbosa: ser un agente político de la oposición, tener ambiciones electorales y querer ser candidato a presidente. Terminado el juicio del Mensalão, Barbosa se jubiló y vive una vida alejada de los medios; sólo quería hacer bien su trabajo.

Junto con el creciente descreimiento de los políticos en toda la región (Latinobarómetro registra la menor confianza en la democracia de las últimas décadas), especialmente potenciado por la idea de que todos son corruptos, también comienza a surgir una esperanza: que gracias a la cooperación internacional de la Justicia de distintos países, interconectada cada vez más, se esté creando una red de control supranacional que permitirá erradicar la corrupción sistémica.