COLUMNISTAS NEGOCIACIONES Y FONDOS

Post pago soberano

PERFIL COMPLETO

El gobierno argentino podrá tomar la decisión política que crea mejor respecto de su deuda, sea ésta externa o interna. Desde endeudarse o no, hasta pagarla, en qué términos o incluso no pagarla en absoluto. Sin embargo, pensar que podrá también operar del mismo modo sobre las consecuencias de esas definiciones sólo puede provenir de una visión muy sesgada de la economía y la política.

En este contexto, la primera cuestión que pudo decidir el gobierno asumido en 2003 fue cómo afrontar la deuda externa contraída por gobiernos anteriores y en default. Se la renegoció con una importante quita.

En las reestructuraciones de 2005 y 2010 se mantuvo la ley y la jurisdicción de Nueva York. ¿Por qué? ¿Kirchner y Lavagna eran agentes de los buitres? Seguramente no. La razón era que a los inversores internacionales les inspira más confianza la Justicia de los Estados Unidos que la de la Argentina y sería, aun cuando posible, casi absurdo poner a esos jueces a aplicar ley extranjera como se pretende ahora. Si bien parecen obvios, los motivos de desconfianza no vienen al caso ahora.    

El pacto de jurisdicción y la ley neoyorquina, al igual que la célebre cláusula RUFO, trajeron beneficios concretos a la Argentina. La seguridad de que no habría ofertas mejores en el futuro a quienes no entraran en el canje seguramente fue un elemento altamente disuasivo para muchos de quienes pensaban litigar y que, en cambio, resolvieron adherir a la propuesta que se hizo. La tasa de interés a pagar en los nuevos bonos siempre hubiera sido más alta de no existir estas seguridades e incluso hubiera sido muy difícil concretar una renegociación casi total de la deuda bajo ley y jurisdicción nacionales.

Así, la Argentina se benefició de esos pactos. Le cobraron menos interés y el canje tuvo una altísima adhesión en razón de ello. Esto debe ser entendido. Se ahorraron muchos millones de dólares a causa de Nueva York y RUFO. Por intereses en un caso, y en condenas a pagar al 100% de la deuda que hoy serían una realidad en el otro.

Quizás por esa razón, en la emisión de los bonos holdout no existió una cláusula, como en las leyes de quiebras nacionales, donde la quita aceptada por una mayoría de acreedores se aplica obligatoriamente al resto. Esta especie de promesa de no default, semejante a la fallida “intangibilidad” de los depósitos de 2001, en su momento probablemente hizo más baja la tasa que se comprometió a pagar la Argentina.

Es más, hasta la propia existencia de los denostados buitres pudo haber contribuido a aliviar la tasa de interés que el país ha pagado. Si hubiera dudas, sólo cabe imaginar la existencia de una cláusula “antibuitres” que prohibiera la venta en caso de default. Si cobra la tasa que cobra es, en parte, porque el acreedor sabe que podrá deshacerse del crédito aun en la peor de las hipótesis.

La Argentina ya obtuvo beneficio de estas situaciones que hoy se ponen en duda o son criticadas con superficialidad. Se consumió el beneficio y ahora se acerca a una renegociación de la deuda con consecuencias inevitables si se piensa en las enormes necesidades de captar ahorro externo e interno que tiene la economía doméstica para su desarrollo.

Estas consecuencias no las padecerá Paul Singer, a quien 1.500 millones de dólares no le cambian la vida, menos aún Barack Obama. Las pagará el pueblo argentino, en especial los más pobres, los que no tienen vivienda, que por mucho tiempo no tendrán créditos hipotecarios o de largo plazo como en los países normales; los trabajadores asalariados que perderán su puesto o verán decrecer su salario real si los empresarios no pueden invertir y los jubilados, presentes y futuros, a quienes el Estado seguirá expoliando por no tener crédito ni moderar el despilfarro.

Como diría Isaiah Berlin, “el hombre teme tanto a lo que desconoce como a lo que conoce y puede predecir sus consecuencias. Por eso ha creado a su alrededor utopías que le sirven de diversión a fin de enfrentar los hechos para los que no tiene solución”.

*Abogado. Director del Centro de Estudios para el Desarrollo. Socio del Club Político Argentino.



Oscar Garay