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Propuesta para no repetir el pasado

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“Good-bye Financial Repression, Hello Financial Crash,” fue el oportuno título con el que Carlos Díaz Alejandro ilustró en 1985 la interacción entre apertura a los flujos de capitales, deuda pública y déficit fiscal en las economías de Latinoamérica. En medio del entusiasmo de los mercados el Gobierno está cerrando el default. Queda pendiente un análisis objetivo del costo de la salida exprés utilizada. Aun así, es necesario que la sociedad se interrogue sobre qué hacer con la deuda pública.

De nada sirve autoconvencernos de que ésta vez será diferente. Tampoco sería óptimo no tomar deuda en absoluto. Perderíamos posibilidades de inversión en infraestructura y crecimiento. Necesitamos acordar un esquema integral que dé mucha mayor transparencia e institucionalidad al endeudamiento.

El primer paso es cumplir cabalmente lo que indica la Constitución en su artículo 75 restableciendo el control del Congreso sobre la deuda pública.

El nuevo endeudamiento, sean bonos, préstamos, letras u otros instrumentos, debería ser discutido en Audiencias Públicas trimestrales con expertos, actores del sistema financiero y funcionarios del Ejecutivo. Complementariamente, así como el Congreso de EE.UU. tiene la Budget Office, nuestro Parlamento debería contar con un cuerpo independiente de análisis de la deuda para evaluar escenarios de sostenibilidad y presentar ejercicios de estrés plurianual, así como realizar comparaciones con países similares.

El objetivo de las Audiencias y la oficina técnica sería analizar la deuda relevante del gobierno nacional y del BCRA con: sujetos privados, otros países, bancos multilaterales e, incluso, con el FMI. Se puede excluir por razones comerciales bancos y empresas públicas como el BNA, el BICE e YPF. También debería propugnar una total transparencia en las adjudicaciones de las colocaciones financieras.

Un sistema de endeudamiento transparente y legitimado en el Congreso, que limite los impulsos cortoplacistas del Ejecutivo, reduciría la tasa de largo plazo que financia la infraestructura. Además, dado el rol excluyente del Estado en el riesgo país, mejoraría el acceso de empresas y provincias a la deuda. Un esquema claro de aprobación previa bajaría la judicialización ex-post de todos estos procesos.

El Gobierno necesita usar intensivamente la deuda externa para: 1) evitar un mayor financiamiento monetario desde el BCRA y 2) no aumentar el estrangulamiento del crédito bancario interno generado por la actual política monetaria. Las necesidades brutas del Tesoro que serían de US$ 33 mil millones sólo este año, a las que habría que sumar al BCRA si renovase los swaps, muestran cuán intenso es el incentivo a endeudarse. En éste y en los próximos años. Blanqueos, liquidar parte del FGS-Anses o acceder al FMI no son alternativas políticamente robustas ni fácilmente implementables.

El bajo nivel de deuda que posee Argentina hace que, a igualdad de condiciones, para un gobierno preocupado en maximizar su aceptación social y electoral sea más tentador financiar el déficit con deuda que con emisión monetaria. Si lo cubre con emisión, según lo que afirman las propias autoridades en base a un monetarismo lineal, aumentaría la inflación entre 6 y 12 meses después. También habría una mayor demanda de dólares con la consiguiente presión cambiaria. Si financiaran el déficit con deuda externa, por el contrario, puede haber apreciación cambiaria y algo menos de inflación. Todo a cuenta de las futuras generaciones.

Sería importante que quienes postulan que la política monetaria debe ser independiente del gobierno de turno, típicamente los propios mercados financieros, propongan que la política de endeudamiento tenga también una regulación y organización institucional más sólida, menos atada a las necesidades cortoplacistas del gobierno de turno.

Los US$ 68 mil millones que los mercados ofrecieron son el canto de las sirenas que escucharemos mientras dure la euforia. La solución no es que un funcionario heroico se ate a ningún mástil para resistir la tentación. Necesitamos un sistema institucional de aprobación y seguimiento de la deuda más transparente, sólido y consensual. Finalmente, todo esto no sería otra cosa que volver a cumplir cabalmente con lo que indica la Constitución.

* Ex jefe de Investigaciones Económicas del Banco Central.



Jorge Carrera