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Recuperar el Estado

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El escenario preelectoral muestra una creciente disposición al diálogo por parte de partidos políticos, organizaciones sociales y cámaras empresarias, dando lugar a voces que hablan de posibles acuerdos sobre medidas destinadas a resolver los muchos y graves problemas del país. Sin embargo, esos diálogos no hacen suficiente hincapié en la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo encargado de que aquellas medidas se hagan realidad: sin un Estado ágil, austero, transparente, eficiente y eficaz, no hay posibilidad de llevar a buen término políticas de Estado.

Hace tiempo que este organismo ha dejado de ser una herramienta al servicio de la comunidad para convertirse en un instrumento de conservación y acumulación de poder al servicio de intereses particulares. Esa apropiación del Estado ha dado lugar a diferentes formas de corrupción: apropiación directa de fondos públicos; negociados con grupos empresarios amigos; acuerdos espurios con sindicatos que comprometen la prestación de servicios básicos, así como el nombramiento de funcionarios públicos atendiendo sólo a objetivos personales o partidarios. Todo lo cual repercute sobre la eficiencia y eficacia de ese Estado.

Estos problemas tienen mucho que ver con la deformación institucional por la cual una sola persona, el presidente de la Nación, al mejor estilo monárquico y acorde con nuestra tradición caudillista, decide por sí y ante sí cómo se utilizan los recursos que se recaudan; aunque esa discrecionalidad también puede observarse en el Legislativo con menor significación relativa.

Urge poner límites a esos abusos a través de una suerte de “Pacto por Argentina” cuyo primer capítulo debe ocuparse de la recuperación del Estado para que funcione como herramienta para la concreción de las políticas sustantivas que se acuerden. Existen ya propuestas que apuntan a terminar con muchos de esos abusos, pero hacen faltan medidas específicas para evitar el daño que produce sobre la eficiencia del Estado la forma en que se reclutan los funcionarios encargados de ponerlo en acción: me refiero a la discrecionalidad en cuanto al número y calidad de los empleados públicos que se nombran sin tener en cuenta las verdaderas necesidades del Estado; distorsión que ha alcanzado niveles alarmantes en años recientes.

Para una recuperación completa del Estado es imprescindible una revisión exhaustiva de la planta de la administración pública a los efectos de determinar el número y las categorías de servidores que efectivamente son necesarios para que cumpla con sus varias funciones. Revisión que deberá ser hecha por una comisión especial, y de la cual surgirá una nómina que será cubierta por concurso público, del que participarán tanto los actuales servidores de la administración como nuevos postulantes; teniendo los antiguos prioridad a igualdad de méritos. Los servidores así elegidos gozarán de estabilidad en el empleo cualesquiera sean sus ideas, pero podrán cesar en sus funciones en razón de que las mismas dejaron de ser parte de los programas de gobierno, o por deficiencias en su desempeño.

Para alcanzar ese objetivo una ley deberá declarar la prescindibilidad de los empleados públicos (como ya ocurrió durante el gobierno de Frondizi y más recientemente en Río Negro), así como modificar el Estatuto del Empleado Público para hacer de ellos verdaderos servidores del Estado y no meros beneficiarios. La misma ley arbitrará los medios para resarcir económicamente a los servidores que deban dejar sus cargos.

Con el mismo espíritu de racionalizar el funcionamiento del Estado otras leyes deberán: a) establecer que las empresas públicas sean manejadas por técnicos nombrados con acuerdo del Congreso por un período de tiempo razonable, pudiendo ser apartados de sus cargos sólo con acuerdo del mismo Congreso; b) evitar los abusos que se cometen con los nombramientos temporarios de funcionarios; y c) suprimir las facultades auto-otorgadas por los legisladores para conceder becas y otros beneficios en pago de favores o para hacer proselitismo, así como establecer mecanismos de control en la fijación de sus dietas y gastos abusivos.

*Sociólogo.



Omar Argüello