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Salvemos las semillas

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Circula una fotografía extraordinaria en la que Javier Mascherano, vestido con la camiseta oficial de la selección argentina, sostiene con la delicadeza que lo caracteriza un papel en el que se lee “Las semillas son argentinas/ Monsanto contamina”.

La transnacional Monsanto produce principalmente herbicidas (glifosato) y semillas genéticamente modificadas. En sus comienzos, proveyó de edulcorantes a Coca-Cola, orgullosa auspiciante de la camiseta argentina.

La protesta de la cual el retrato de Mascherano se hace eco (de manera directa o digitalmente intervenido) se refiere a la posible promulgación de una ley que proteja las regalías correspondientes a la propiedad intelectual sobre las semillas, por la que Monsanto viene peleando desde hace quince años en nuestro país.

Durante su gestión, el ex ministro de Agricultura Norberto Yauhar anunció que Argentina había decidido avanzar con un proyecto de ley de semillas que protegiera la propiedad intelectual de los productores de material genético modificado (la última Ley de Semillas fue promulgada por Lanusse: 20247/73).

El proyecto de ley de semillas que, desde entonces, impulsa el gobierno nacional se propone “proteger la propiedad intelectual de las creaciones fitogenéticas” (art. 1º), definido como “el material vegetal obtenido por descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de los vegetales” (art. 2º), limita la posibilidad de “guardar semilla”, prohíbe cualquier intercambio de semillas no inscriptas en un banco y crea la figura del “agricultor exceptuado” (de pagar el Derecho del Obtentor fijado en el artículo 33), aquel que se inscriba en el Registro Nacional de Agricultura Familiar dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Renaf). La inclusión, eliminación y permanencia del agricultor en el listado será resuelta por un instituto creado con ese propósito. Los infractores a la ley (es decir: quienes intercambien o guarden semillas fuera de su regulación) serán perseguidos civil y penalmente.

México y Perú ya aprobaron leyes de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Salvo en España y Rumania, Monsanto no opera en la Unión Europea por la resistencia a los cultivos transgénicos y a la aprobación de leyes que protejan el patentamiento. En 2012, la señora Cristina Fernández ya promocionaba los proyectos de “la gente de Monsanto”. Mascherano el Grande, no.



Daniel Link