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Trabajo infantil en la Argentina

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La Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil y eleva a 16 años la edad mínima de admisión al empleo. El Estado argentino, como parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, se compromete a proteger al niño contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su educación, o sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, moral, espiritual o social.

En la Argentina, el trabajo en niños menores de 16 años está prohibido y el tiempo de trabajo en adolescentes está regulado, porque los expone a no poder ejercer su derecho a la educación, que actualmente es obligatoria hasta la finalización del ciclo secundario.

Sin embargo, el ejercicio del derecho a la educación no es lo único vulnerado en los niños y adolescentes que trabajan. El trabajo doméstico intensivo y la participación en actividades económicas en la niñez y la adolescencia exponen a los sujetos de este grupo poblacional a múltiples riesgos en las capacidades físicas y psicológicas, y en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho al juego recreativo, la práctica de deportes, el esparcimiento, la sociabilidad con pares, entre otros. La exposición a estos múltiples riesgos y privaciones de derechos no sólo limita el desarrollo de capacidades que favorecen los procesos de movilidad, sino que resulta funcional, además, a los procesos de reproducción intergeneracional de la pobreza y la precariedad laboral.

En la población de 5 a 17 años de edad, en las zonas urbanas y durante los primeros cuatro años del Bicentenario, la incidencia del trabajo doméstico intensivo se revela estructural y afecta en promedio al 6% de esta población. No se advierten cambios en la incidencia promedio en el período. Por el otro lado, la propensión al trabajo económico registró una merma de 1,9 pp entre 2010 y 2013: se pasó de 12,4% a 10,4%. Esta tendencia ha sido progresiva y sostenida.

El análisis conjunto de ambos trabajos, doméstico intensivo y económico, como formas de explotación que afectan a los niños y adolescentes, experimentó una merma de 2,7 pp entre 2010 y 2013 por la caída del trabajo económico. Este pasó de una incidencia de 17,6% a 14,9%. A dicha merma han contribuido la asignación por hijo y la condicionalidad educativa asociada a ésta.

Nuestros estudios indican que la mayoría de los chicos trabajadores no podrá terminar la educación secundaria y, en el mejor de los casos, continuará sus trayectorias vitales en el marco de trabajos precarios, inestables y en condiciones profundamente nocivas para su salud física y psicológica.

Las estrategias de erradicación del trabajo infantil requieren considerar los múltiples aspectos relacionados. Se trata de un fenómeno que se asocia a las estrategias de reproducción de los hogares, a la informalidad laboral, y que encuentra una fuerte tensión con la continuidad educativa en la secundaria. Es válido recordar, por fin, que si bien la educación secundaria es obligatoria en la Argentina, aún no ha logrado realizar las transformaciones necesarias para que todas las adolescencias puedan ser incluidas. En la actualidad, para algunas juventudes la escuela no representa un vehículo de movilidad social y el trabajo precario representa un medio de integración en el marco de la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Erradicar el trabajo infantil es una de las metas con que se ha comprometido el Estado argentino. La obligatoriedad de la educación secundaria seguramente ayudará a producir sinergia entre las acciones del campo educativo y las políticas de erradicación del trabajo infantil en la población adolescente, que es la más comprometida en términos de su magnitud con este problema. Está claro que la solución no es única y se requiere de la asociación de muchos sectores, entre los cuales podrían jugar un papel destacado los gobiernos locales y la ciudadanía informada y sensibilizada con el problema. Esperamos con los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (ODSA-UCA) aportar herramientas a los primeros para el diseño de acciones más efectivas y a lo segundo sumando elementos de reflexión y controversia que construyan opinión pública en torno al tema.

*Investigadora responsable de Barómetro de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).



Ianina Tuñon