COLUMNISTAS COLOMBIA II

Un gran y difícil desafío

El próximo 2 de octubre se celebrará en Colombia un plebiscito para que el pueblo exprese su adhesión o rechazo al acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de Latinoamérica: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Saludo. Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, ante el presidente Santos.
Saludo. Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, ante el presidente Santos.
El próximo 2 de octubre se celebrará en Colombia un plebiscito para que el pueblo exprese su adhesión o rechazo al acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de Latinoamérica: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las últimas encuestas señalan una pequeña diferencia a favor de la aprobación del acuerdo. Atrás podrían quedar más de cinco décadas de una cruenta lucha que dejó 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y más de 6 millones de desplazados (segundo país en el mundo en esa cifra después de Afganistán). Actualmente, las FARC tienen presencia en 24 de los 32 departamentos, principalmente en Putumayo, Cauca, Tolima, Valle del Cauca y Nariño. Su creación, por parte de Pedro Antonio Marín Rodríguez, quien utilizaba los alias “Manuel Marulanda Vélez” y “Tirofijo”, se remonta a 1964, en plena vigencia de la Guerra Fría. A su muerte, en 2008 por causas naturales, lo sucedió como presidente del Secretariado Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”, abatido por el ejército colombiano en noviembre de 2011. El liderazgo pasó entonces a ser ejercido, hasta hoy, por Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timoleón Jimenez”, también conocido bajo el alias de “Timochenko”. En sus inicios, esa guerrilla adhirió al marxismo-leninismo y llegó a contar con aproximadamente 20 mil combatientes.

Durante su mandato, el presidente Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) implementó el Plan Patriota e intensificó la lucha, que ocasionó serias pérdidas a la organización armada, incluidos varios líderes del Secretariado, como Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, abatido en Ecuador en marzo de 2008. Uribe nunca reconoció la existencia de un conflicto armado, sino una amenaza de bandidos terroristas al Estado colombiano. Entre 2006 y 2009, su ministro de Defensa fue Juan Manuel Santos Calderón –un pragmático– y lo sucedió en la presidencia en 2010.
Las FARC financiaron sus acciones con ingresos ilícitos –hasta más de 2.500 millones de dólares anuales– provenientes del narcotráfico, los secuestros, el peaje, la “vacuna” (extorsión) y, en los últimos años, la minería ilegal. Muchos países declararon a la guerrilla colombiana como “fuerza terrorista”, entre ellos: la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú; nuestro país, Brasil y Venezuela nunca lo hicieron; Ecuador la consideró una fuerza irregular.

En las últimas décadas, las FARC cometieron sevicias que vulneraron toda ética revolucionaria, como ser: reclutamiento de menores, violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de rehenes, masacres, secuestros de civiles y abortos forzados.
El 26 de septiembre pasado se firmó en Cartagena el acuerdo de paz, que se someterá a un plebiscito el próximo 2 de octubre. Fue una compleja tarea que demandó cuatro años de arduas negociaciones iniciadas en Oslo (Noruega) y finalizadas en La Habana (Cuba). El equipo negociador por las FARC lo encabezó el duro y hábil Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.
Por parte del gobierno colombiano, entre otros, no puedo omitir destacar a reconocidos, consecuentes y sólidos profesionales como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo (ex secretario de Defensa) y los generales Jorge Mora Rangel y Oscar Naranjo, a quienes tuve oportunidad de conocer y tratar. Ninguno de ellos subestimó a la contraparte, ninguno fue displicente, no ensayaron ni se apresuraron. En extrema síntesis, el acuerdo es muy complejo: contempla el cese del fuego bilateral y definitivo; la “dejación” de armas de las FARC (dejación es un eufemismo que reemplaza a entrega, pues no hubo un claro vencedor en el conflicto); su participación en política; la reforma agraria; el combate al narcotráfico; el resarcimiento de las víctimas; los juicios por crímenes de guerra y el blindaje jurídico del acuerdo.

Un drama no menor serán las tareas de desminado, que demandarán años; Colombia es el segundo país en el mundo en el sembrado de minas antipersonales, que ocasionaron más de 12 mil víctimas en los últimos 25 años.
El optimismo es grande pero, imperioso es no soslayarlo, también lo es la incertidumbre, como consecuencia no sólo del resultado del plebiscito, sino también del control de los mandos medios y bajos de las FARC que no se adhieren al acuerdo, de las personas adherentes que viven del narcotráfico (casi 700 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína en 2015), del sostenimiento económico (inicialmente se asignarían
210 dólares mensuales a los desmovilizados), de la sustitución de los cultivos de coca y del posible incremento del sicariato. Un dato no menor es la permanencia de 6 mil hombres de las Bandas Criminales (Bacrim) y de 2 mil combatientes del Ejército de Liberación Nacional ( ELN).

Las FARC no tendrían –si lo intentaran– un ingreso a la vida política sin grandes obstáculos, la animadversión del pueblo hacia ellos es muy grande y muy distinta la aceptación que tuvieron algunos dirigentes desmovilizados del M-19, a fines de la década de los años 80.
El camino no será sencillo, más de medio siglo de un conflicto desangrante excederá sin duda el mandato del presidente Santos, pero estamos ante un promisorio avance.
Colombia ha dado un gran ejemplo al mundo y, en particular y especialmente, a Latinoamérica: combatió a una letal fuerza terrorista desde el pleno Estado de derecho, sin recurrir –como la Argentina– a un inconducente y lamentable golpe de Estado cívico-militar.

*Teniente general (RE), jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino de 1992 a 1999. Veterano de Malvinas. Fue embajador en Colombia y en Costa Rica.

Martin Balza