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Un largo camino hacia la paz

Los potenciales beneficios económicos, sociales y políticos de acordar con la guerrilla no deben ocultar la necesidad de reducir la inequidad social, que puede comprometer el proceso.

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El acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzado este mes por el gobierno del país recibió muy merecidos elogios. Es un logro histórico, que promete poner fin a más de medio siglo de secuestros, desplazamientos forzados, ataques indiscriminados a poblados y violencia con un saldo de decenas de miles de muertos.

Colombia sabe muy bien cómo cerrar confrontaciones violentas. Tras una década de enfrentamiento entre los dos partidos políticos principales del país a mediados del siglo XX (período que se conoce simplemente como “la violencia”), un acuerdo bipartidario plebiscitado en 1957 puso fin al conflicto.
En 1990, el gobierno colombiano logró arreglos políticos con diversos grupos rebeldes. Por ejemplo el M-19, que se convirtió en una importante fuerza en la Asamblea Constitucional de 1991, y algunos de cuyos líderes se volvieron participantes activos de la vida política democrática.

Pero otras organizaciones guerrilleras (entre ellas la más grande, las FARC, y otra mucho más pequeña llamada Ejército de Liberación Nacional, ELN) se mostraron más recalcitrantes. Con el ELN hay negociaciones en curso, pero no parecen prometedoras. Las negociaciones con las FARC fracasaron tres veces: en los 80, a principios de los 90 y en los albores de este siglo.

Esta vez, parece por fin que la paz con las FARC es posible. Sin embargo, el reciente acuerdo debe pasar un plebiscito convocado para el 2 de octubre, y no todos en Colombia están dispuestos a aceptarlo. En particular, el ex presidente Alvaro Uribe, cuyo gobierno trató de derrotar a las FARC por las armas, lidera una campaña contra el acuerdo.

Según Uribe y su partido Centro Democrático, el acuerdo negociado por el presidente Juan Manuel Santos supone en esencia la entrega de Colombia a los rebeldes. Los oponentes quieren que las FARC se rindan incondicionalmente, algo que sería imposible sin su derrota militar. La buena noticia es que casi todas las encuestas indican que una mayoría de los colombianos votará a favor del acuerdo.

Suponiendo que se apruebe, el gobierno de Santos todavía tendrá que hacer frente a numerosos desafíos, comenzando por la implementación de sus cláusulas políticas, que incluyen la desmovilización de las FARC bajo supervisión de las Naciones Unidas y la creación de oportunidades para la participación política de sus ex miembros.

El gobierno de Santos también tendrá que instituir el sistema de justicia transicional acordado para investigar, juzgar y condenar los crímenes cometidos durante el conflicto, de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Colombia es país firmante. Siguiendo el estatuto, los crímenes contra la humanidad cometidos por miembros de las FARC y otros participantes del conflicto serán castigados según los principios de verdad, reparación y disuasión.

Si las cláusulas políticas del acuerdo se implementan correctamente, pueden ayudar a fomentar la reconciliación nacional. Pero no menos importante es resolver las divisiones sociales de nivel local que aparecieron como resultado del conflicto, particularmente en las áreas más violentas. En esto tendrán un papel fundamental las organizaciones civiles locales e internacionales, junto con los gobiernos regionales y municipales; y la experiencia pasada de Colombia en la superación de desafíos similares puede resultar útil.

A estos esfuerzos hay que ayudarlos con avances en otra área: el desarrollo rural. Esta es la única cuestión económica mencionada en el acuerdo de paz, y es lógico, porque las inmensas desigualdades que caracterizan a la Colombia rural fueron un detonante para la aparición de las FARC, y el conflicto se concentró en esas áreas. (Aunque el desmantelamiento de las actividades de narcotráfico en que las FARC han estado implicadas también puede considerarse parte de esta cuestión, por la necesidad de ofrecer otras oportunidades económicas a los campesinos, es ante todo una cuestión de seguridad.)

El gobierno de Colombia ya está sentando bases para un desarrollo rural exitoso. En 2014 formó una comisión llamada Misión para la Transformación del Campo, que tuve oportunidad de presidir. El año pasado presentamos un plan de acción.

Las recomendaciones de la comisión incluyen medidas para reducir en un plazo de 15 años las divergencias entre áreas urbanas y rurales en acceso a servicios sociales básicos; ampliación de oportunidades para la agricultura familiar, que emplea a nueve de cada diez trabajadores rurales; mejora del acceso de los productores a la tierra; implementación de programas integrados de desarrollo rural en el nivel local; y reformas institucionales para jerarquizar los organismos gubernamentales a cargo del desarrollo rural. Poner en práctica esta estrategia costaría el 1,2% del producto nacional bruto (PNB) de Colombia, y se puede financiar en parte con la redirección de partidas ya existentes.

Pero el acuerdo de paz con las FARC implica también otros costos: medidas de reparación para las víctimas, la desmovilización de las guerrillas y su integración a la vida civil, y el establecimiento de instituciones transitorias que gestionen la implementación del acuerdo. Según cálculos confiables, el costo total (incluido lo correspondiente al desarrollo rural) estaría en el orden del 2% del PNB.
En vista de los beneficios potenciales del acuerdo (económicos y, sobre todo, sociales y políticos), los costos previstos son modestos. Sin embargo, cubrirlos no será fácil, en momentos en que Colombia sufre una importante desaceleración económica y pérdida de ingresos fiscales por el abaratamiento del petróleo.

Por eso el gobierno quiere proponer una reforma tributaria estructural después del plebiscito, cuyo objetivo principal sería recaudar los fondos necesarios para financiar el proceso de paz, pero que también debería buscar una solución a otro importante desafío económico al que se enfrenta Colombia: la desigualdad en la distribución del ingreso bruto y la riqueza, de la que las divergencias entre las zonas rurales y urbanas es sólo un componente.

La experiencia de Colombia (y de muchos otros países) muestra que la desigualdad económica genera inestabilidad social y política. Una respuesta eficaz a la desigualdad es esencial para que Colombia alcance una paz duradera.

*Ex ministro de Finanzas de Colombia.
Profesor en la Universidad de Columbia.
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José Antonio Ocampo