COLUMNISTAS PROCESAN A POLICIAS POR EL INDOAMERICANO

Un riesgoso precedente

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La reciente determinación de la Justicia Criminal Nacional acerca del procesamiento de  41 policías, treinta de la Policía Metropolitana y once de la Policía Federal, ha abierto un debate acerca de cómo prevenir las tomas ilegales de terrenos y si esta reciente decisión judicial ha condicionado la reacción de las fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Nación en las recientes ocupaciones ilegales en el barrio de Lugano.

Con respecto a la primera cuestión, la experiencia del Indoamericano ha dejado importantes lecciones para las agencias estatales involucradas en la seguridad. En primer lugar, se ha comprendido la importancia y el valor de la información. Este tipo de ocupaciones se planifica y se programa, por lo que es posible prevenirlas inclusive antes de que ocurran. Una vez comenzada la ocupación, se ha comprobado que resulta indispensable actuar en las primeras etapas de la ocupación, para lo cual una aceitada coordinación entre organismos policiales y judiciales es una condición esencial.

En segundo lugar, esta experiencia demostró la necesidad de protocolos de intervención únicos entre Policía Federal y Policía Metropolitana que se traduzcan en una única cadena de mandos en el lugar. Finalmente, se comprobó la necesidad de una mejor capacitación del personal policial para desempeñarse en estos operativos y lo importante de privilegiar el uso de armas no letales en lugar de armas de fuego convencionales.

Resulta evidente que la decisión judicial de procesar a estos policías ha tenido un impacto en la actuación de estas agencias con respecto a la toma más reciente. Mientras tanto, una porción de territorio de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra hace ya casi tres meses ocupada ilegalmente ante un estado que pareciera haber abandonado voluntariamente su facultad para hacer cumplir y respetar la ley.

Algunas medidas podrían ayudar a reducir la ocurrencia de estos episodios y a reducir su impacto en caso de que ocurran.

Es necesario que la Ciudad de Buenos Aires genere un registro de localidades susceptibles a tomas e intervenga preventivamente. La implementación de mecanismos de intercambio de información entre Ciudad y Nación con respecto a potenciales tomas es una de las medidas necesarias. Asimismo, es necesario capacitar al Poder Judicial en materia de desalojos judiciales, de forma tal que comprendan cabalmente su complejidad.

* Consultor en seguridad.



Martín Verrier