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Una ciudadanía secular

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El encuentro entre Estela de Carlotto y su nieto resulta tanto un acto de justicia como un hito que invita a pensar en las consecuencias que ha tenido la labor de las organizaciones en defensa de los derechos humanos en la Argentina. Esta tarea sentó las bases de una sociedad más consciente y reflexiva sobre los derechos de las personas respecto de los abusos del poder del Estado.

Hoy es común que estas demandas al Estado se hagan apelando a la condición de ciudadanía. Este es un estatus jurídico que supone un conjunto de derechos y obligaciones para las personas que por nacimiento, herencia o adopción son parte de los Estados. Es mejor ser ciudadano que no serlo: el destino incierto de miles de personas desplazadas e indocumentadas cuyos derechos son vulnerados es prueba de ello. Sin embargo, no hay en la ciudadanía un valor positivo en sí mismo y la vigencia de los derechos civiles, sociales y políticos que la asisten es muy irregular a lo largo del territorio y entre diversos sectores sociales.

Ahora bien, la ciudadanía aparece como un denominador común que articula demandas diversas sin opacar esta pluralidad. Cuando las demandas se pensaban en términos de la lucha de clases, la revolución o el triunfo de la libertad capitalista, el individuo quedaba subordinado a estas grandes empresas. Por dar algunos ejemplos, los derechos de las mujeres y las minorías sexuales y las garantías frente a la represión policial son fuente de interpelación al poder político cualquiera sea su color o partido. Estas reivindicaciones que pusieron al individuo en el centro de la escena también hicieron posibles otras formas de organización diferentes de partidos políticos y sindicatos, como movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales
Una agenda de reivindicaciones en términos de una ciudadanía secular de proyectos políticos es una conquista reciente. En 2003 Juan Carlos Torre en su artículo “Huérfanos de la política” atribuía a cambios en la cultura política de los ciudadanos los patrones de voto de las clases medias urbanas. Según Torre, ciudadanos más conscientes de la responsabilidad estatal respecto de las personas, su integridad física y derecho de libre expresión llevaban a que los electores fueran también más exigentes respecto del desempeño general del gobierno. Las organizaciones de derechos humanos fueron el principio de esta participación y el origen de nuevas demandas, como el freno a la represión policial o la lucha contra la corrupción de los funcionarios.

La contribución de la conciencia que surge de una ciudadanía vigilante frente a los abusos del poder no depende del acceso a bienes y servicios ni a su consumo. No estamos hablando de un ciudadano cuya reflexividad se forja frente a las opciones que le da el mercado, ni de aquel que es interpelado por el Estado en su condición de consumidor. Ambas son contribuciones diversas a una ciudadanía más autónoma, pero la herencia que deja el trabajo de organizaciones como Abuelas beneficia a aquellos que están en inferioridad de condiciones para acceder a la Justicia. Prueba de ello son las acciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) con su patrocinio espontáneo de personas que no tienen recursos para acceder a la Justicia.

El encuentro de Estela de Carlotto con su nieto nos conmueve en lo personal y nos alegra con independencia de nuestra pertenencia política porque Abuelas nos enseñó a demandar, persistir y esperar justicia, y que todas las personas tenemos el mismo derecho a ser respetados por el Estado.

*Politóloga de la Universidad de San Andrés, @lmoscovich.



Lorena Moscovich