Un profundo debate sobre el concepto de “bien público” se abrió por una presentación formulada por la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti –Transexual (ALITT) en la que reclamaron obtener una personería jurídica que hasta el momento la Justicia les negó.

Hace 15 años, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido similar de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA),  pero los tiempos cambiaron y los integrantes del máximo tribunal también, por lo que la agrupación de travestis y transexuales que lidera Lohanna Berkins aguarda un pronunciamiento de la justicia.

Ahora, la ALITT formuló una presentación contra la Inspección General de Justicia (IGJ), luego de que la Sala K de la Cámara Civil les denegara la personería, según informó el diario Clarín.

Bien común. La Cámara argumentó su fallo por que la asociación tiene un objeto social “contrario al bien común”. Esa fue la razón por la que en 1991 la Corte rechazó una presentación de la CHA, que obtuvo al año siguiente la personería jurídica.

Para las travestis y transexuales organizadas, los motivos que adujo la Corte son “arbitrarios, ya que se utiliza un concepto de bien común distinto al que otorga la Constitución y los tratados internacionales”.

“Las asociaciones a las que la IGJ les otorgó personería satisfacen intereses personales”, indicaron en la presentación, para después quejarse porque el “el Estado se reserva la apreciación de lo que es bien común y lo que no”.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que preside Eduardo Luis Duhalde apoyó a las travestis y transexuales y reclamó que se les otorgue personería jurídica.