A más de un mes de la desaparición del testigo Jorge Julio López, los organismos de derechos humanos denuncian que, desde el Gobierno nacional y el provincial, no se está haciendo todo lo posible para dar con su paradero y señalan que, de parte de las autoridades, “no hay voluntad política” para ir hasta el final en la investigación.

“Ya no caben dudas de que se trata de un secuestro”, aseveró a perfil.com, Nilda Eloy, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y una de las principales referentes de la Multisectorial de La Plata que reclama la “aparición con vida” de López y el “castigo a los culpables” del genocidio perpetrado por la última dictadura militar.

“Sabemos de un comunicado, donde se adjudican la ejecución de Jorge, que fue reenviado a algunos medios como Página 12, Clarín y Télam y al ministerio del Interior. Sin embargo, no salió nada en ningún lado”, explicó Eloy. Según la dirigente de derechos humanos, el “comunicado apareció un día después de la desaparición de Jorge, que fue el 18. Decían haberlo ejecutado el día 19 a las 15”.

“ Nuestra sorpresa es que no hubo ninguna respuesta en ningún lado. En otro momento, si alguien se adjudica un secuestro, en seguida se lo difunde, aunque sea como una versión”, expresó Eloy, quien además aclaró que cuando se lo anunció durante una conferencia de prensa, no asistió ninguno de los medios (Página 12, Télam y Clarín). “Nos llamo mucho la atención”, dijo.

Eloy relató que el miércoles 20, cuando salía de una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, recibió un llamado anónimo en el que le decía que si querían encontrar los restos de López debían buscar en la zona de Quilmes. La voz aseguraba además que “los Fernández” eran “los responsables”.

Ese mismo día, un llamado al 911 alertó de la aparición de un cuerpo calcinado en el camino a Punta Lara y dos días después, el viernes 22, Eloy le pidió a Arslanián y al gobernador bonaerense Felipe Solá “la grabación del 911 para verificar si la voz era la misma” que la que había llamado a su teléfono.

Pero “pasaron 30 días y sólo hay retrasos y excusas. La grabación debería haber aparecido”, sostuvo la dirigente.

Según Eloy, la Justicia hizo rastreos y en la compañía de teléfonos, en ese horario, figura una llamada hecha desde un 0800. “ En Telefónica dijeron que se desconocía el nombre del titular de la empresa, pero cuando el juez insistió dijeron que había tres posibles titulares”, relató.

En ese mismo rastreo, cuenta la dirigente, aparecen en su teléfono cinco llamados entrantes del Comando del Ejército. Cuando se investigó, la Fuerza admitió que la línea les pertenecía pero dijeron que correspondía a un conmutador. Después, ante la insistencia del juez cambiaron la versión y dijeron que se trataba de un número de contaduría.

“Declaró una empleada que dice que no sabe nada, que podía ser de un amigo que trabaja en una radio y que quería una nota. Me parece que un periodista nunca me llamaría a mi desde el Ejército”, dijo Eloy.

Además de culpar al Gobierno por “no investigar”, la dirigente de derechos humanos acusó a “los grandes medios nacionales” de “hacer desaparecer la noticia” y dijo que la "búsqueda de la Policía es una fantochada".

Otra de las denuncias que realizó Eloy, tiene que ver con una lista de policías que habría nombrado López en sus declaraciones. “No sabemos qué pasa con esa gente, si ha habido algún movimiento entre ellos, no sabemos quiénes están en la fuerza”, dijo Eloy. “Arslanian dijo que tenia un listado con 60 policías que actuaron en la represión que todavía están en actividad y que jubilaron a 36. No nos han querido dar sus nombres”, agregó

Eloy adjudicó la desaparición de López a “ un mensaje mafioso” y sostuvo que “en la Justicia siguen sosteniendo que es una causa por averiguación de paradero y no por secuestro”.

“Acabar con la impunidad abarca estas cosas también, tiene que haber voluntad política”, dijo Eloy, quien fue compañera de cautiverio de López durante la dictadura.

El día de la desaparición de López habían acordado encontrarse para ir a escuchar los alegatos del juicio, pero el albañil de 77 años nunca llegó a destino.