Faltaban apenas dos días para el arribo de George W. Bush a la Argentina y el inicio de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, cuando la estación de Haedo comenzó a arder.

Un problema técnico en una formación del Sarmiento provocó un incendio en un vagón. La cancelación del servicio produjo una fuerte reacción de los usuarios, que luego derivó en saqueos a comercios y destrozos a vidrieras en los alrededores. El saldo fue el incendio de 15 vagones, la estación y dos patrulleros. Hubo 113 detenciones y 29 personas sufrieron heridas.

Los usuarios apuntaban a las deficiencias del servicio que ofrece TBA, que comanda el grupo Plaza-Cirigliano, mientras que muchas miradas se dirigieron al secretario de Transporte, Hugo Jaime. Pero el ministro del Interior, Aníbal Fernández, denunció que se trató de un “hecho armado y planificado” y acusó a la agrupación Quebracho. Apenas diez días después se conocía un aumento de 32% en los subsidios a trenes y subtes. La decisión partió de una reasignación presupuestaria del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, utilizando un anticipo de los superpoderes que desde esta semana gozará sin fecha de vencimiento.

Hasta el 12 de mayo quedaban siete detenidos por la causa y más de 80 procesados. Pero la Cámara de Apelaciones de San Martín excarceló a Rodrigo Valdez, José Gutiérrez, José Freddy, Cristian Wenk, Matías Barreto y Julio Gutiérrez. A Roberto Canteros le mantuvieron la prisión debido que la tenencia de arma de fuego no es excarcelable.

El juez Germán Castelli, que está a cargo del juzgado Nº 1 de Morón, cerró la instrucción y ahora la causa está en manos del fiscal Marcelo Fernández, que deberá decidir si la eleva a juicio oral. Según la abogada del único detenido, María Fernanda Pereyra, de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), no se realizaron pericias sobre el arma y no hay más pruebas que la declaración de los policías.