La decisión del juez mendocino Raúl Acosta de librar una orden de detención contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ex ministros de Trabajo, Carlos Ruckauf, y Economía , Antonio Cafiero, en los años 1975 y 1976, entre otros, se basa en la firma de tres decretos que dejarían constancia de la responsabilidad de los ex funcionarios en desapariciones.

Según la fuente que reveló al diario mendocino Los Andes la decisión judicial, el juez se basaría en la responsabilidad directa que tuvieron los integrantes del Gobierno Nacional (presidente y ministros) en el dictado de los decretos 2.770, 71 y 72 de 1975.

A través de ellos se constituyó un Consejo de Seguridad Interna y se facultó a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban “ bajo su control operacional” al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que les fuesen requeridos por el citado Consejo “para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión”.

También se facultaba a las Fuerzas Armadas “bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa, proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, se indica.

El contenido de los decretos que complican a los ex funcionarios es el siguiente: el 2.770/75 resolvió la constitución del Consejo de Seguridad Interior y Consejo de Defensa; el número 2.771/75, dispuso los medios necesarios para la lucha contra la subversión; y el 2.772/75, libró órdenes de ejecución de operaciones militarespara eliminar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos.

Es de destacar que en esta época estaba en vigencia una la ley 20.840, antisubversiva, que permitía detenciones por esas presuntas acciones lo que a entender de la Justicia haría menos comprensible el dictado de los decretos en cuestión.