Me pareció necesario circunvalar dos veces la Plaza, pero esta vez sin poder acercarme demasiado al palacio.
Subí por Rivadavia, doblé a la izquierda por Bolívar, giré a la izquierda por Hipólito Yrigoyen y al no poder encarar Balcarce, ya definitivamente clausurada, seguí hasta Paseo Colón. Tras prolongada derivación, repetí el ascenso anterior, le eché una nueva mirada al impertérrito edificio de la SIDE, y la seguí contemplando.
Ahí estaba, alta y rotunda, abulonada y contundente, la reja.
En la Casa de Gobierno de la República Argentina ya no juegan juegos. Tras mantener intacto el vallado portátil que divide a la Plaza de Mayo en dos desde 2001, las autoridades asumieron que el centro edilicio del poder político tiene que ser protegido, en serio y de manera permanente.
Enrejada y, así, mucho más segura, la Casa Rosada se asocia de forma homogénea al inexorable panorama del enclaustramiento argentino. Es coherente con lo que viene sucediendo frente al Congreso: en la vasta y otrora hermosa plaza en cuyo centro se levanta el formidable Monumento a los Dos Congresos, también se termina de completar un dispositivo de protección. De este modo, un extenso cerco de metal protege ahora no sólo al artefacto artístico sino también a sus dos grandes fuentes y sus respectivos ornamentos.
Ambito ideado por el mítico Carlos Thays para el primer centenario de la Revolución de Mayo, son siete hectáreas que representan el mayor espacio verde del centro de Buenos Aires. La Plaza del Congreso, creada por el intendente Manuel Güiraldes en 1910, incluye las plazas Mariano Moreno y Lorea. Tal como sucedió con la Plaza de Mayo y la San Martín, en 1991 la Plaza del Congreso fue declarada patrimonio histórico nacional.
El Monumento a los Dos Congresos, gigantesca obra de más de 13 metros de alto, homenajea la Asamblea Constituyente de 1813 y el Congreso de la Independencia de 1816. Obra del francés Jules Lagae, el bloque urbanístico será reinaugurado con su imponente enrejado para protegerlo de los ataques sistemáticos de quienes creen que la revolución social comienza con la destrucción de las joyas de la Ciudad.
Después le debería tocar el turno al propio palacio legislativo, igualmente devaluado y envejecido, agredido semanalmente por manifestaciones varias, como ha sucedido y sigue pasando con el Cabildo y la Catedral metropolitana. En el inolvidable verano de 2002, el popular animador Fabián Gianola llamaba a incendiar el Congreso “y con todos los políticos adentro”.
Al disponer que la Casa Rosada sea, como corresponde, ámbito respetado y seguro, el Gobierno acierta, pero también provoca confusión o emociones contradictorias.
Mientras doy la vuelta por la Plaza mítica y veo cómo el edificio donde despacha el Presidente queda a salvo de sustos y ordalías destructivas, no puedo dejar de preguntarme por qué si él resuelve (con impecable razonabilidad) que el desorden predatorio no avance sobre la sede física del poder, permite y alienta –en cambio– que una serie interminable de ilegalidades y agresiones se sigan perpetrando, sin intentar evitarlo.
¿No serán “represivas” esas rejas que ahora protegen la vida cotidiana de los principales funcionarios del Ejecutivo? ¿Por qué permiten que 200 energúmenos impidan que la Universidad de Buenos Aires elija democráticamente sus autoridades de manera pacífica y legal?
Alega el Gobierno que garantizar la vigencia de la ley sería “reprimir”, pero quienes ocupan las oficinas de la Casa Rosada, en cambio, sí podrán atender sus asuntos, sin la pesadilla de un tumulto que desperdigue el caos sobre sus oficinas.
Doblez de propósitos, digo, porque no se me ocurre mejor razonamiento: ¿el orden sí es prioritario, entonces, para proteger el propio rancho, pero cuando es la vida cotidiana del pueblo lo que está en juego, se pretende que cualquier intento por hacer cumplir la ley es sinónimo de violencia antipopular?
La Argentina lleva ya muchos años de ejercicio permanente y sistemático del derecho a la protesta, al reclamo y a la petición. Pero los que no vamos al trabajo ni volvemos a casa en helicóptero sabemos muy bien que la justificación del desorden caotizador –alegando que todo intento de darle vigencia al estado de derecho es sinónimo de arbitrariedad autoritaria– cae ante el espectáculo cotidiano de la discrecionalidad de dichos desbordes.
Otro fenómeno, la barbarie vandálica, fue dejando su huella abominable: plazas arrasadas, monumentos destrozados, señalización robada o destruida, patrimonio público saqueado y devaluado, son capítulos integrantes de la misma saga de involución.
Poco y nada se hizo, excepto aceptar con naturalidad el derecho de minorías audaces a tomar el espacio público como cotos privados. Por eso, familiares de víctimas de Cromañón siguen cerrando, casi dos años después de la tragedia, la calle Bartolomé Mitre a la altura donde funcionaba el sitio infame. Por eso, en la Plaza del Congreso la Asociación Madres de Plaza de Mayo montó hace ya años una feria comercial y un sitio de juegos para niños que no parecen sometidos a ninguna reglamentación municipal.
Es por la misma razón que el Gobierno proclama que, aun cuando dice no estar de acuerdo con el nuevo corte de la frontera internacional de la Argentina con Uruguay a la altura de Gualeguay-chú, nada hará tampoco para desactivarlo si ello implica recurrir a métodos drásticos.
Así, comentando la nueva y desoladora derrota diplomática del Gobierno en el Banco Mundial, el Presidente se quejó porque “en los medios se cansaron de escribir editoriales para que reprima. Me decían que era un presidente permisivo”. Enseguida aclaró: “Si hay alguno que piensa que hay que reprimir a los hermanos de Gualeguaychú, que lo escriba”. Remató: “Yo no voy a levantarle la mano”.
El escenario es, entonces, así: el cumplimiento estricto de las normas y la filosofía del estado de derecho se ajustan en la Argentina a predilecciones subjetivas del Gobierno: ciertas ilegalidades son reprimidas y otras puede que no lo sean, porque expresan la voluntad “popular”.
Hay en la Casa de Gobierno funcionarios con una lubricada conciencia de la necesidad del orden y de la autoridad. Por eso, la reja: alta, fornida, desalentadora: reduce la posibilidad de invasiones bárbaras.
Circuito integral: el Presidente llega en helicóptero, despacha protegido por rejas, y regresa en helicóptero a una residencia que, desde mayo de 2003, es más inexpugnable y enigmática que nunca.
Orden, autoridad, ejecutividad, musculatura presidencial. Y una consigna firme: este gobierno no reprime. Eso sí: se cuida.