Su visita a la Argentina bien podría considerarse una premonición. Saadi Kadafi, el hijo de Muammar Kadafi, dictador de Libia y magnate del petróleo, llegó el domingo 19 de noviembre a Buenos Aires. Parecía que su estadía se iba a limitar al acuerdo bilateral para que la Argentina repare un reactor nuclear –con fines pacíficos– de ese país. Pero de manera inesperada, el extravagante miembro de una las familias que más se enriquecieron con la extracción de petróleo en el mundo, se subió a un Lear Jet alquilado para aterrizar en la provincia de Mendoza. Aunque todos decían que se trataba de una escala para descansar, el heredero millonario quería ver con sus propios ojos las tierras petroleras que la provincia iba a licitar para que sean exploradas y, en caso de encontrar oro negro, explotadas. Sin embargo, más llamativo todavía era uno de los acompañantes del tour de 24 horas de Kadafi junior. Esperándolo en el aeropuerto se encontraba José Luis Manzano, el ex ministro de Interior menemista, hoy reconvertido en empresario de medios y también interesado en el negocio petrolero.

Mendoza no es la única región interesada en que descubran petróleo dentro de sus límites para luego cobrar regalías. Y Manzano no es el único empresario argentino que apunta a eso. En la lista de aspirantes a jeques se encuentra Daniel Lalín (recordado ex presidente de Racing Club), Gerardo Werthein (accionista del Grupo Werthein, uno de los más antiguos del país) y empresarios amigos del Presidente como Cristóbal López (nuevo rey de los juegos de azar), Lázaro Báez (el enigmático constructor patagónico) y el banquero Enrique Eskenazi (dueño del Banco de Santa Cruz, entre otras entidades).

La suba del precio del crudo, el agotamiento de ese recurso y la avidez del Gobierno por solucionar la crisis energética parece estar creando un renovado club del petróleo muy particular.

Hagan juego. Los nuevos petroleros aparecieron el año pasado, interesados en buscar en tierras que todavía no fueron exploradas. Esas licitaciones fueron organizadas por las provincias, que son las dueñas de los hidrocarburos, como lo establece la Constitución reformada de 1994 y lo reafirma una ley aprobada hace pocos meses.

El primero que se anotó es un empresario del juego que conoce a Néstor Kirchner desde antes que llegara a la Casa Rosada. Cristóbal López tiene llegada directa al Presidente, privilegio reservado para pocos. Nacido en Comodoro Rivadavia, maneja un imperio que abarca desde el aceite de oliva hasta la recolección de residuos. Pero su verdadera fortuna la amasó abriendo casinos en las provincias del sur. En el año 2001 pegó un salto cuando Santa Cruz, gobernada por K, le otorgó tres permisos para centros de juego. Dos años más tarde, la Lotería Nacional kirchnerista lo autorizó a instalar 150 máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Su empresa –Casino Club– suma once salas en todo el país y trascendió que busca asociarse al casino flotante porteño.

Su jugada fuerte con el crudo llegó en el año 2005. Su compañía Oil M&S, que ya prestaba servicios a las petroleras y explotaba el yacimiento chubutense de Cerro Negro Norte, se quedó con 43 áreas de Brasil, en una zona donde son bajas las chances de encontrar oro negro: Río San Francisco y corazón del Amazonas. Fue sólo el principio: en 2006 se presentó a licitaciones en cinco provincias argentinas. Hasta ahora, consiguió en Jáchal (San Juan) y sigue en carrera para el resto de los territorios.

Más amigos. La nueva generación de petroleros es una verdadera caja de sorpresas. Parece que Cristóbal López no es el único amigo del Presidente que entró al jugoso negocio del crudo.

Durante el año pasado, Santa Cruz se sumó a la lista de provincias que ofrecen tierras con posibilidades de encontrar crudo. Entre las empresas que todavía están compitiendo se encontraba Oil M&S, la petrolera de López. Pero también figuraba Inwell SA, que se encarga de prestar servicios a petroleras y que pertenece a familiares de Rafael Fortunato Cambareri, diputado nacional radical por Chubut. En los últimos meses, en el mercado aseguran que habría sido comprada por Enrique Eskenazi, el multibanquero amigo de Néstor Kirchner, que controla el privatizado Banco Santa Cruz. Casualidad o no, el Boletín Oficial chubutense informó –en julio– que se habían realizado cambios en el objeto social de Inwell.

La lista se completa con Lázaro Báez, el empresario patagónico de 50 años que escapa de las fotos y comparte asados en su casa con el Presidente. Su carrera es un enigma: empezó como un simple empleado del banco estatal santacruceño y hoy es mandamás de Austral Construcciones SA, que siempre gana generosas licitaciones de obra pública en Santa Cruz, como la autovía de entrada a Río Gallegos.

En octubre se vinculó con la petrolera Misahar Argentina SA, que explotaba los yacimientos de Mata Magallanes Oeste (Chubut) y otro situado en Formosa. Ese mes, la empresa cambió su domicilio a Pasaje Carabelas 241, la misma dirección porteña donde funciona la constructora de Báez. Mucho antes, en diciembre de 2005, se creó la firma Epsur SA, que también fijó domicilio en ese edificio. Tanto Epsur como Misahar se presentaron a las últimas licitaciones petroleras de la provincia del Presidente.

Nuevos pero viejos. La nueva “burguesía petrolera” también incluye una compañía tradicional de la Argentina. Gerardo Werthein es la cabeza visible del Grupo Werthein, un conjunto de empresas que nació hace varias décadas en la actividad agropecuaria.

Como la mayoría de los holdings empresarios argentinos, los Werthein cultivan ahora un buen vínculo con el kirchnerismo: en su política de nacionalización de la actividad económica, el Gobierno vio con buenos ojos que la familia Werthein se quedara con el 48 por ciento de la privatizada Telecom, al abandonar el país France Telecom.

Desde hace un tiempo, el clan W quiere meterse en otro negocio. A principios de 2006, se anotaron en la licitación para buscar petróleo en Medanitos Sur (La Pampa). No les fue bien: la empresa estatal de energía Enarsa se quedó con la zona porque había ofrecido regalías más altas. En agosto tuvieron una segunda chance en la misma provincia, pero perdieron la zona de Salina Grande con la canadiense Petrolífera. Tienen la intención de seguir insistiendo.

Ayuda pingüina. La Casa Rosada es la principal interesada de que entren nuevos empresarios a esta jugosa industria. ¿Por qué tanto interés? La respuesta es la crisis de energía, el fantasma que amenaza con apagones y con detener el crecimiento de la economía. El petróleo está en alerta roja: según los especialistas, las reservas del país se terminarán dentro de sólo ocho años. A partir de entonces, debería importarse y los precios comenzarían a regirse por el valor internacional del barril, lo que ahora no ocurre para bendición del Indice de Precios al Consumidor que arma el INDEC y que tanto obsesiona al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Para evitar –o mejor dicho, para demorar– ese desastroso escenario, el Gobierno necesita con urgencia que se descubran nuevos yacimientos, una actividad que no les interesa a las grandes petroleras, pero puede ser un buen negocio para las compañías nuevas o más chicas.

Como parte del plan, a fines del año pasado salió una ley que alivia de impuestos a la búsqueda de crudo. Pero dentro de la estrategia oficial, la movida más importante es la presión para que las compañías que son dueñas de tierras vírgenes cumplan con su obligación de buscar hidrocarburos.

A partir de abril de 2006, la Secretaría de Energía comandada por Daniel Cameron, que depende del ministro de Infraestructura Julio De Vido, desempolvó varios incumplimientos y comenzó a enviar intimaciones, con la amenaza velada y no tanto de retirar las concesiones.
En noviembre, la táctica dio resultados: ante la posibilidad de perder activos, la española Repsol-YPF anunció la puesta en venta de 37 áreas petroleras. La oferta no es para despreciar: representan el 4 por ciento de la extracción de la multinacional.

La operación fue recibida con entusiasmo y todavía se están recibiendo ofertas. Pero la Casa Rosada amenaza con ponerse más severa con las petroleras en infracción. “No vamos a permitir que se vendan áreas que recibieron poca inversión”, aseguró esta semana en Berlín el superministro De Vido, que tiene bajo su órbita los temas energéticos y promete mano dura.

Reciclado. La profesión de jeque petrolero no parece fácil, pero hubo otros que tuvieron más suerte. Es el caso de Daniel Lalín, el ex presidente de Racing Club, club del que es hincha Kirchner. En junio de 1998 esa experiencia futbolística terminó mal, con la quiebra de la entidad. Es imborrable la imagen por TV de un redoblante –arrojado por un fana furioso– estallando en su cara.

Ahora, Lalín reaparece como empresario petrolero. Creó una compañía llamada Oxipetrol, que se presentó a licitaciones en las provincias de Salta y Mendoza. Claro que no lo hizo solo: está asociado con JHP, una petrolera multinacional de origen chino, que tiene filiales en Libia y Kazajstán.

Lo curioso es que al ex dirigente deportivo no le fue nada mal. Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, le adjudicó la semana última las zonas de Tartagal oriental y Morillo, con promesas de invertir casi 35 millones de dólares.

A los enemigos, también. Todos los que sueñan con convertirse en magnates petroleros hacen buenas migas con el Gobierno. La excepción parece ser Daniel Vila, dueño de la operadora de cable Supercanal y del Grupo Uno de medios de comunicación. En los últimos días, el accionista de Canal América hizo público su enfrentamiento con la administración K denunciando que lo privan de recibir publicidad del Estado.

El socio incondicional de Vila es José Luis Manzano, el eterno operador del peronismo convertido en militante de los negocios; el mismo que acompañó a Kadafi junior en su gira por Mendoza. La dupla mendocina se lanzó al negocio petrolero con la empresa Ketsal y apostaron todo a las licitaciones en cinco provincias. Además, para competir fuerte, se asociaron con el Grupo Cliveden, con sede en Ginebra. Los resultados les sonríen: consiguieron tres zonas en Chubut y siguen en carrera.

¿Cuántos más jeques tendrá el “emirato” nacional?