Unos 80 hornos, cuyas sustancias generan enfermedades como el cáncer, continúan funcionando aunque ya pasaron dos años de la ratificación del Convenio de Estocolmo, que comprometió a la Argentina a detener la emisión de este tipo de contaminantes. Hasta el momento sólo unas cinco plantas incineradoras fueron cerradas y su uso fue prohibido en 15 municipios.

A dos años de la ratificación del Convenio de Estocolmo, quedan decenas de incineradores y crematorios que el gobierno afirma controlar, pero permanecen abiertos.

Las ciudades de Buenos Aires y Rosario, centros urbanos y semiurbanos de la provincia de San Juan, los municipios de Tres Arroyos y General Pueyrredón en Buenos Aires, Villa Allende y Marcos Juárez en Córdoba y Esquél en Chubut, entre algunos otros, prohibieron la incineración de residuos dentro de su territorio, pero en el resto del país los hornos siguen funcionando.

En diciembre de 2006 el Instituto de Vigilancia Sanitaria francés publicó un estudio que demostró la relación entre la cercanía de las personas con los hornos y su propensión a contraer distintos tipos de cáncer.

Distintas ONGs como la Alianza Global contra la Incineración (GAIA) impulsan la toma de conciencia sobre este tema, pero reclaman que el estado realice estudios epidemiológicos en suelo y sangre de los vecinos afectados y que las plantas se cierren definitivamente, pues afirman que no alcanza con controlarlos.

"En la Argentina hay actualmente alrededor de 60 incineradores de residuos patógenos. Pero puede haber más, y de hecho hay varios hornos de residuos industriales que suman otros 20, junto a muchos hornos precarios en hospitales que por razones obvias no podemos contabilizar", dijo Cecilia Allen, de GAIA.

Los residuos quemados producen sustancias tóxicas como dioxinas y furanos, que contienen cloro, hexaclorobenceno, un probable cancerígeno, así como metales pesados como plomo y mercurio que generan problemas respiratorios, en el sistema nervioso e intoxicaciones.

La Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes, sobre las que advierte el Convenio de Estocolmo, concluyó que la principal fuente de emisión de estas sustancias en el país es la incineración de residuos hospitalarios.

En este sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que prefirió no hacer declaraciones, participa de un proyecto internacional para reducir las emisiones tóxicas de los residuos hospitalarios con el objetivo de crear hospitales modelo donde el manejo de residuos comprenda sólo tecnologías alternativas a la incineración.

No obstante, esta iniciativa contempla sólo los hornos en hospitales, en tanto que sólo se han clausurado cinco plantas incineradoras en los últimos dos años, desde que entró en vigencia el Convenio de Estocolmo, según un relevamiento realizado por GAIA en todo el país.

"No hay estudios epidemiológicos. La política del Estado es controlar y los hornos que cerramos lo logramos gracias a recursos de amparo y recursos económicos propios", explicó Allen.

Cecilia Bianco, coordinadora del área de tóxicos del Taller Ecologista de Rosario, Santa Fe, explicó que los incineradores introducen al organismo "sustancias cuya composición química tiene cloro, lo que por ley estamos comprometidos a evitar".

Estas sustancias se forman en los hornos cuando los residuos son incinerados a 300 o 400 grados. Las dioxionas "pasan los filtros del control de la empresa", señaló Bianco, quien afirmó que "se ha comprobado que tras descender la temperatura, aunque se la lleve a 1000 grados, estas sustancias se vuelven a formar".

Ricardo Ramirez, habitante de Villa Allende, pueblo a unos 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde funcionaba un incinerador 24 horas por día, explicó que un estudio epidemiológico realizado en 2004 comprobó la presencia de hexaclorobenceno en la sangre de varios vecinos y además se hallaron metales pesados en los tanques de agua domiciliarios.

Fuente: Télam