El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió hoy que el incremento salarial reclamado por el gremialismo significará un aumento "muy modesto" en el poder adquisitivo de los trabajadores, porque la suba de precios "licuará" esa mejora.

El organismo, además, exhortó al Gobierno a "mantener el fuerte nivel de crecimiento de la actividad económica y acelerar el proceso de recuperación real de los ingresos de la gente".

"Promover ajustes de salarios del orden del 20 por ciento para este año e intentar reprimir los incrementos de precios a través de controles es una receta condenada al fracaso", advirtió el IDESA en su informe semanal.

A fines de enero último, los máximos representantes de los sindicatos comenzaron una ofensiva para reclamar incrementos en los sueldos.

La demanda salarial del gremio La Fraternidad confirmó la tendencia sindical de reclamar porcentajes de hasta el 30 por ciento, como exige el sindicato de trabajadores de Luz y Fuerza.

Economistas vinculados con las grandes empresas sostuvieron que este año "no hay margen" para aceptar planteos del 19 por ciento, como los aumentos salariales acordados durante el 2006.

Por su parte, el Ejecutivo nacional, según versiones extraoficiales, sugirió un "techo de 16 por ciento" para las negociaciones, al estimar que un incremento mayor puede impactar en forma negativa en los precios.

En tanto, IDESA aseguró que los aumentos salariales son "consistentes" en un entorno de estabilidad de precios.

El instituto apoyó la denuncia de "manipulación del índice de precios" que efectuó la oposición contra la administración kirchnerista, al considerar que el Gobierno apela a esa maniobra porque "la estrategia que se viene aplicando desde la salida de la crisis está agotada".

Consideró que las autoridades nacionales deben apilcar "racionalidad en el diseño de las instituciones económicas y sociales", para evitar que el "crecimiento de precios diluya el efecto real de la mejora" salarial. Según el IDESA, la administración kirchnerista debe "mejorar el funcionamiento del sistema educativo y generar un ambiente propicio para la inversión y la incorporación de tecnología".

También, consideró que el Gobierno tiene que impulsar iniciativas legales que reduzcan "la fuerte carga de imposiciones que recae sobre los trabajadores".